El Paquete Económico 2027 busca reducir el déficit, pero mantiene una inversión insuficiente, una deuda creciente y una mayor presión fiscal sobre las empresas.
El Paquete Económico 2027 tendrá consecuencias directas para empresas y familias. Lo que el Congreso de la Unión apruebe durante los próximos meses determinará cuánto dinero tendrá el gobierno, cuánto gastará, cuánto tendrá que pedir prestado y qué tan pesada será la carga fiscal para las empresas. Para las familias también es importante porque las finanzas públicas cada vez más rígidas condicionan los recursos disponibles para infraestructura, salud, educación y otros servicios, además de influir sobre las tasas de interés, la inversión y la generación de empleos.
Hacienda reconoce que existe un problema fiscal y propone reducir gradualmente el déficit. Los Requerimientos Financieros del Sector Público bajarían de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027 y el déficit presupuestario pasaría de 3.6% a 3.4%. Tampoco propone nuevos impuestos ni aumentos en las tasas existentes. Sin embargo, la pregunta relevante es cómo pretende lograr esa reducción y qué implicaciones tendrá para la deuda, la inversión y el gasto.
Al revisar las cifras completas del Paquete vemos varios problemas: el déficit fiscal propuesto disminuye poco, la deuda sigue aumentando, una proporción creciente del presupuesto está comprometida de antemano y Hacienda pretende obtener considerablemente más recursos de los contribuyentes. Mientras tanto, la inversión pública continúa en niveles insuficientes para las necesidades de infraestructura y crecimiento que tiene México.
Más gasto y deuda, mientras la inversión sigue siendo insuficiente
El gobierno propone reducir el déficit, pero la deuda pública amplia aumentaría de 54% del PIB en 2026 a 55% en 2027. Hacienda explica que el incremento obedecería principalmente al mayor costo financiero y al efecto del tipo de cambio sobre la valuación de la deuda externa. También argumenta que existen elementos que reducen el riesgo financiero, ya que 85% de la deuda estaría denominada en moneda nacional y 80% de los valores gubernamentales se encontrarían a tasa fija y largo plazo.
Eso reduce determinados riesgos, pero no cambia el problema estructural de fondo, el hecho de que México continúa gastando considerablemente más de lo que ingresa. Para 2027 se contemplan ingresos presupuestarios por 9.16 billones de pesos frente a un gasto neto pagado de 10.51 billones. La diferencia es aproximadamente 1.35 billones.
El nivel de endeudamiento sería menos preocupante si esos recursos se destinaran a aumentar considerablemente la inversión en infraestructura y la capacidad productiva del país. Pero México mantiene déficits elevados y una deuda creciente mientras la inversión física representa apenas 2.6% del PIB. Esta combinación rompe la regla de oro de las finanzas públicas, según la cual el endeudamiento debería destinarse principalmente a financiar inversión. No es lo mismo endeudarse para construir infraestructura que hacerlo para financiar un gasto creciente que no se traduce en condiciones para pagar esa deuda en el futuro.
Tampoco estamos ante la consolidación fiscal que Hacienda planteó hace apenas cinco meses en los Pre Criterios 2027. En abril calculaba Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) equivalentes a 3.5% del PIB para 2027. Ahora estima 3.9%. El déficit presupuestario pasó en las previsiones de 3.0% a 3.4% y el superávit primario esperado disminuyó de 1.1% a 0.6%. El crecimiento esperado también fue revisado de un rango de 1.9% a 2.9% a uno de 1.5% a 2.5%. Es así que Hacienda admite ahora que la economía crecerá menos, habrá un déficit mayor al que esperaba en abril y tendremos una consolidación fiscal más lenta.
Y aun así, este escenario genera dudas. Bank of America Securities estima que la economía crecería apenas 1.4% en 2027 y que los RFSP podrían alcanzar 5% del PIB, muy por encima del 3.9% previsto por Hacienda. J.P. Morgan calcula un crecimiento de 1.7% y también advierte sobre la dificultad para estabilizar la deuda. Si la economía crece menos de lo previsto, recaudar considerablemente más y reducir al mismo tiempo el déficit será todavía más difícil.
La rigidez del presupuesto también se observa en la composición del gasto. De los 7.43 billones de pesos de gasto programable, 60% correspondería a gasto corriente, 24.8% a pensiones y jubilaciones y 15.3% a inversión. Este último rubro incluye conceptos distintos a la infraestructura, por lo que no debe confundirse con la inversión física, que representa apenas 2.6% del PIB. Además, si a las pensiones contributivas se suman las principales pensiones sociales, los recursos destinados a estos conceptos rondarían 2.48 billones de pesos, cerca de 6% del PIB y aproximadamente 23% del gasto público total.
En este sentido, el IMCO menciona que sólo alrededor de 20 de cada 100 pesos del gasto propuesto para 2027 podrían reasignarse. Pensiones, costo financiero y participaciones federales absorberían por sí solos 47.2% del gasto.
Otro punto a destacar s que 2027 será un año electoral. Los programas sociales prioritarios recibirían más de 1.025 billones de pesos, equivalentes a alrededor de 2.6% del PIB. Esta cifra no incluye las pensiones contributivas, que se presupuestan por separado y representan una carga considerablemente mayor para las finanzas públicas. Sólo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendría 543,498 millones de pesos y las Becas Benito Juárez 190,552 millones.
En este punto, conviene precisar que no todo programa social es gasto inútil ni puede calificarse automáticamente como gasto electorero. Eso, sin embargo, no impide cuestionar las prioridades del gasto público, especialmente en un año electoral. El gobierno llegará a ese proceso con más de un billón de pesos destinado a programas sociales prioritarios, mientras la inversión física permanecerá en apenas 2.6% del PIB. La diferencia en las prioridades preocupa. México destina enormes recursos a transferencias y pensiones, pero mantiene una inversión insuficiente en infraestructura y capacidad productiva.
Nuestro país necesita electricidad, redes de transmisión, agua, carreteras, puertos, logística e infraestructura para elevar la productividad y atraer inversión. Es cierto que la inversión física aumentaría 3.5% real en 2027, hasta aproximadamente 1.027 billones de pesos, pero insisto que es insuficiente frente a las necesidades del país y a los rezagos acumulados tras años de mantenerse por debajo de 5% del PIB recomendado por diversos organismos internacionales.
Y esa insuficiencia podría agravarse en los años siguientes. De acuerdo con cálculos de BNP Paribas a partir del escenario de mediano plazo de Hacienda, la inversión física disminuiría de 2.6% del PIB en 2027 a 1.8% en 2028 y 1.5% en 2032, mientras pensiones y servicios personales seguirían una trayectoria ascendente.
Es así que la inversión pública seguirá siendo una de las principales variables del ajuste fiscal. Fintual estima que una consolidación fiscal más profunda dependerá de una mayor recaudación y de una fuerte reducción de la inversión hacia 2028. El problema es que recortar inversión para reducir el déficit también limita la infraestructura y la capacidad productiva del país.
La apuesta por recaudar más y el costo para las empresas
Como el gobierno no quiere aumentar las tasas impositivas y tampoco puede reducir fácilmente buena parte del gasto, una parte fundamental del ajuste se traslada hacia mayores esfuerzos recaudatorios.
Hacienda espera que los ingresos tributarios aumenten 5.9% real y alcancen 6.264 billones de pesos, un máximo histórico equivalente a 15.9% del PIB. El ISR tendría que crecer 7.2% real. Esto genera serias dudas porque hasta julio de 2026, la recaudación de ISR acumulaba una caída real de 6% respecto al mismo periodo del año anterior.
En el Paquete Económico no se crean nuevos impuestos, pero eso no significa que las empresas permanecerán fiscalmente igual. La propuesta limita deducciones, restringe la utilización de pérdidas fiscales, reduce de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada el límite para deducir intereses netos, modifica reglas para pagos al extranjero y elimina el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Hacienda calcula que solamente los cambios propuestos al ISR podrían producir entre 130,000 y 140,000 millones de pesos adicionales. Otros 45,000 millones provendrían de acciones contra contrabando, evasión y subvaluación en aduanas, lo cual sin duda es una muy buena noticia para la manufactura nacional.
Combatir la evasión, las factureras y los abusos fiscales es correcto. Quien debe impuestos debe pagarlos. El problema es que las medidas diseñadas para atacar esas prácticas pueden alcanzar también a empresas que realizan actividades legítimas y que, por la naturaleza de su operación, trabajan con costos elevados respecto de sus ventas.
La propuesta establece un mecanismo de control sobre las deducciones para determinadas empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y más de cinco años de operación. También limitaría la aplicación de pérdidas fiscales acumuladas a 50% de la utilidad fiscal de cada ejercicio, aunque ampliaría de 10 a 20 años el plazo para aprovecharlas. Existen excepciones para determinados regímenes y actividades.
La lógica de Hacienda parte de un problema real. En 2025, 524 mil empresas declararon ingresos positivos, pero 318 mil no pagaron ISR. Entre estas últimas, 223 mil reportaron deducciones iguales o superiores a sus ingresos. Hacienda también identificó alrededor de 54 mil empresas que llevan cinco años sin pagar ISR y otras 129 mil que han declarado pérdidas fiscales durante los últimos tres ejercicios. Es razonable que la autoridad investigue evasión, operaciones simuladas y planeaciones fiscales abusivas.
Pero tener ingresos no significa tener utilidades.
Una empresa puede vender cientos de millones de pesos y obtener una utilidad mínima. Incluso puede perder dinero. Esto ocurre particularmente en actividades de alto volumen y bajos márgenes comerciales o durante una caída de ventas, cuando las empresas siguen pagando nómina, renta, energía, intereses, mantenimiento y otros costos fijos.
Si la legislación impide reconocer fiscalmente la totalidad de costos y deducciones legítimas en el mismo ejercicio, puede aparecer una utilidad fiscal superior a la utilidad económica de la empresa. Es así que en determinadas circunstancias, una compañía podría terminar pagando ISR aun cuando financieramente haya tenido una pérdida.
Esto merece mucha más atención de la que ha recibido. Una empresa que tiene un mal año no necesariamente evade impuestos. Puede estar absorbiendo pérdidas para conservar trabajadores, mantener una planta abierta o esperar la recuperación de su mercado. Obligarla a pagar ISR sobre una utilidad fiscal que no corresponde a su resultado económico puede agravar sus problemas de liquidez.
El problema no termina con el impuesto. Cada peso adicional que sale de la caja de una empresa deja de estar disponible para comprar maquinaria, ampliar capacidad, contratar trabajadores, desarrollar productos o financiar capital de trabajo. Una política diseñada para aumentar la recaudación puede terminar afectando precisamente aquello que México necesita para sanear sus finanzas públicas de manera permanente, empresas creciendo, invirtiendo, contratando y generando utilidades.
Es evidente que a Hacienda le urge recaudar considerablemente más para reducir modestamente el déficit, pero pretende hacerlo en una economía cuyo crecimiento esperado ronda apenas 2%. Al mismo tiempo mantiene un gasto cada vez más rígido, una deuda equivalente a 55% del PIB y una inversión pública que permanece muy por debajo de las necesidades del país.
Conclusiones
El Paquete Económico 2027 tiene elementos que deben reconocerse. Hacienda busca reducir el déficit, mantiene una estructura de deuda que limita determinados riesgos financieros, no propone aumentar las tasas generales de impuestos y contempla un incremento real de la inversión física durante el próximo año.
La deuda seguirá aumentando como proporción del PIB. La consolidación fiscal será más lenta de lo que Hacienda esperaba apenas en abril. El presupuesto tiene una enorme rigidez. Los programas sociales absorben recursos crecientes en un año electoral, mientras la inversión física permanece en apenas 2.6% del PIB y podría caer considerablemente después de 2027. Y buena parte del esfuerzo para cuadrar las cuentas descansa en conseguir más recursos de los contribuyentes, incluidas reglas que pueden aumentar la carga efectiva sobre empresas que operan con utilidades reducidas o atraviesan años malos.
México necesita combatir la evasión y ampliar su base tributaria. Pero también necesita entender que las empresas no son una fuente inagotable de recaudación. Para cobrar más ISR de manera sostenible primero necesitamos más empresas, más inversión, mayor productividad y mayores utilidades.
El problema de fondo del Paquete Económico 2027 no es que Hacienda quiera recaudar más. Es que pretende hacerlo mientras la economía crecería alrededor de 2% en el escenario oficial y algunos analistas anticipan todavía menos, la deuda continúa aumentando y la inversión pública sigue siendo demasiado baja. Si además la inversión se convierte en la variable de ajuste durante los próximos años, estaremos intentando resolver el problema fiscal debilitando una de las principales fuentes de crecimiento.
Las cuentas pueden cuadrar en el papel. Lo difícil será conseguir que cuadren en una economía que necesita crecer mucho más.
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Si deseas conocer nuestro análisis completo del Paquete Económico 2027 y sus implicaciones para las empresas, puedes solicitarlo en admin@gaeap.com.
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