El coronavirus está destruyendo las economías de todo el mundo, pero el daño está resultando particularmente mayor en México, un país que ya estaba en una situación recesiva desde antes de que llegara el golpe de la pandemia, registrando una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) de -0.1% y una contracción de -1.8% en su actividad industrial en 2019.

Múltiples analistas han manifestado su preocupación sobre la solidez fiscal de nuestro país. El 15 de abril, la agencia calificadora de deuda, Fitch Ratings, rebajó la deuda soberana del país al nivel de BBB-, el nivel más bajo dentro de la categoría de “grado de inversión”, apenas por encima de la categoría de bonos basura. La agencia de calificación citó como causas de esta baja al shock económico representado por la pandemia de coronavirus, que conducirá a una recesión severa en México en 2020, así como a una gobernanza relativamente débil y las intervenciones políticas ad hoc del gobierno. Por su parte, la calificadora Moody’s hizo lo propio el 17 de abril, y rebajó la calificación de México a Baa1, y citó entre las causas del ajuste a un menor potencial de crecimiento, el cambio de la administración en el modelo de negocios del sector energético, y las decisiones de política económica durante el último año que han menguado la confianza empresarial y las perspectivas de inversión.

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La recesión que sufrirá México este año será brutal y el impacto en el empleo y la recaudación fiscal serán muy duras, como veremos más adelante. Y es que ya han pasado casi tres semanas desde que el lunes 30 de marzo, el gobierno federal declaró que el país entró en una emergencia sanitaria por el brote del COVID-19 y, junto con ello, anunció el endurecimiento de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el objetivo de combatir el “ascenso rápido” en la cantidad de casos. El Decreto Presidencial con la declaratoria de emergencia sanitaria conllevó la “suspensión inmediata de actividades no esenciales” y “en los sectores esenciales, no realizar reuniones de más de 50 personas”.

El resultado de esta declaración de emergencia es que buena parte de la actividad económica nacional se encuentra paralizada, y sólo hay unos cuantos sectores económicos calificados como “esenciales”, trabajando con cierta “normalidad”; mientras que otras actividades luchan por sobrevivir, laborando a puerta cerrada, casi en la clandestinidad, a una capacidad mínima respecto a su potencial, esperando que no llegue físicamente la autoridad federal a obligarlos a cerrar o les imponga una multa.

De acuerdo con la firma Deloitte Latinoamérica, el COVID-19 ha tenido un impacto en los mercados financieros a nivel global y prácticamente todos los empresarios están enfrentando retos mayúsculos asociados con los impactos económicos derivados de los esfuerzos a enfrentar la pandemia. Ejemplos de dichos retos incluyen a los siguientes: 1. Interrupciones en la producción; 2. Interrupciones en la cadena de suministro; 3. Falta de disponibilidad de personal; 4. Reducciones en ventas, ingresos o productividad; 5. Cierre de instalaciones y tiendas; 6. Retrasos en los planes de expansión de negocios; 7. Incapacidad para obtener y aumentar el financiamiento; 8. Volatilidad en los mercados financieros, impactando el valor de los títulos de capital, deuda, los tipos de cambio y las tasas de interés; 9. Reducción del turismo, cancelación de viajes vacacionales y actividades deportivas, actividades culturales y otras actividades recreativas; 10. Falta de liquidez en los negocios; 11. Cambios en el uso de seguros para la organización; y 12. Cambios en el comportamiento de las tasas de pérdidas.

Deloitte Covid19

Deloitte también identifica a las ramas de actividad de más alta exposición, y entre ellas ubica a: Industria de la moda (vestido y calzado); Fabricación automotriz; Proveedor automotriz; Bienes de consumo duradero; Juegos de azar; Alojamiento/Recreación y turismo (línea de cruceros); Aerolíneas; Venta minorista (No alimentos); Transporte marítimo; y Espectáculos públicos.

La negativa del gobierno del presidente López Obrador a dar facilidades para el pago de impuestos federales, así como  a proporcionar a las empresas privadas un paquete de estímulos (medidas que Estados Unidos adoptó desde el mes pasado), ha exacerbado los ánimos de los empresarios y ha aumentado la creciente brecha de entendimiento entre el gobierno federal y la comunidad empresarial.

En este contexto de abandono por parte del gobierno federal, es que preocupa demasiado que la quiebra o cierre definitivo de empresas va en aumento por la propia estructura productiva del país. De acuerdo con datos hechos públicos el pasado miércoles 15 de abril, por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), en nuestro país hay 4.773 millones de empresas, de las cuales el 95% son microempresas que cuentan con 2 a 10 empleados, el 3.94% son pequeñas empresas que tienen de 11 a 50 empleados, el 0.83% son empresas medianas con 51 a 250 trabajadores y solamente el 0.22% son consideradas grandes con más de 251 empleados. Esto es muy relevante porque la mayoría de las micro y pequeñas empresas “viven al día” y la inactividad económica prolongada, y la alta prevalencia de la economía informal, tienen el potencial de provocar que una enorme cantidad de estas empresas desaparezca, al no generar ingresos y si tener el compromiso de seguir pagando la nómina de los trabajadores, al igual que muchos de sus otros costos fijos.

Dada la falta de medidas de apoyo concretas por parte del gobierno federal para mitigar el costo de la crisis en las micro, pequeñas y medianas empresas, es que diversos analistas tienen estimaciones sombrías para el desempeño del PIB de México en el presente año. Al día de hoy el Banco Mundial estima que en 2020 nuestro PIB caerá -6.00%, el Banco suizo UBS estima una contracción  de -7.60%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus Precriterios Generales de Política Económica estima que el PIB estará en un rango de entre 0.1% a -3.9%, Ducker Frontier pronostica una caída de -9.50%, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una contracción de -6.60%, el Bank of America estima caída de -8.00%, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronostica que caerá -5.30%, y así una larga lista de agencias que visualizan un escenario muy complicado.

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En GAEAP estimamos que en 2020 el PIB caerá -8.0% en términos reales y que con un tipo de cambio promedio de 22.40 pesos por dólar, nuestro PIB en dólares bajará de 1.258 billones en 2019 a 1.033 billones en 2020. Lo anterior traerá aparejado un incremento de la Tasa de Desocupación al 7.0%, desde el 3.5% observado en 2019. Al cierre de este año se habrán perdido el 10% de los empleos registrados en el IMSS al pasar de 20.5 millones en 2019 a 18.4 millones en 2020.También esperamos que la masa salarial total se contraiga -4.0% en términos reales en el 2020.

Pero más allá de estas estimaciones macroeconómicas que parecen lejanas, es pertinente hacer mención de lo que ya están sufriendo las empresas de dos importantes sectores económicos: textil y calzado.

De acuerdo con una encuesta realizada en la tercera semana de abril, por parte de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), el 47.4% de las empresas de la industria textil están completamente paradas, mientras que el 21.0% trabajan en un rango del 0% al 25% de su capacidad. Por su parte, el 68.4% de las empresas encuestadas mencionan que sus ventas cayeron entre un 81 y 100%. Este escenario hace que el 52.6% de los empresarios anticipen que el balance del 2020 sea una caída de ventas de entre el 21 y 40%, aunque el 31.6% estima que el balance anual será de una caída de entre el 61% y 80%. En la misma encuesta se hace mención a que el 16.7% de las empresas reporta un aumento de su cartera vencida de entre el 81 y el 100%, mientras que el 38.9% de las empresas han visto aumentar su cartera vencida en un rango de entre el 61 y 80%.

Ahora, en cuanto a la encuesta realizada por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la cual se levantó entre el 15 y 16 de abril, tenemos que el 70.37% de las empresas encuestadas registra caídas de entre el 81 y 100% de sus ventas. El 64.20% de las empresas encuestadas registró una caída en su nivel de producción de entre el 91 y el 100%, mientras que el 9.88% registra una caída en su producción de entre el 81 y el 90%. De manera solidaria, el 69.1% de las empresas encuestadas ha conservado a más del 70% de su plantilla laboral. Finalmente, el 61.72% de los encuestados señala que su cobranza ha caído entre el 81 y el 100%.

Los daños a las empresas ahí están, son  evidentes. Es así que es urgente que se tomen medidas reales para salvar los empleos y las fuentes de ingreso de miles de familias mexicanas. La falta de acción por parte del gobierno federal ya provocó que nos bajaran la calificación de la deuda y eso trae aparejados otros costos. La iniciativa privada mexicana, a través del Consejo Coordinador Empresarial propuso un decálogo de acciones para rescatar la economía del país, y el gobierno federal les “cerró la puerta”. Es importante que surjan más personajes que alcen la voz e insistan hasta que el gobierno escuche que esta equivocado y nos lleva por el sendero equivocado, a uno de mayor pobreza y subdesarrollo.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

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