La situación de las finanzas públicas de México es preocupante ya que a la par del nulo crecimiento económico registrado en los primeros tres trimestres de 2019, los ingresos del sector público federal prácticamente están estancados en términos reales. Esto implica un gigantesco reto para las autoridades ya que se requieren recursos para cumplir las promesas de campaña del presidente López Obrador, pero también se requiere mantener la disciplina fiscal para que las calificadoras de riesgo no nos bajen la calificación de nuestra deuda soberana.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos presupuestarios del sector público muestran un incremento en términos reales de apenas 0.3%, al haber pasado de 4.656 billones en los primeros once meses de 2018 a 4.841 billones de pesos en los mismos meses de 2019. Este aumento marginal es producto de que los ingresos petroleros disminuyeron -9.2%, mientras que los no petroleros aumentaron apenas 2.5%.
Si asumimos que el PIB nominal fue de 24.195 billones de pesos en 2019 y también estimamos que al cierre de dicho año los ingresos del sector público cerraron con un aumento real de 0.3% respecto al 2018, podemos anticipar que los ingresos de todo el sector público en dicho año representaron aproximadamente el 21.8% del PIB. Sin embargo, si analizamos lo que representan los ingresos tributarios respecto del PIB, vemos que el porcentaje es de apenas el 13.15%, uno de los porcentajes más bajos de toda América Latina y el más bajo de todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A continuación se presenta un análisis detallado de la evolución de los ingresos tributarios en 2019.
Las cifras de la SHCP muestran que los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron apenas 0.9% en términos reales en el comparativo de los primeros once meses de 2019 respecto de los mismos meses de 2018, ya que pasaron de 2.790 billones de pesos a 2.921 billones de pesos. De esta manera vemos que los ingresos tributarios pasaron de representar el 59.9% de los ingresos totales del sector público en 2018 a ser el 60.3% de éstos en 2019.
Ahora, tenemos que el aumento en términos reales de 0.9% en los ingresos tributarios del gobierno federal es producto de que la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR) retrocedió -1.6%, la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó -3.7%, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) subió 29.7%, la de Impuestos a la Importación (IGI) retrocedió -3.4%, la del Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos (IAEEH) subió 9.2%, mientras que la de otros impuestos cayó -16.5%. Esta evolución es sin duda producto del estancamiento económico, ya que si la economía no crece, no hay forma de que aumente la recaudación por ISR, IVA e IGI.
Entre el 2018 y el 2019 vemos un cambio en la conformación de los ingresos tributarios en México. En los primeros once meses de 2018 la recaudación se dio de la siguiente manera (en paréntesis se indica el porcentaje de lo que representa cada impuesto respecto de la recaudación tributaria total): ISR (53.9%), IVA (30.7%), IEPS (11.2%), IGI (2.1%), IAEEH (0.2%) y otros impuestos (1.9%). En los primeros once meses de 2019 la conformación de la carga tributaria fue de la siguiente manera: ISR (52.5%), IVA (29.3%), IEPS (14.4%), IGI (2.0%), IAEEH (0.2%) y otros impuestos (1.6%). Estas cifras muestran claramente la como el IEPS adquiere cada vez una mayor importancia para las finanzas públicas.
Puesto en pesos nominales, vemos que en el periodo de referencia la recaudación por ISR pasó de 1.503 billones de pesos a 1.533 billones de pesos, mientras que la recaudación por IVA pasó de 856.17 miles de millones de pesos (mmdp) a 855.18 mmdp, pero el mayor aumento lo tenemos en la recaudación por IEPS, la cual pasó de 312.9 mmdp a 421.01 mmdp. Con estas cifras queda claro que el desastre fiscal de México se logró evitar en el 2019 gracias a la recaudación de IEPS, cuyo principal componente es el que se cobra a las gasolinas y al diésel.
La debilidad fiscal de México ha sido bastante documentada y analizada, desde hace muchos años. En el recientemente publicado reporte “Estadísticas de ingresos 2019: Tendencias de los ingresos fiscales en la OCDE” elaborado por dicho organismo multinacional, se presentan datos detallados comparables internacionalmente sobre los ingresos fiscales de los países de la OCDE para todos los niveles de gobierno. La última edición proporciona datos finales sobre ingresos fiscales en 2018 y México destaca por ocupar la última posición.
Los datos de la OCDE muestran que, en promedio, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB (es decir, la relación de recaudación de impuestos respecto del PIB) de los países miembros de dicho organismo internacional fue de 34.3% en 2018, cifra ligeramente superior al 34.2% observado en 2017. El reporte menciona que Francia tuvo la mayor relación impuestos / PIB en 2018 (46.1%). Dinamarca, que tuvo la relación más alta entre impuestos y PIB de los países de la OCDE entre 2002 y 2016, ocupó la segunda relación más alta entre impuestos y PIB en 2018 (44.9%); mientras que México tuvo la proporción más baja de impuestos a PIB (16.1%). Como se puede destacar, este porcentaje es superior al 13.15% mencionado en el tercer párrafo de este análisis.
El estudio de la OCDE hace mención a que la mayor caída en la relación impuestos / PIB entre 2017 y 2018 fue en los Estados Unidos (2.5 puntos porcentuales menos). La disminución en los Estados Unidos se debió a las reformas fiscales implementadas en la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, que redujo la tasa de impuestos corporativos del 38.9% en 2017 al 25.8% en 2018 y también redujo la carga fiscal sobre el ingreso laboral a través de reducciones en el ingreso tasas impositivas y aumentos en la deducción estándar y el crédito tributario por hijos.
¿A qué se debe la debilidad fiscal de México? Hay muchas razones, pero una de las más importantes tiene que ver con lo extendida que esta la economía informal en nuestro país. De acuerdo con cifras de INEGI recientemente publicadas, en 2018 la medición de la Economía Informal mostró que 22.5% del PIB es informal y se genera por 56.7% de la población ocupada en condiciones de informalidad. De esta manera, tenemos que el 77.5% del PIB lo genera el Sector Formal con sólo el 43.3% de la población ocupada. En otras palabras: por cada 100 pesos generados de PIB del país, 78 pesos provienen del 43% de ocupados formales, mientras que 22 pesos corresponden al 57% de ocupados en informalidad.
Cabe señalar que del citado 22.5% de PIB generado por la Economía Informal en 2018, 11.1 puntos corresponden al Sector Informal, es decir, a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios. De igual manera, 11.4 puntos corresponden a las Otras Modalidades de la Informalidad, que refieren a todo trabajo que aún y cuándo labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales).
Aunado a lo anterior, existen otras causas que explican la históricamente baja recaudación fiscal: 1. La falta voluntad política del gobierno para proponer una real reforma tributaria, 2. Una ineficiente administración tributaria (existen grandes niveles de evasión y elusión fiscal), 3. El amparo en materia impositiva ha restado fuerza a la autoridad fiscal, y no en todos los casos beneficia a la mayoría de causantes, 4. La existencia de regímenes o estímulos fiscales especiales a ciertos sectores erosiona la base tributaria, , además de que existía un amplio otorgamiento de facultades discrecionales del Ejecutivo para establecer, mediante decreto, exenciones o condonaciones, 5. La percepción negativa por los ciudadanos del uso y manejo honesto del gasto público, 6. Como se explicó líneas arriba, existe un reducido número de impuestos con el que el Estado mexicano grava a sus ciudadanos (básicamente ISR e IVA aportan el 81.8% de la recaudación tributaria), y 7. Las pocas facilidades administrativas para el cumplimiento de obligaciones tributarias.
No obstante todo lo anterior, y que el dinero no alcanza para realizar un adecuado gasto de inversión física por parte del sector público porque se le ha dado prioridad a algunos programas sociales clientelares, el presidente López Obrador insiste en que no habrá reforma fiscal sino hasta el 2021. Esto implica que seguiremos bajo la lupa de las agencias calificadoras y seguiremos gastando irresponsablemente los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) hasta terminárnoslo. Es así que aunque tengamos indicadores financieros sólidos que hacen pensar a muchos que vamos bien en materia económica, la realidad es que la economía está detenida por alfileres, al menos en el ámbito fiscal.
Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
En Twitter: @alejandrogomezt
Alejandro, iniciando el año con un análisis detallado, muy ilustrativo sobre un tema grave, nuestra economía. Considero que la informalidad es el reflejo de la corrupción en nuestra sociedad. Finalmente, estas actividades están fuera del marco legal y tributario, y todos los que participan en ello son parte de dicha corrupción. Es difícil decirlo, pero en nuestro país, una buena parte del gobierno, los empresarios, los trabajadores, y las personas llegan a participar directamente o indirectamente en dichas actividades. Es un tema de sociedad, no solo del gobierno. Haciendo un cálculo simplificado, suponiendo que dicho sector informal entrara en la informalidad, representarían casi 1/3 más de ingresos tributarios. Pero más que los ingresos tributarios, nuestra sociedad sería mucho más formal y justa en su conjunto. Más apego a la legalidad, más compromiso en la aportación al bien común (al final para eso son los impuestos). Estamos en un círculo vicioso donde cada participante en la informalidad culpa a los demás participantes, y con eso justifica su participación. Por otro lado el aumento de dependencia del IEPS, que en principio es un impuesto extraordinario que se ha usado para compensar los presupuestos denota que es urgente una reforma fiscal integral. Mientras no se mejore la relación entre los impuestos y el PIB, el país no se desarrollará de forma adecuada. Y bueno, tenemos claro que aparte de aumentar dicha relación, es importante que dichos impuestos se inviertan de forma productiva. Porque el otro problema que tenemos es que en los egresos, cada vez se incrementa más la participación de las ayudas asistenciales, que si bien llegan a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios en el corto plazo, en el mediano y largo plazo acabarán deteriorándolo al fomentar una cultura del no esfuerzo. Desafortunadamente, ninguna de las agrupaciones políticas que nos han gobernado a nivel federal en los últimos 20 años realmente ha hecho mucho para mejorar esos 2 puntos (disminuir la informalidad, y aumentar la inversión productiva en lugar de la parte asistencial en los egresos) por el temor de verse castigado en las urnas. Peor aún, no se ve que en el futuro cercano ninguna agrupación política lo vaya a hacer, ya que los partidos de oposición seguramente con el fin de hacerse más competitivos electoralmente igual propondrán medidas asistencialistas. Con las administraciones federales pensaba que realmente teníamos un sector económico fuerte que seguía adelante a pesar de los gobiernos (como en EEUU). Hoy tengo dudas que resista la falta de planificación y acciones precipitadas o erróneas de la presente administración. Pero al final, no podemos derrotarnos y como parte importante de la economía nacional, nuestro sector debe ser un ejemplo de transformación hacia la legalidad y hacia la inversión productiva, lo cual seguramente lo mejorará en el mediano y largo plazo, y por lo tanto contribuirá también a una mejor economía nacional.