La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y con ello ratificó una política fiscal basada en endeudar al país para sostener el gasto corriente. En lugar de destinar los recursos a inversión productiva o infraestructura, el gobierno sigue apostando por financiar programas de transferencias directas que no generan crecimiento ni empleo.
Lejos de corregir el rumbo, se repite el mismo esquema que en los años de López Obrador, cuando se rompió la llamada “regla de oro” de las finanzas públicas, aquella que dicta que la deuda debe servir para construir futuro, no para pagar el presente.
El dictamen, aprobado con 352 votos a favor y 128 en contra, autoriza al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento interno de 1.78 billones de pesos y un endeudamiento externo de 15 mil 500 millones de dólares, lo que elevará la deuda nacional a niveles nunca antes vistos.
Con esta decisión, la deuda pública total se aproximará a los 20 billones de pesos, una cifra que equivale a más de la mitad del PIB y que representa un incremento cercano al 100 por ciento respecto a los niveles de hace apenas un sexenio. Traducido a términos cotidianos, cada mexicano deberá alrededor de 153 mil pesos al cierre de 2026, una deuda que no contrajo de manera individual, pero que pagará colectivamente a lo largo de los próximos años mediante impuestos, inflación o pérdida de inversión pública.
Sin considerar la deuda, la Ley de Ingresos prevé 8.7 billones de pesos, lo que implica un crecimiento de 4.6 por ciento respecto a lo aprobado en 2025. Sin embargo, al sumar el endeudamiento, el monto total asciende a 10.1 billones de pesos, reflejando que el aparente incremento en los ingresos públicos no se origina en una economía en crecimiento, sino en la contratación de más deuda. El mensaje es claro: el Estado mexicano gasta más de lo que genera.
Durante el debate, la oposición cuestionó duramente el techo de endeudamiento aprobado. Argumentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está replicando el mismo patrón que heredó del sexenio anterior, en el que la deuda se multiplicó bajo la narrativa de financiar programas sociales y proyectos estratégicos (Tren Maya, AIFA, refinería de Dos Bocas). Y es que con los niveles de endeudamiento en los que han incurrido los gobiernos de la 4T, habrán duplicado la deuda nominal histórica del país, empeñando el futuro de las próximas generaciones.
El oficialismo, por su parte, defendió la aprobación asegurando que el endeudamiento es “responsable” y que servirá para fortalecer programas sociales, consolidar obras de infraestructura y mantener la estabilidad macroeconómica sin recurrir a nuevos impuestos. Sin embargo, los datos muestran un escenario más frágil. Con lo aprobado, los Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia de endeudamiento del sector público federal) se ubicarán en 4.1% del PIB, una reducción respecto al 5.7% de 2024, pero todavía un nivel elevado para una economía que este año crecerá apenas 0.5% y se espera que el año entrante crezca apenas crece entre 1.8% y 2.8%, según la Secretaría de Hacienda.
El endeudamiento no solo se concentra en el gobierno federal. La Ley de Ingresos autoriza también a Pemex a adquirir deuda interna por 160 mil millones de pesos y externa por 5 mil 342 millones de dólares, mientras que la Comisión Federal de Electricidad podrá endeudarse internamente por 8 mil 764 millones de dólares y externamente por casi mil millones más. Incluso la Ciudad de México podrá contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras de su presupuesto 2026. Es así que todas estas cifras confirman una estructura financiera basada en la expansión del crédito público a todos los niveles.
La deuda, por sí misma, no es un mal económico. Puede ser un instrumento útil si se destina a infraestructura y proyectos productivos que generen crecimiento futuro. El problema es cuando se usa para cubrir gasto corriente, financiar subsidios permanentes o sostener programas con baja rentabilidad social. Ese es el dilema mexicano. Buena parte del endeudamiento aprobado no se traduce en inversión, sino en la cobertura de un gasto que año con año aumenta por razones políticas más que económicas.
A la par del endeudamiento, la Ley de Ingresos 2026 incorpora una ola de aumentos en cuotas y derechos que contradice el discurso de que “no se subirán los impuestos”. Aunque formalmente no se crean nuevos gravámenes, sí se incrementan los existentes y se amplían los cobros a sectores específicos. Entre los más destacados, se aprobaron aumentos de 25% a cigarros y tabacos, y de 100% a productos con nicotina, incluyendo vapeadores. También se incrementan en 8% los videojuegos violentos, 67% las apuestas y sorteos, y 50% las apuestas realizadas fuera del país.
Las cuotas migratorias también subirán de manera significativa. Los permisos para residentes extranjeros aumentarán 109%, las certificaciones con vuelos de inspección crecerán 57%, y el cobro en aeródromos se elevará 39%. En materia de consumo, el IEPS a bebidas saborizadas, sueros orales y bebidas con edulcorantes no calóricos aumentará en $3 pesos por litro, mientras que los precios de acceso a museos, zonas arqueológicas, permisos turísticos y certificados sanitarios también tendrán ajustes al alza.
En los hechos, todo indica a que el paquete económico 2026 recaudará más y cobrará más, trasladando el peso del gasto público a los consumidores. El gobierno insiste en que la estabilidad fiscal está garantizada, pero la realidad es que lo que se presenta como prudencia recaudatoria es, en el fondo, una expansión del Estado financiada con crédito y con mayores cargas al consumo.
Además de los incrementos, el Congreso introdujo tres modificaciones importantes en materia tributaria. La primera autoriza al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a establecer reglas para que los bancos puedan deducir del ISR los créditos no recuperables, facilitando la depuración de su cartera vencida. La segunda elimina la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA cobrado a sus clientes, lo que busca evitar una práctica detectada por el SAT en la que se apropiaban indebidamente de impuestos pagados a talleres y proveedores. Y la tercera otorga a los contribuyentes con créditos fiscales un plazo de seis meses para garantizar el total de sus adeudos mediante un billete de depósito equivalente al monto de su deuda.
Sin embargo, la modificación más polémica fue la negociación entre el gobierno y las aseguradoras, que derivó en lo que se calificó como un “estímulo fiscal” por 180 mil millones de pesos. El acuerdo implica que las compañías podrán condonar cuatro de los cinco años acumulados de IVA en litigio, siempre y cuando paguen el 10% restante y se desistan de los juicios antes de que termine 2024. Para la oposición, se trata de una condonación disfrazada, ya que las condonaciones están prohibidas por la Constitución desde 2020.
La paradoja es evidente. Mientras el Estado vuelve a endeudarse para financiar su gasto, concede beneficios fiscales a las aseguradoras bajo el argumento de cerrar litigios pendientes. Es cierto que, de no hacerlo, las compañías habrían terminado trasladando el costo a sus usuarios mediante primas más altas, pero la medida sigue implicando una renuncia recaudatoria en un momento en que las finanzas públicas dependen cada vez más del crédito. En un entorno donde el déficit se cubre con deuda, cada ingreso que se deja de cobrar se convierte, en última instancia, en deuda adicional.
El dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda también autoriza al Ejecutivo federal a contratar catorce proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la CFE por más de 32 mil millones de pesos, bajo la figura de inversión directa. Adicionalmente, se mantiene el estímulo fiscal a la importación de diésel y biodiésel para maquinaria, así como un acreditamiento del 50 por ciento de los gastos en autopistas de cuota para el transporte público y de carga. Estos incentivos, en apariencia técnicos, forman parte de una estrategia más amplia para mantener operativos sectores clave sin reducir su carga fiscal nominal.
Los defensores de la Ley de Ingresos aseguran que con estas medidas se fortalece la recaudación federal participable, estimada en 5.33 billones de pesos, y se mantienen las metas de sostenibilidad sin recurrir a nuevos impuestos. No obstante, el diseño general del paquete económico pone en evidencia que México no está creciendo lo suficiente para sostener su nivel de gasto, y por tanto, la deuda se convierte en el eje que equilibra el presupuesto.
México se encuentra en una encrucijada. Endeudarse para crecer puede ser legítimo, pero endeudarse para sostener el gasto corriente es una política que genera fragilidad estructural. La deuda es una promesa que se paga con el futuro, y ese futuro hoy se está comprometiendo sin un plan de retorno.
El siguiente paso será en el Senado de la República, que tendrá hasta el 31 de octubre para revisar, ajustar y aprobar lo que votó la Cámara de Diputados. Pero el desenlace es previsible: el paquete económico pasará con cambios menores. Pero el fondo no cambia. El país está entrando a una nueva etapa en la que la deuda sustituye al crecimiento, y esa es la combinación más peligrosa para cualquier nación.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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