Entre la debilidad económica y las presiones cambiarias, el banco central deberá decidir si reduce, mantiene o aumenta su tasa de interés.
La inflación volvió a subir en México, aunque todavía se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de Banxico, de entre 2% y 4%. De acuerdo con el INEGI, en septiembre de 2026 los precios al consumidor aumentaron 0.42%, con lo que la inflación anual llegó a 3.45%, frente al 3.26% registrado en agosto. Es el segundo mes consecutivo de aceleración y, si bien el nivel actual no es alarmante, la tendencia sí merece atención. Preocupan también las crecientes presiones en los costos de producción, los cuales aumentaron 1.37% solamente en septiembre y 4.05% a tasa anual. Todo esto ocurre en un contexto de presiones inflacionarias en muchas partes del mundo, que contribuyen a que las tasas de interés de los bonos gubernamentales de largo plazo alcancen niveles no vistos en más de dos décadas en las principales economías.
En septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en 25 puntos base, hasta un rango de 3.75% a 4.00%. Días después, la Junta de Gobierno de Banxico decidió mantener su tasa objetivo en 6.50%, una decisión que generó controversia porque redujo el diferencial de tasas entre ambos países a mínimos históricos. Si bien mantener la tasa tenía sentido ante el bajo crecimiento de la economía mexicana y la moderación que había mostrado la inflación, también restó atractivo relativo a las inversiones en pesos y contribuyó a las presiones sobre el tipo de cambio. El dólar, que a principios de septiembre cotizaba alrededor de 16.88 pesos, llegó a acercarse a 18.40, para posteriormente retroceder a niveles cercanos a 18 pesos. Sin embargo, las presiones cambiarias reaparecieron y al momento de escribir estas líneas volvió a subir hasta 18.41 pesos por billete verde. A lo anterior se suma que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han alcanzado niveles no vistos en más de dos décadas y que la Fed podría aumentar nuevamente su tasa antes de terminar el año.
El panorama se le ha complicado al gobierno mexicano porque hace apenas unas semanas presentó el Paquete Económico 2027 con previsiones presupuestarias suponiendo que las tasas de interés disminuirán a 6.00%. Así que Banxico enfrenta un cierre de año complicado. Aunque tres integrantes de la Junta de Gobierno han dejado abierta la posibilidad de nuevos recortes, el repunte de la inflación y el endurecimiento monetario internacional plantean la posibilidad de que Banxico deba mantener su tasa en 6.50% o incluso aumentarla. Si mantiene la tasa sin cambios durante el resto de 2026, en 2027 tendrá que elegir entre mantenerla, con el riesgo de nuevas presiones sobre el peso; subirla para responder a las condiciones inflacionarias y financieras; o reducirla, como supone el Paquete Económico, pese a que el entorno internacional podría no favorecer esa decisión.
La inflación mexicana repunta cuando el mundo está encareciendo el dinero
Aunque la inflación general aumentó en septiembre, la subyacente, que excluye los productos de precios más volátiles, disminuyó desde 3.88% en agosto a 3.75%. Esto indica que el repunte no fue generalizado. Las mercancías registraron una inflación anual de 3.21%, mientras que los servicios se encarecieron 4.27%, lo que muestra que en este último componente las presiones inflacionarias siguen siendo importantes.
Las diferencias entre productos son considerables y un dato que llama la atención es que las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 7.79% anual, más del doble de la inflación general. Resulta contradictorio que, mientras Banxico intenta contener el aumento de los precios, las propias autoridades autoricen incrementos de esta magnitud.
En cuanto a los costos de producción, destaca que los precios de los bienes y servicios de uso intermedio aumentaron 1.94% solamente en septiembre y 4.25% a tasa anual, mientras que los productos derivados del petróleo y del carbón se encarecieron 7.37% en el mes. Estos incrementos podrían terminar reflejándose en los precios al consumidor si las empresas trasladan parte de sus mayores costos, especialmente si los precios del petróleo y sus derivados permanecen elevados.
El FMI ya había advertido sobre las dificultades de México para llevar la inflación a su objetivo de 3%, debido a la persistencia de las presiones subyacentes y las expectativas inflacionarias. Hay que recordar que la meta de Banxico es 3%, no 4%. El intervalo de variabilidad de un punto porcentual no significa que el banco central deba conformarse con una inflación cercana al límite superior.
Ahora bien, en Estados Unidos, las minutas de la Reserva Federal publicadas hace unos días indican que podría haber otro incremento de tasas antes de terminar el año, posiblemente en diciembre. La inflación sigue siendo motivo de preocupación, aunque el mercado laboral muestra señales de debilidad. En septiembre se crearon solamente 29 mil empleos y la tasa de desempleo llegó a 4.2%. La Fed también tiene que decidir hasta dónde puede subir las tasas sin afectar demasiado el empleo y enfurecer al presidente Donald Trump.
Otro factor de riesgo para México viene de Japón. El Banco de Japón ha elevado su tasa de interés hasta 1.25%, su nivel más alto en 31 años, y podría volver a aumentarla antes de terminar 2026. Esto afecta las operaciones financieras bajo el esquema de carry trade, mediante la cual los inversionistas se endeudan en yenes a tasas bajas para colocar esos recursos en países que ofrecen mayores rendimientos, como México. Si las tasas japonesas siguen subiendo y el yen se fortalece, estas operaciones pierden atractivo y los inversionistas pueden comenzar a vender activos en pesos para pagar sus deudas en Japón. Esto seguirá presionando el tipo de cambio mexicano, independientemente de lo que decida Banxico.
Pero uno de los acontecimientos financieros más importantes de las últimas semanas está ocurriendo en el mercado de bonos. El rendimiento del Treasury estadounidense a diez años superó 5.3% y el miércoles 7 de octubre llegó a tocar aproximadamente 5.36%, un nivel no observado desde 2002. Los bonos a treinta años también han registrado fuertes aumentos. Estos rendimientos son importantes porque sirven como referencia para determinar el costo del financiamiento de largo plazo en buena parte del mundo.
En este punto es pertinente distinguir entre las tasas de corto y largo plazo. La tasa de referencia de la Fed influye principalmente sobre el costo del dinero de corto plazo, mientras que los rendimientos de los bonos de largo plazo dependen también de las expectativas de inflación, las necesidades de financiamiento del gobierno y las primas que exigen los inversionistas. En Estados Unidos, los elevados déficits fiscales, la creciente emisión de deuda y las presiones inflacionarias están contribuyendo al aumento de esos rendimientos. Por eso, aunque la Fed mantuviera sin cambios su tasa, el financiamiento de largo plazo podría seguir encareciéndose.
Las consecuencias se han estado sintiendo. En Estados Unidos, las tasas hipotecarias han superado 7%, mientras que países europeos como Francia enfrentan mayores costos de endeudamiento por las preocupaciones sobre sus finanzas públicas. Para México, esto constituye un problema adicional porque si los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen rendimientos superiores a 5% en dólares, los inversionistas exigirán tasas suficientemente atractivas para comprar deuda mexicana y asumir el riesgo cambiario. Esto no solamente dificulta una eventual reducción de la tasa de Banxico, sino que también puede mantener elevado el costo del financiamiento de largo plazo, aun cuando el banco central decida no modificar su tasa de referencia.
Las opciones de Banxico
Con la tasa de referencia en 6.50%, México mantiene un diferencial de entre 250 y 275 puntos base respecto de Estados Unidos. Si la Fed vuelve a subir su tasa en diciembre y Banxico no hace ningún ajuste, ese diferencial se reduciría otros 25 puntos base. Esto restaría atractivo a las inversiones en instrumentos mexicanos de corto plazo y presionaría aún más al peso, cuya depreciación también representa un riesgo para la inflación al encarecer las importaciones y los insumos utilizados por la industria. Sin embargo, hay que mencionar que un dólar más caro beneficia a diversos segmentos industriales y a los exportadores mexicanos, al mejorar su competitividad en precios y aumentar el valor en pesos de sus ingresos en dólares.
Para lo que resta de 2026, Banxico tiene tres alternativas. La primera es mantener la tasa en 6.50% y esperar a que se confirme si el repunte inflacionario es transitorio. Esto evitaría encarecer el crédito en una economía que, según el Banco Mundial y el FMI, crecerá apenas entre 1.4% y 1.5% durante 2026. La segunda es reducirla, posibilidad que tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno se mostraron dispuestos a evaluar, según las minutas de septiembre. Su argumento es que la debilidad económica, la ausencia de presiones de demanda y el carácter todavía restrictivo de la política monetaria permiten considerar un ajuste a la baja. Sin embargo, esas opiniones se expresaron antes de conocerse la depreciación del peso al cierre de septiembre y el nuevo repunte inflacionario.
La tercera alternativa sería aumentar la tasa si la inflación continúa acelerándose, las expectativas se deterioran o la depreciación del peso comienza a contaminar los precios. Un incremento también permitiría recuperar parte del diferencial de tasas frente a Estados Unidos. Sería una decisión costosa para las empresas y las familias, pero podría resultar necesaria para evitar que la inflación vuelva a alejarse del objetivo de 3%.
Aunque las minutas muestran que existe disposición dentro de Banxico para considerar nuevos recortes, las condiciones económicas y financieras han cambiado desde la reunión de septiembre. Si el banco central mantiene la tasa en 6.50% durante el resto del año, la discusión se trasladará a 2027, cuando tendrá que evaluar nuevamente las condiciones para modificarla. El problema es que Hacienda ya está elaborando sus previsiones presupuestarias suponiendo una reducción que podría no materializarse.
El tema no es menor desde la perspectiva de las finanzas públicas. El Paquete Económico 2027 contempla una tasa de interés de 6%, mientras que el costo financiero de la deuda se estima en 1.57 billones de pesos. Hacienda también prevé que la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcance 21.67 billones de pesos, equivalentes a 55% del PIB. Si las tasas permanecen por encima de lo previsto, el gobierno terminará pagando más intereses. El efecto sería gradual, porque una parte de la deuda está contratada a tasa fija, pero se reflejaría en las nuevas emisiones, los refinanciamientos y los instrumentos a tasa variable, dejando menos recursos disponibles para otros rubros del gasto público.
La subasta de valores gubernamentales del 6 de octubre y las cotizaciones de los bonos mexicanos muestran lo que está ocurriendo. Los Cetes a 28 días ofrecieron una tasa de 6.09%, los de 91 días 6.78%, los de 175 días 6.91% y los de 721 días 7.98%. Pero los rendimientos son todavía mayores en los instrumentos de largo plazo. Los M Bonos con vencimiento en noviembre de 2034 ofrecen alrededor de 9.25%, los de noviembre de 2036 pagan 9.33% y los de noviembre de 2042 alcanzan 9.76%. Incluso los bonos con vencimientos en 2047 y 2053 registran rendimientos superiores a 9.8%. Esto significa que, mientras Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.50%, el mercado exige rendimientos considerablemente mayores para financiar al gobierno a plazos largos, lo que complica las previsiones de Hacienda sobre una reducción del costo de la deuda pública.
Esto significa que, aun cuando Banxico redujera su tasa al 6% contemplado en las previsiones oficiales, el costo de la deuda pública no necesariamente disminuiría en la misma proporción. Hacienda puede elaborar sus presupuestos suponiendo menores tasas de interés, pero los rendimientos que finalmente pagará el gobierno dependerán de las condiciones del mercado.
Aquí es necesario aclarar la diferencia fundamental entre los intereses del gobierno federal y el mandato constitucional del banco central. A Hacienda le urgen tasas más bajas porque abaratan el financiamiento y ayudan a contener el gasto en intereses. Banxico, en cambio, tiene como único mandato mantener la estabilidad de precios. Sus decisiones no pueden depender de las necesidades presupuestarias del gobierno. Si los inversionistas percibieran que la política monetaria busca abaratar la deuda pública a costa del control de la inflación, podrían exigir rendimientos todavía mayores.
Conclusiones
Por ahora, mantener la tasa en 6.50% parece la decisión más prudente. Sin embargo, las minutas de septiembre mostraron que tres integrantes de la Junta de Gobierno están abiertos a considerar nuevos recortes, apoyándose principalmente en la debilidad de la economía y la ausencia de presiones de demanda. Aunque estos argumentos son atendibles, las condiciones han cambiado desde aquella reunión. La inflación volvió a acelerarse, el peso se depreció considerablemente y las tasas internacionales continúan bajo presión. En este contexto, reducir la tasa podría resultar prematuro, mientras que tampoco puede descartarse un aumento si las presiones inflacionarias persisten o la Fed vuelve a endurecer su política monetaria.
Para el gobierno federal, el problema es que las tasas podrían permanecer elevadas más tiempo del previsto o incluso aumentar. El supuesto de una tasa de 6% para 2027 podría no cumplirse y, con una deuda pública equivalente a 55% del PIB, esto tendría consecuencias sobre el costo financiero. Hacienda debe prepararse para ese escenario y fortalecer la disciplina fiscal, en lugar de depender de que Banxico reduzca las tasas.
La autonomía del banco central será fundamental. México necesita recuperar el crecimiento, pero no puede hacerlo a costa de perder el control de la inflación. Si las circunstancias obligan a mantener las tasas elevadas o incluso aumentarlas, Banxico tendrá que hacerlo, independientemente de las previsiones presupuestarias de Hacienda. Sería mucho peor apresurar los recortes, provocar nuevas presiones inflacionarias y terminar pagando tasas todavía más altas en el futuro.
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Alejandro Gómez Tamez
Director General de GAEAP
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