La rebaja de Moody’s y la advertencia de S&P confirman que el problema no es de percepción: México atado de manos, se endeuda más y crece menos
México acaba de recibir una nueva advertencia de los mercados internacionales. Primero fue Standard & Poor’s, que mantuvo la calificación soberana en “BBB”, pero cambió la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa. Ahora fue Moody’s, que recortó la calificación de México de “Baa2” a “Baa3”, dejándola apenas un escalón por encima del grado especulativo. En términos simples podemos decir que México todavía conserva el grado de inversión en su deuda soberana, pero está caminando demasiado cerca de la línea roja.
Estos ajustes no son tecnicismos reservados para especialistas financieros. Las calificadoras nos están diciendo que México tiene menor fortaleza fiscal que antes, menor libertad presupuestaria, menor crecimiento económico y una carga cada vez más pesada asociada al servicio de la deuda, Pemex, CFE, pensiones y gasto social rígido. Desde GAEAP ya habíamos advertido esta situación: el problema fiscal de México no apareció de la noche a la mañana, sino que se fue acumulando durante los últimos ocho años bajo una combinación peligrosa de bajo crecimiento, mayor endeudamiento, deterioro de la inversión pública productiva y una política económica que ha privilegiado el gasto redistributivo electorero de corto plazo sobre la expansión de la capacidad productiva del país.
El discurso de la Secretaría de Hacienda insiste en que las finanzas públicas están bajo control. Pero los datos dicen otra cosa. Es verdad que México no enfrenta una crisis fiscal inmediata, pero sí hay evidencia de que vamos por una trayectoria de deterioro gradual que, si no se corrige, puede convertirse en un problema mucho más costoso para empresarios, hogares y gobiernos futuros.
El deterioro que ya no puede ocultarse: deuda, déficits y rigidez presupuestaria
La rebaja de Moody’s confirma lo que S&P ya había señalado: México tiene un problema fiscal estructural. Moody’s justificó su decisión por el debilitamiento sostenido de la solidez fiscal, el gasto rígido, la limitada base de ingresos y el apoyo continuo a Pemex. En otras palabras, el gobierno tiene demasiados compromisos permanentes, ingresos insuficientes y una economía que no crece lo necesario para generar los ingresos públicos capaces de estabilizar la proporción de deuda a PIB de manera sana.
La magnitud del deterioro se entiende mejor con cifras. En 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaba en 10.55 billones de pesos. Para 2024 ya había subido a 17.43 billones. En 2025 alcanzó 18.9 billones y, de acuerdo con los precriterios de política económica, llegaría a 20.42 billones en 2026 y a 21.85 billones en 2027. Esto implica que entre 2018 y 2027 la deuda pública mexicana aumentaría alrededor de 11.3 billones de pesos. Prácticamente se duplicaría en menos de una década.
El problema no es solamente que la deuda suba. El problema es que sube mientras la economía permanece estancada. México creció apenas 1.1% en 2024, 0.8% en 2025 y sólo 0.2% anual en el primer trimestre de 2026. Moody’s redujo su expectativa de crecimiento para este año a menos de 1%, mientras que la Encuesta Citi ubica la mediana del crecimiento esperado para 2026 en apenas 1.1%, con un rango que va de 0.5% a 1.5%. Para 2027, el consenso espera 1.8%. Es decir, no estamos ante una economía con dinamismo suficiente para sostener más deuda sin consecuencias.
El costo financiero ya refleja esta presión. En el año 2000, el pago de intereses del sector público presupuestario fue de aproximadamente 201 mil millones de pesos. Para 2018 ya ascendía a 615 mil millones. En 2024 superó 1.15 billones, en 2025 se estima en 1.29 billones y para 2026 alcanzaría cerca de 1.57 billones de pesos. Esto significa que el costo financiero de la deuda más que se duplicó desde 2018 y prácticamente se multiplicó por ocho desde el año 2000.
La implicación es enorme: en 2026 el costo financiero representaría cerca de 4.1% del PIB y alrededor de 18% de los ingresos presupuestarios. Casi uno de cada cinco pesos que ingresen al gobierno se iría sólo al pago de intereses. No a infraestructura, no a seguridad, no a salud, no a carreteras, no a energía productiva, no a educación técnica, no a inversión pública estratégica. Sólo a pagar el costo de la deuda acumulada.
Aquí aparece el concepto clave: rigidez fiscal. El presupuesto mexicano está cada vez más amarrado. Entre pensiones contributivas, pensiones del Bienestar, programas sociales, costo financiero, transferencias a Pemex y CFE, participaciones federales y gasto corriente, el gobierno tiene menos espacio para corregir el rumbo. Y cuando intenta hacer consolidación fiscal, el ajuste termina cayendo sobre uno de los rubros más dañinos de recortar: la inversión pública.
Hacienda ha planteado reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 5.8% del PIB en 2024 a 4.9% en 2025, 4.1% en 2026 y 3.5% en 2027. En el papel suena razonable. El problema es cómo se logra. En la práctica, la consolidación fiscal se está apoyando en recortes de gasto, incluyendo inversión física pública, justo cuando la economía necesita más infraestructura, energía, agua, logística, conectividad y capacidad productiva. En el primer trimestre de 2026 se reportó un gasto 252 mil millones de pesos menor a lo programado, mientras que los ingresos públicos quedaron 79,509 millones por debajo de lo esperado.
Eso es fiscalmente preocupante porque el gobierno quiere reducir el déficit, pero la economía débil reduce ingresos, y para cumplir metas se recorta gasto. Si ese recorte pega a inversión pública, el resultado es menor crecimiento futuro. Y si hay menor crecimiento futuro, también hay menor recaudación. Es un círculo vicioso.
El otro componente crítico es Pemex. Moody’s, S&P y los analistas coinciden en que el apoyo continuo a la petrolera limita la consolidación fiscal. Se estima que el apoyo a Pemex fue cercano a 1.9% del PIB sólo en 2025. Mientras la empresa siga absorbiendo recursos públicos sin corregir de fondo su modelo operativo, financiero y productivo, continuará siendo un pasivo contingente para el soberano. La deuda de Pemex ya no puede analizarse como si estuviera separada de la deuda pública. En los hechos, los mercados asumen que buena parte de sus vencimientos serán cubiertos directa o indirectamente por el gobierno federal.
Incluso la propia Secretaría de Hacienda reconoció en la Cuenta Pública un elemento particularmente delicado: la dependencia de aportaciones gubernamentales genera “duda sustancial sobre la capacidad de Pemex para continuar como negocio en marcha”. Que el propio gobierno reconozca ese nivel de fragilidad financiera debería encender señales de alerta sobre la sostenibilidad futura del modelo actual de rescate petrolero.
Además, el problema ya no es exclusivamente fiscal. Pemex renegoció obligaciones con proveedores por más de 250 mil millones de pesos, extendiendo pagos hasta ocho años, mientras la deuda reportada con proveedores superó los 375 mil millones de pesos al cierre de marzo. Esto significa presión financiera real sobre cadenas productivas, contratistas y empresas que dependen de pagos del sector energético.
De hecho, el rescate ya tiene una dimensión fiscal considerable. Durante 2025 Hacienda inyectó alrededor de 396 mil millones de pesos a Pemex como parte de la estrategia de apoyo financiero, mientras que entre enero y marzo de 2026 el gobierno federal transfirió otros 58,346 millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública. Es decir, lejos de disminuir, el respaldo público a la petrolera continúa absorbiendo recursos fiscales en un entorno de bajo crecimiento y mayores restricciones presupuestarias.
Por eso la rebaja de Moody’s es una tarjeta amarilla. México no crece, pero todavía conserva estabilidad macroeconómica, reservas internacionales importantes por 257 mil millones de dólares, una Línea de Crédito Flexible con el FMI por 24 mil millones de dólares y una deuda mayoritariamente denominada en moneda nacional y a tasa fija. Todo eso ayuda. Pero no elimina el problema central: el país está perdiendo fortaleza fiscal mientras crece demasiado poco.
La economía detenida: inversión frenada, incertidumbre interna y costo para empresas y hogares
La degradación de la calificación no ocurre en el vacío. Llega en un contexto donde México ya arrastra una crisis de crecimiento. Robin J. Brooks lo ha documentado con toda claridad: entre 2015 y 2025, el PIB real per cápita de México aumentó apenas 1.6% en todo el periodo, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de sólo 0.16%. En el mismo periodo, el PIB real per cápita de Estados Unidos creció 20%, con una tasa promedio anual cercana a 1.8%. La conclusión es que México no está convergiendo hacia Estados Unidos; se está rezagando más y más cada año.
Esto es especialmente grave porque México debería estar creciendo más rápido que Estados Unidos, no menos. Por nivel de ingreso, cercanía geográfica, integración comercial, demografía, manufactura, exportaciones y oportunidad de nearshoring, el país debería estar aprovechando una etapa histórica. Pero no lo está haciendo. Y aquí hay que decirlo con claridad: la incertidumbre que tiene frenada la inversión productiva tiene un componente externo y uno interno, pero el más pesado es el interno.
El componente externo existe: tensiones comerciales, revisión del T-MEC, proteccionismo estadounidense, alza arancelaria, altos costos financieros globales y volatilidad geopolítica. Pero esos factores afectan a muchos países que sí están creciendo. Lo que distingue a México es el componente interno: una política pública por parte de la 4T que lleva ocho años enviando señales de desconfianza hacia la empresa privada, una visión estatista de sectores estratégicos, un debilitamiento institucional, cambios regulatorios discrecionales, mayor presión fiscal y una narrativa política que con frecuencia trata a la inversión privada como sospechosa antes que como motor de crecimiento.
Ese ambiente pesa. El empresario no invierte sólo porque haya mercado; invierte cuando percibe certidumbre jurídica, reglas claras, infraestructura suficiente, energía confiable, seguridad, respeto a contratos y una política económica orientada a la productividad. Cuando esas condiciones se debilitan, la inversión se pospone. Y cuando la inversión se pospone, el crecimiento se estanca.
Desde GAEAP también habíamos advertido este punto: el problema de México no es únicamente fiscal, sino productivo. Un país puede manejar mayores niveles de deuda si crece, invierte, aumenta productividad y amplía su base tributaria. Pero si el crecimiento es bajo, la inversión privada se mantiene cautelosa y la inversión pública se recorta para cuadrar las cuentas, entonces la deuda se vuelve más pesada, no por su monto absoluto, sino por la incapacidad de la economía para cargarla.
No es casualidad que distintos especialistas estén convergiendo en el mismo diagnóstico: sin crecimiento sostenido no hay consolidación fiscal viable. Economistas del CIDE, Banamex y GBM han advertido que el verdadero reto ya no es únicamente reducir deuda, sino recuperar inversión pública y privada para ampliar la base productiva y fiscal del país. En una economía que apenas crece, cuadrar las cuentas públicas se vuelve progresivamente más difícil.
Para el empresario común, un mayor deterioro de la posición fiscal y de la calificación de la deuda tiene implicaciones concretas. Una menor calificación soberana puede traducirse en mayores primas de riesgo, tasas más altas para financiar proyectos, mayor costo del crédito bancario, presión sobre bonos, menor apetito de inversionistas, volatilidad cambiaria y condiciones financieras más restrictivas. No es algo abstracto. Puede significar créditos más caros para capital de trabajo, menor disponibilidad de financiamiento para expansión, mayor costo de maquinaria importada si el tipo de cambio se presiona y menor demanda interna si el crecimiento sigue débil.
Para los hogares, el impacto de lo que está pasando también es real. Si el gobierno destina más recursos al pago de intereses, tiene menos espacio para inversión pública, servicios, seguridad e infraestructura. Si la economía crece poco, el empleo formal avanza lentamente, los salarios reales encuentran límites y las oportunidades laborales se concentran en sectores de baja productividad. Si el financiamiento se encarece, también se encarecen hipotecas, tarjetas, créditos automotrices y préstamos personales. Y si eventualmente el tipo de cambio se deprecia por pérdida de confianza, puede haber presión sobre precios de bienes importados, alimentos, transporte e insumos productivos.
La estabilidad macroeconómica no debe darse por sentada. México ha tenido un ancla fundamental: la autonomía del Banco de México. La propia Hacienda reconoce que el esquema de objetivos de inflación y la autonomía de Banxico son elementos clave para mantener ancladas las expectativas y preservar la estabilidad financiera. Pero precisamente por eso debe advertirse un riesgo: en un escenario extremo de presión fiscal, la tentación política de vulnerar la autonomía del banco central podría crecer.
No estamos diciendo que eso vaya forzosamente a ocurrir. Pero sí sería ingenuo no advertirlo. Cuando un gobierno enfrenta finanzas públicas presionadas, bajo crecimiento, mayor costo de deuda, gasto social rígido y necesidades crecientes de financiamiento, siempre existe la tentación de buscar salidas fáciles: presionar al banco central, forzar tasas más bajas, utilizar reservas, modificar reglas institucionales o abrir la puerta a formas indirectas de financiamiento monetario. Sería un error gravísimo. La cuestionada autonomía de Banxico todavía se mantiene como una de las últimas grandes anclas de confianza macroeconómica del país. Vulnerarla en nombre de la emergencia fiscal sería multiplicar los riesgos financieros y erosionar una de las últimas grandes anclas de confianza del país.
El punto de fondo es que nada relevante está cambiando en la política pública. Se habla de consolidación fiscal, pero no de una reforma profunda al gasto. Se habla de inversión, pero se mantiene una visión estatista y se lanzan señales todas las semanas que alejan al capital privado. Se habla de certidumbre, pero persisten señales contrarias al sector privado. Se habla de crecimiento, pero se recorta inversión pública. Se habla de soberanía energética, pero Pemex sigue drenando recursos fiscales. Se habla de bienestar, pero el modelo descansa crecientemente en transferencias, no en creación de más y mejores empleos.
Por eso es razonable anticipar que México podría permanecer en una etapa de estancamiento económico hasta el final del sexenio si no cambia la orientación de fondo. No basta con administrar el déficit. Hay que cambiar la relación del Estado con la inversión, la empresa, la infraestructura, la energía, la seguridad y la productividad. Sin eso, el país puede conservar estabilidad nominal por un tiempo, pero seguirá perdiendo dinamismo real.
Conclusiones
La rebaja de Moody’s y la perspectiva negativa de S&P no deben interpretarse como una crisis inmediata, pero sí como una advertencia seria. México sigue teniendo grado de inversión, estabilidad macroeconómica, acceso a mercados internacionales y fortalezas importantes. Pero sus fundamentos fiscales se han deteriorado. Hoy el país está más cerca del grado especulativo que hace unos años, con Moody’s y Fitch en el último escalón del grado de inversión y S&P observando la posibilidad de una rebaja en los próximos 12 a 24 meses.
La causa no es un solo evento. Es la acumulación de varios desequilibrios: deuda creciente, bajo crecimiento, déficit elevado, costo financiero en máximos, Pemex como carga fiscal permanente, gasto rígido, ingresos insuficientes y recorte de inversión pública para intentar cumplir metas fiscales. La economía mexicana está siendo obligada a cargar más deuda con menos crecimiento. Esa combinación no es sostenible indefinidamente.
Para los empresarios, el mensaje es claro: el entorno financiero puede volverse más caro y más volátil. Para los hogares, el riesgo es menor crecimiento, menos oportunidades, servicios públicos más presionados y una economía con menor capacidad de generar bienestar duradero. Para el gobierno, la advertencia es todavía más directa: corregir ahora sería menos costoso que hacerlo después de perder el grado de inversión.
El mayor problema es que no se observa un cambio de rumbo. La política económica mantiene una orientación estatista, redistributiva y poco favorable a la inversión productiva. La consolidación fiscal se está intentando mediante recortes de gasto, pero sin resolver el problema estructural del bajo crecimiento. Y cuando el ajuste fiscal se hace sacrificando inversión pública, el país no se fortalece: se debilita más.
México necesita disciplina fiscal, sí. Pero también necesita crecimiento. Necesita estabilidad, pero también inversión. Necesita proteger la autonomía de Banxico, pero también reconstruir confianza en la política pública. Necesita apoyar a los hogares, pero no a costa de cancelar la capacidad productiva del futuro.
Más temprano que tarde, el país probablemente enfrentará una discusión incómoda: si el crecimiento no repunta y el gasto rígido sigue aumentando —particularmente en pensiones y transferencias—, las presiones sobre las finanzas públicas podrían terminar abriendo el debate sobre una reforma fiscal más agresiva. El problema es que subir impuestos en una economía estancada suele generar más fricción que solución.
La advertencia ya llegó. México todavía tiene tiempo para corregir el rumbo, pero el margen de maniobra se reduce rápidamente. La pregunta no es si el deterioro fiscal tendrá costos, sino qué tan altos serán cuando finalmente decidamos enfrentarlo.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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