El gobierno apuesta por una recaudación histórica y más deuda, mientras aumenta los costos de las empresas y deja de lado el crecimiento económico.
El Paquete Económico 2027 deja claro que el gobierno federal está más preocupado por recaudar que por impulsar el crecimiento económico. Mientras la economía mexicana sigue creciendo muy poco y las empresas enfrentan mayores costos laborales, fiscales y operativos, la Secretaría de Hacienda impone nuevas restricciones a las deducciones, cambios en materia aduanera y recortes a determinados beneficios fiscales. Al mismo tiempo, pretende alcanzar una recaudación tributaria histórica y seguir aumentando la deuda pública. Todo esto ocurre cuando la inversión sigue débil, las empresas enfrentan dificultades para competir y México necesita generar más empleos formales y mejor remunerados.
El gobierno insiste en que no habrá nuevos impuestos y que el presupuesto es responsable. Pero una cosa es no crear impuestos y otra muy distinta es cambiar las reglas para que las empresas terminen pagando más. Las propias cifras de Hacienda muestran que la deuda pública seguirá creciendo, aun cuando el gobierno espera alcanzar una recaudación tributaria histórica. A esto se suma que las proyecciones oficiales de crecimiento económico, inflación y tasas de interés parecen demasiado optimistas frente a las condiciones actuales. Para 2026, si bien nos va, la economía crecerá alrededor de 1.5%, y el Paquete Económico 2027 no contempla medidas suficientes para impulsar la inversión y lograr un mayor crecimiento.
Un gobierno que necesita recaudar más, pero que no ofrece condiciones para producir e invertir
El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habría nuevos impuestos, gasolinazos ni mayor endeudamiento. Explicó que los ingresos adicionales provendrían del combate a la evasión fiscal y que se mantendrían los programas sociales. Sin embargo, las cifras y los cambios fiscales propuestos muestran que las empresas tendrán que pagar más impuestos y que la deuda pública seguirá creciendo.
Hacienda estima ingresos presupuestarios por 9.16 billones de pesos para 2027, un aumento real de 3.9% respecto al cierre previsto para 2026. Los ingresos tributarios alcanzarían 6.3 billones de pesos, equivalentes a 15.9% del PIB, un máximo histórico. Para lograrlo, el gobierno espera aumentar la recaudación 5.9% real, sin crear nuevos impuestos ni elevar las tasas generales. Así, los impuestos representarían 68.4% de los ingresos presupuestarios, frente a 67% en 2026. Del total recaudado por impuestos, 52.5% provendría del ISR y 28.2% del IVA.
El problema es que la economía no está creciendo lo suficiente para sostener estas expectativas. Hacienda proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5% para 2027, mientras que Monex estima 1.8% y Banamex 1.7%. A esto se suman la incertidumbre por la revisión del T-MEC, los aranceles estadounidenses, la debilidad de la inversión y el bajo crecimiento del consumo. Con estas condiciones, resulta difícil esperar que se cumplan las metas de recaudación.
México Evalúa advierte que, si la economía crece 2%, la recaudación aumentaría aproximadamente en esa misma proporción sin modificar la carga tributaria. Por lo tanto, de los 5.9 puntos porcentuales de crecimiento real esperado en los ingresos tributarios, alrededor de dos puntos provendrían del crecimiento económico y los otros 3.9 dependerían de los cambios fiscales. Es una meta difícil de alcanzar, especialmente cuando durante 2026 la recaudación se estancó pese a la recuperación de la actividad económica.
Uno de los cambios más preocupantes es la reforma al ISR aprobada por la Cámara de Diputados, que establece límites a las deducciones de las personas morales con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos. Se propone que las deducciones no excedan 96.7% de los ingresos acumulables o 99% de las deducciones autorizadas, conforme a las reglas planteadas. El problema es que estos límites se relacionan con los ingresos y no necesariamente con las utilidades de las empresas.
Esto afecta especialmente a negocios que trabajan con márgenes de utilidad reducidos. Una empresa puede tener ventas elevadas, pero después de pagar materias primas, salarios, energía, transporte y otros gastos, obtener ganancias pequeñas. Si se limitan sus deducciones, terminaría pagando impuestos sobre una base superior a su utilidad real. México Evalúa advierte que algunas empresas incluso podrían pagar más impuestos de lo que ganan. Estamos hablando de negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero que resultarán perjudicados por su estructura de costos.
La industria automotriz también ha advertido sobre las consecuencias para la inversión. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha señalado que limitar las deducciones afecta las inversiones en maquinaria, equipo e instalaciones. Una empresa que invierte para ampliar su capacidad productiva podría alcanzar rápidamente los límites establecidos y pagar más impuestos antes de que esa inversión genere ingresos. Esto desincentiva la inversión en un momento en que México necesita impulsarla.
El Paquete también modifica el Régimen Simplificado de Confianza. Para personas físicas, el límite de ingresos aumenta de 3.5 a 5 millones de pesos y para personas morales pasa de 35 a 50 millones. Además, se plantea que estas últimas puedan optar por el régimen y pagar el IVA mediante una tasa de 7% sobre las ventas cobradas. Aunque estas medidas benefician a determinados contribuyentes, también pueden desincentivar que las empresas crezcan, ya que superar ciertos niveles de ingresos implicaría perder beneficios y enfrentar mayores restricciones fiscales.
En materia aduanera también vienen cambios importantes y positivos para combatir el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías, prácticas que durante años han perjudicado a la industria nacional, especialmente a sectores como el calzado, textil y vestido. La reforma aprobada en la Cámara de Diputados elimina el umbral de 50% que actualmente se utiliza para determinar posibles casos de subvaluación. Con las nuevas disposiciones, la autoridad podría embargar mercancías cuando considere que el valor declarado es inferior al correspondiente, sin necesidad de alcanzar ese diferencial. Esta medida es necesaria para combatir las importaciones que ingresan al país declarando valores artificialmente bajos, evaden contribuciones y compiten deslealmente con las empresas mexicanas que cumplen con la ley. Sin embargo, también deben existir criterios claros y procedimientos ágiles para evitar afectaciones a quienes importan legalmente, ya que un embargo que tarde meses en resolverse puede detener la producción y provocar pérdidas importantes. Lo fundamental es que la autoridad actúe con firmeza contra las operaciones irregulares, sin perjudicar a las empresas que cumplen con sus obligaciones aduaneras.
El autotransporte de carga también enfrenta cambios fiscales. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) rechazó la modificación aprobada por la Cámara de Diputados que restringe el estímulo fiscal que permite acreditar hasta 50% de los gastos por el uso de autopistas de cuota. La medida reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio. Augusto Ramos, presidente de Canacar, advirtió que numerosas empresas quedarían excluidas, a pesar de enfrentar elevados costos operativos. El organismo pidió mantener el límite actual o permitir que el estímulo se aplique proporcionalmente hasta los 250 millones de pesos.
El problema es que los transportistas enfrentan inseguridad carretera, infraestructura deteriorada y mayores gastos en combustibles, mantenimiento, seguros, peajes y renovación de unidades. Reducirles los beneficios fiscales aumentaría sus costos, que podrían trasladarse a las tarifas de transporte y posteriormente a los precios de los productos. Al final, las consecuencias de este ajuste lo pagarán los consumidores.
Más allá de los cambios fiscales, no debemos olvidar que en materia laboral, las empresas enfrentan nuevas obligaciones por la reducción gradual de la jornada hasta llegar a 40 horas en 2030. Esto les exige reorganizar turnos, contratar más personal en algunos casos y recurrir a horas extras. Además, a partir del 1 de enero de 2027 será obligatorio el registro electrónico de las jornadas laborales, lo que implica inversiones en tecnología y mayores responsabilidades administrativas. Las industrias manufacturera, alimentaria, avícola y ganadera enfrentan dificultades particulares porque necesitan mantener operaciones continuas.
Más deuda, mayores intereses y un presupuesto que compromete el crecimiento futuro
Otro problema del Paquete Económico 2027 es el aumento de la deuda pública. Hacienda proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda, pase de 54% del PIB al cierre de 2026 a 55% en 2027. La deuda interna del gobierno federal aumentaría de 10.55 billones de pesos en 2018 a 21.66 billones en 2027. Prácticamente el doble en nueve años.
Para 2027 se autorizó un techo de endeudamiento interno neto de 1.7 billones de pesos y uno externo de 13,500 millones de dólares. También se aprobaron límites de endeudamiento para Pemex por 160,600 millones de pesos y 5,259.4 millones de dólares, y para la CFE por 16,700 millones de pesos y 725 millones de dólares. Estos montos representan los límites máximos de endeudamiento permitidos, no necesariamente la deuda que se contratará en su totalidad, pero muestran las elevadas necesidades de financiamiento del sector público.
Para 2027 se aprobó un déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público equivalente a 3.9% del PIB, unos 1.56 billones de pesos. México Evalúa calcula que para estabilizar y reducir la deuda sería necesario un déficit de aproximadamente 2.5% del PIB. Esto significa que el déficit aprobado es 57% mayor al requerido para reducir el endeudamiento como proporción de la economía.
Las propias proyecciones oficiales indican que la deuda seguirá aumentando hasta alcanzar 56.4% del PIB al cierre del sexenio. México Evalúa estima que en 2027 equivaldrá a unos 160,000 pesos por habitante, 11,000 pesos más que al cierre de 2025. El organismo también cuestiona el cumplimiento del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los ingresos y gastos propuestos deben contribuir a mantener estable o reducir la deuda como proporción del PIB.
A esto se suma el problema de las tasas de interés. En Estados Unidos las tasas han aumentado, mientras que Hacienda supone que la tasa de referencia de México cerrará 2027 en 6%. Si las tasas estadounidenses siguen subiendo, el Banco de México podría tener dificultades para continuar reduciendo la suya e incluso verse obligado a aumentarla, dependiendo del comportamiento de la inflación y del tipo de cambio. Esto encarecería el financiamiento del gobierno, de las empresas y de las familias.
También parece demasiado optimista el supuesto de inflación de Hacienda, que prevé una tasa de 3% para diciembre de 2027, mientras que Monex estima 4% y Banamex 3.9%. Una inflación superior a la prevista limitaría las posibilidades de reducir las tasas de interés. Además, persisten riesgos relacionados con los precios del petróleo, los conflictos geopolíticos y las afectaciones climáticas sobre la producción agropecuaria. Si la inflación y las tasas de interés resultan mayores a las previstas, el costo financiero de la deuda podría superar lo presupuestado.
El problema de pagar tantos intereses es que quedan menos recursos para infraestructura, salud, educación y otras necesidades. México Evalúa calcula que de cada 100 pesos del gasto público de 2027, 39 se destinarán a pensiones y al costo financiero de la deuda, mientras que solamente 35 pesos financiarán desarrollo humano y crecimiento económico. Es decir, el gobierno destinará más recursos a pagar compromisos acumulados que a financiar actividades que podrían mejorar las condiciones económicas del país.
Para 2027 se contempla una inversión física de 1.03 billones de pesos, un aumento real de 3.5% respecto a lo aprobado para 2026. Sin embargo, el gobierno incumple la llamada regla de oro de las finanzas públicas, según la cual el endeudamiento debería destinarse a financiar inversión productiva y no gasto corriente. México Evalúa calcula que por cada peso de déficit, la inversión física equivale a solamente 66 centavos. Esto significa que el gobierno seguirá endeudándose por un monto considerablemente mayor al que destinará a infraestructura, comprometiendo recursos futuros sin generar una inversión equivalente que contribuya al crecimiento económico.
El aumento de la deuda también preocupa por sus posibles consecuencias sobre la calificación crediticia de México. Banamex considera que el país podría conservar el grado de inversión aun sin una reforma fiscal, aunque estima que la deuda bruta alcanzaría 60% del PIB hacia 2029. El problema es que, conforme aumenta el endeudamiento, se reduce la capacidad del gobierno para enfrentar un crecimiento menor al esperado, mayores tasas de interés u otros problemas económicos.
Mientras tanto, seguimos sin una política económica que realmente impulse la inversión privada. Las empresas necesitan seguridad, energía suficiente y a precios competitivos, agua, infraestructura, certidumbre fiscal y reglas claras. También se requiere combatir la informalidad y lograr que quienes actualmente evaden impuestos cumplan con sus obligaciones. El gobierno debería concentrarse en resolver estos problemas, en lugar de seguir aumentando las cargas fiscales y administrativas de las empresas que ya cumplen.
A todo esto se suma la incertidumbre por la revisión del T-MEC y los aranceles que enfrentan diversos productos mexicanos en Estados Unidos. Las empresas necesitan condiciones que les permitan competir, invertir y generar empleos. Sin embargo, el gobierno les aumenta los costos fiscales y laborales sin ofrecer mejoras equivalentes en infraestructura, seguridad o productividad. México tiene enormes oportunidades por su integración económica con Estados Unidos, pero no podrá aprovecharlas si continúa encareciendo los costos de las empresas que producen en nuestro país.
Conclusiones
El Paquete Económico 2027 privilegia la recaudación sobre el crecimiento económico. Combatir la evasión fiscal, la subvaluación aduanera y mejorar las condiciones laborales son objetivos necesarios, pero las medidas propuestas también perjudican a empresas que cumplen con la ley, invierten y generan empleos. El gobierno pretende cobrarles más impuestos y aumentar sus obligaciones sin atender los problemas de productividad y competitividad que enfrentan. En lugar de facilitar la actividad empresarial, termina encareciéndola.
Tampoco podemos hablar de finanzas públicas sanas cuando la deuda sigue creciendo y una parte importante del presupuesto se destina al pago de pensiones e intereses. Si la economía crece menos de lo previsto o las tasas de interés aumentan, el gobierno tendrá mayores dificultades para cumplir sus metas fiscales. Esto dejaría menos recursos para infraestructura y servicios públicos, además de encarecer el financiamiento para empresas y familias. El riesgo es que México termine con más deuda, mayores impuestos y prácticamente el mismo crecimiento económico.
México no puede seguir conformándose con crecer alrededor de 1.5% anual. Necesitamos recuperar la inversión, elevar la productividad y generar más empleos formales, pero el Paquete Económico 2027 no plantea una estrategia convincente para lograrlo. El gobierno debería preocuparse menos por alcanzar récords de recaudación y más por crear las condiciones para que las empresas produzcan, inviertan y crezcan. De poco sirve presumir mayores ingresos tributarios si la economía sigue estancada y el endeudamiento continúa aumentando.
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Alejandro Gómez Tamez
Director General de GAEAP
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