La digitalización ofrece grandes beneficios, pero convertirla en la única forma de pago implica enormes riesgos
México necesita avanzar hacia una economía más digital, de eso no hay duda. Un mayor uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otros medios electrónicos puede reducir costos, facilitar operaciones, ampliar el acceso al sistema financiero y dificultar la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Para las pequeñas empresas también puede facilitar el acceso al crédito y ampliar sus posibilidades de venta. Son beneficios importantes de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que avanza en el Congreso.
Sin embargo, se crea un problema cuando los pagos digitales dejan de ser una opción y se vuelven obligatorios. Cuando se apruebe esta iniciativa, la Secretaría de Hacienda podrá determinar los sectores y actividades en los que será la única forma de pago, a pesar de las grandes diferencias que existen en México en conectividad, bancarización e infraestructura tecnológica. También aumenta la dependencia de la electricidad, internet, bancos y sistemas de pagos.
Quiero dejar bien claro que estoy completamente a favor de combatir la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el crimen, pero debemos reconocer que México no tiene las condiciones para eliminar el efectivo en determinadas actividades. Es por ello que la transición hacía un sistema digital debe ser gradual y mantener otras formas de pago.
Una buena idea que puede convertirse en una mala obligación
La iniciativa parte de un hecho. Por una enorme cantidad de razones, México utiliza mucho efectivo. Entre 2021 y 2024, el uso frecuente de billetes y monedas en compras de hasta 500 pesos bajó de 90.1 a 85.2 por ciento, mientras que las transferencias electrónicas y aplicaciones móviles aumentaron de 1.6 a 4.4 por ciento. Aun así, alrededor de 80 por ciento de las transacciones diarias en México se realizan en efectivo.
México cuenta con sistemas robustos como SPEI, CoDi, DiMo, aplicaciones bancarias y tarjetas. El problema ha sido su adopción. CoDi, puesto en operación en 2019, acumulaba a julio de este año 23.2 millones de cuentas validadas, frente a una meta inicial de 37 millones, pero apenas había registrado alrededor de 21.5 millones de transacciones por 20 mil 263 millones de pesos. DiMo, lanzado en 2023 para realizar transferencias con el número telefónico del beneficiario, tenía alrededor de 11 millones de teléfonos vinculados.
Como referencia de lo que puede llegar a ser la digitalización, tenemos al sistema Pix de Brasil, el cual fue lanzado en noviembre de 2020 y en 2025 procesó casi 80 mil millones de transacciones por más de 35 billones de reales. En enero de 2026 tenía más de 170 millones de personas físicas registradas y durante el segundo semestre de 2025 concentró 54.7 por ciento de las transacciones de pago en ese país. La experiencia brasileña muestra que los hábitos pueden cambiar rápidamente cuando el sistema es fácil, confiable, barato y útil.
La iniciativa mexicana busca que los pagos digitales alcancen 50 por ciento del total durante el primer año. Para ello, obliga a los tres órdenes de gobierno a habilitarlos para trámites y servicios públicos, impulsa la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano y facilita la contratación remota de servicios financieros.
También se esperan beneficios para las empresas. Visa reportó que un programa desarrollado con la Secretaría de Economía y otros participantes permitió digitalizar un millón de micro y pequeños negocios. De los establecimientos participantes en Crece tu MiPyme con Pagos Digitales, 68 por ciento reportó mayores ventas durante el mes posterior a adoptar estas tecnologías. Además, cobrar digitalmente permite construir un historial financiero que puede facilitar el acceso al crédito.
Hay que mencionar que los pagos electrónicos también dejan un registro que facilita la fiscalización y puede contribuir al combate al lavado de dinero, la evasión y la corrupción. La evaluación nacional de riesgo de Hacienda clasifica el uso de efectivo como una vulnerabilidad elevada en materia de lavado de dinero. También disminuyen los riesgos de robo y pérdida asociados al manejo de efectivo.
Hasta aquí todo bien.
El problema está en pasar de promover los pagos digitales a hacerlos obligatorios. El artículo 13 permite que Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que serán la única forma de pago. La iniciativa no establece desde ahora cuáles serán todos esos sectores y deja para después las condiciones y plazos de la transición.
Los primeros serían particularmente sensibles. El proceso iniciaría con peajes y compra de combustibles, actividades esenciales para la movilidad de personas y mercancías. La iniciativa contempla que ante una contingencia que imposibilite los pagos digitales pueda utilizarse temporalmente efectivo o cheque. Sin embargo, esto resuelve una falla extraordinaria, no necesariamente el problema de quienes viven o realizan actividades cotidianas en lugares donde la conectividad es deficiente de manera habitual.
México todavía necesita efectivo
Una economía digital depende de electricidad, internet, sistemas bancarios, procesadores de pagos, terminales y telecomunicaciones. El efectivo no. Un billete funciona cuando se cae internet, una terminal pierde conexión o una aplicación bancaria está fuera de servicio. Incluso economías con un uso muy elevado de pagos electrónicos conservan efectivo como respaldo ante interrupciones y emergencias.
En México esto importa especialmente. Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se señaló que Tamaulipas tiene una cobertura de internet de 88 por ciento, mientras Chiapas no llega a 58 por ciento. De aproximadamente 13 mil gasolineras, 55 carecen de conexión. Si la compra de combustible será una de las primeras actividades sujetas a pagos exclusivamente digitales, no puede suponerse que todo el país tiene la infraestructura necesaria.
La digitalización puede ampliar la inclusión financiera, pero hacerla obligatoria también puede excluir. Adultos mayores, habitantes de comunidades rurales, personas sin teléfono inteligente o con poco acceso a internet pueden enfrentar dificultades para realizar operaciones que hoy pueden pagar en efectivo. La inclusión financiera debe ampliar opciones, no reducirlas.
El problema adquiere mayor relevancia si se considera que 41 de cada 100 hogares reciben algún apoyo del gobierno. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, incluso ha propuesto limitar la cantidad de efectivo que los beneficiarios de programas sociales pueden retirar. No se trata de una disposición incluida en la iniciativa, pero muestra hasta dónde podría avanzar la discusión sobre la reducción del uso de efectivo.
También hay un costo para las empresas. Durante la discusión en la Cámara de Diputados también se señaló que el promedio de comisión cobrado por parte de la banca a los comercios durante el primer trimestre fue de 1.82 por ciento para tarjetas de débito y 2.15 por ciento para tarjetas de crédito. En plataformas de fintechs como Mercado Pago, Clip y Square se mencionaron costos de entre 3.29 y 3.30 por ciento. La iniciativa no fija límites a estas comisiones. Esto implica que si determinadas actividades están obligadas a cobrar digitalmente, el empresario tendrá que absorber ese costo o trasladar una parte al consumidor. Además, al convertirse el cobro digital en una obligación y no existir límites a las comisiones, bancos y fintechs podrían tener mayor margen para incrementarlas, sabiendo que los comercios ya no tendrían la alternativa de cobrar en efectivo.
Hay además un problema de dependencia. El efectivo permite realizar una transacción directamente entre comprador y vendedor. En un pago digital necesariamente intervienen bancos, redes de tarjetas, plataformas de pago o empresas de telecomunicaciones. Si el pago digital se vuelve obligatorio, estos intermediarios pasan a formar parte indispensable de operaciones que antes podían realizarse sin ellos.
La mayor trazabilidad también tiene implicaciones fiscales. Diversos especialistas han advertido que una operación digital no necesariamente representa un ingreso acumulable. Una cuenta puede recibir préstamos, aportaciones de socios, transferencias entre cuentas propias o devoluciones. Por ello, el sector fiscalista del país ha pedido evitar que los movimientos digitales generen presunciones automáticas por parte del SAT. La autoridad ya puede fiscalizar las cuentas bancarias. Lo que debe evitarse es tratar cualquier depósito como si fuera un ingreso.
A esto se suma un tema por demás importante: la privacidad. El efectivo permite realizar una operación sin generar un registro automático de quién compró, qué compró, dónde, cuándo y por cuánto. Los pagos digitales dejan esa información registrada. Puede utilizarse para prevenir fraudes, aclarar operaciones o perseguir delitos, pero también puede quedar expuesta a filtraciones, robo de identidad y ciberataques. Durante la discusión legislativa se advirtió que la iniciativa no establece reglas suficientemente claras frente a estos riesgos.
La digitalización también concentra vulnerabilidades. Una falla en un procesador de pagos, una red bancaria o un sistema de telecomunicaciones puede afectar simultáneamente a miles o millones de usuarios. La propia iniciativa reconoce este riesgo y establece que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos o digitales, podrá aceptarse temporalmente efectivo o cheque. Es una previsión acertada, aunque confirma algo importante para esta discusión. Incluso en un sistema que pretende reducir drásticamente su utilización, el efectivo sigue siendo necesario como mecanismo de respaldo.
No hay que imaginar escenarios extremos para entenderlo. En abril de 2025, el gran apagón que afectó a España y Portugal dejó durante horas a comercios sin posibilidad de procesar pagos con tarjeta. En México también hemos tenido experiencias similares. En septiembre de 2025, una falla eléctrica afectó a más de 2.2 millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Precisamente para situaciones de este tipo la iniciativa contempla la posibilidad de volver temporalmente al efectivo. El problema es distinto cuando la falta de conectividad no es una contingencia temporal, sino una condición habitual de determinadas comunidades. La propia ley establece que las contingencias no podrán utilizarse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones de pago digital.
Hay además una cuestión jurídica que debe aclararse. El artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que los billetes emitidos por el Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado. ¿Cómo se concilia entonces esa disposición con una ley que permitiría a Hacienda determinar actividades en las que el efectivo ya no podría utilizarse como medio de pago? Si tengo pesos emitidos por el Banco de México, pero no puedo utilizarlos para pagar gasolina, una caseta u otra actividad que la autoridad determine, cabe preguntarse qué alcance tiene en esos casos su poder liberatorio. No necesariamente significa que exista una contradicción jurídica, pero es un punto que debe quedar perfectamente resuelto antes de establecer pagos exclusivamente digitales.
Conclusiones
México no tiene que escoger entre efectivo y pagos digitales. Ambos pueden convivir mientras aumentan la conectividad, la bancarización y el uso de las nuevas tecnologías. Los pagos electrónicos ofrecen rapidez y comodidad. El efectivo conserva su utilidad como respaldo ante fallas y como una forma de pago que no depende de infraestructura tecnológica.
La Ley de Economía Digital tiene ventajas. Puede ayudar a formalizar negocios, generar historiales financieros, ampliar el acceso al crédito y combatir la evasión, la corrupción y el lavado de dinero. México debe avanzar en esa dirección.
Pero digitalizar no debe significar obligar. Persisten grandes brechas de conectividad y bancarización, además de costos, riesgos de ciberseguridad, problemas de privacidad y cuestiones jurídicas que deben resolverse. Una política de pagos también debe funcionar cuando falla la electricidad, se cae internet o una plataforma bancaria deja de operar.
México debe avanzar gradualmente y conservar alternativas. Facilitar los pagos digitales, simplificar la apertura de cuentas y acercar estas herramientas a pequeños negocios es positivo. Distinto es permitir que determinadas actividades sólo puedan pagarse digitalmente cuando una parte del país todavía no tiene las condiciones para ello. Estamos a favor de la legalidad y del combate a la corrupción, la evasión y el crimen, pero la transición debe hacerse conforme a las condiciones reales de México.
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Alejandro Gómez Tamez
Director General de GAEAP
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