México enfrenta un serio problema fiscal, y cada vez le cuesta más trabajo al gobierno ocultarlo mediante discursos de responsabilidad o de una estabilidad financiera que, evidentemente, no resiste el análisis más básico del presupuesto. Desde 2023, el país ha estado destinando muchos más recursos a pagar intereses de su deuda que a desarrollar su infraestructura, impulsar obra pública o fortalecer su capacidad de crecimiento. Esto va más allá de ser solo un asunto técnico; lo que hay detrás es un claro mensaje político y económico: el gasto corriente del presente está destruyendo la competitividad del futuro.
Los datos oficiales son contundentes. Tan solo entre enero y septiembre de 2025, el país pagó 960 mil millones de pesos en intereses, comisiones y costos asociados a la deuda pública. ¡Esto equivale a 3 mil 516 millones de pesos diarios! Cada 24 horas se va más dinero en servicio financiero que en carreteras, hospitales, escuelas o infraestructura productiva. Esta tendencia viene de años atrás, pero ya se ha vuelto un problema insostenible.
La propia Secretaría de Hacienda reconoció que, mientras el gasto primario (todo lo que el gobierno gasta para operar, invertir y proveer servicios públicos) cayó 4.3%, el costo financiero de la deuda aumentó 8.6% anual. Eso significa que el ajuste del gasto no está corrigiendo el déficit: está recortando áreas estratégicas de la economía sin lograr contener la presión de los intereses, que siguen absorbiendo recursos de manera creciente y automática en beneficio del sector financiero. Los datos oficiales de los primeros nueve meses de cada año confirman esta radiografía: En 2021 la inversión física fue de 493.2 miles de millones de pesos y el costo financiero ascendió a 427.7; en 2022 la inversión física fue de 613.8 contra un costo de 561.5; en 2023 la inversión llegó a 664.6 mientras los intereses escalaron hasta 758.2; en 2024 se alcanzó el máximo reciente con 811.9 de inversión frente a 851.9 de costo financiero; y en 2025 se desplomó la inversión a 568.9 miles de millones mientras los intereses treparon a 960.0. La tendencia es muy clara y denota que en términos nominales, la inversión física alcanzó su mayor nivel en 2024 y después cayó abruptamente, mientras el costo financiero no dejó de aumentar en ningún año. El cruce ocurrió en 2023, pero la distancia de 2025 es monumental. Hoy, por cada peso invertido en infraestructura, se pagan casi dos pesos en intereses. Ese es el verdadero rostro del lastre llamado deuda pública.
La carga de la deuda ya supera a la inversión y la economía se está descapitalizando
Es así que el dato más revelador y más preocupante es que hasta septiembre de 2025, los intereses de la deuda pública alcanzaron 960 mil 47 millones de pesos, mientras la inversión física del sector público fue de 568 mil 886 millones. La brecha es de 68.8%, una diferencia histórica que confirma que México está gastando mucho más en honrar sus pasivos financieros que en crear activos públicos nuevos. Esto equivale al uso de una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta, mientras se deja de invertir en la propia casa, negocio o herramientas de trabajo. La falta de inversión por parte del Estado significa, en términos simples, que el país está erosionando su capacidad futura de crecimiento.
Y no se trata sólo del Gobierno Federal. La deuda total del sector público —que abarca al gobierno, a las empresas productivas del Estado y a los organismos de fomento— ya alcanza 18.02 billones de pesos, equivalentes a casi el 50% del PIB. Aunque esta cifra se compara favorablemente frente a estándares internacionales, es un desastre para la economía mexicana, caracterizada por bajo crecimiento, baja recaudación tributaria y altos compromisos de gasto rígido. Además, es una deuda que ha venido aumentando más rápido de lo que crece la economía, lo que implica que cada año se requerirá más presupuesto para mantenerla sin que ello genere beneficios adicionales.
Los datos financieros confirman esta tendencia. La deuda del Gobierno Federal consumió 797 mil 302 millones de pesos, creciendo 6.9% anual. Los pagos de Pemex registraron un incremento real de 19% en un año, alcanzando 130 mil 970 millones de pesos, una cifra muy superior a los 31 mil 775 millones que absorbió la CFE. Los intereses pagados en pesos sumaron 731 mil 914 millones, 8.7% más que el año anterior, mientras que la deuda externa costó 228 mil 134 millones, incrementándose 8.5%. No hay componente que no esté subiendo. La presión es transversal, estructural y persistente. Pemex, el Gobierno Federal, la deuda interna y la externa, todo apunta en la misma dirección por lo que se requerirán cada vez más recursos comprometidos a lo financiero y menos a lo productivo.
El costo financiero devora el espacio fiscal y cada peso en intereses desplaza desarrollo
Cuando el costo financiero crece más que la economía, más que los ingresos del gobierno y más que cualquier otro rubro presupuestal, el resultado inevitable es una pérdida de capacidad del Estado para impulsar el desarrollo. No se trata sólo del monto, sino de la estructura que obliga a sacrificar aquello que sí genera crecimiento para sostener aquello que sólo mantiene la deuda al día.
México ha caído en un círculo vicioso en el que el déficit crece, la deuda aumenta y, aun con la rápida baja de tasas, el costo financiero sigue al alza. Esto ha ido desplazando a la inversión pública, debilitando el crecimiento y alimentando un entorno de estancamiento. La recaudación fiscal ha crecido este año, sí, pero no por mayor actividad económica, sino porque el SAT ha intensificado el cobro de adeudos anteriores —a medida que más contribuyentes han perdido juicios— y porque ha encontrado nuevas fuentes de ingreso, especialmente al mejorar la recaudación en comercio exterior y el cobro correcto de impuestos a la importación. En otras palabras: la base recaudatoria no se está expandiendo, solo se está exprimiendo la misma base sin ampliarla. Y eso, a la larga, aumenta la necesidad de más endeudamiento.
La Secretaría de Hacienda intentó contener el déficit mediante recortes, pero lo hizo en el lugar equivocado. Mientras el gasto primario —que incluye educación, salud, infraestructura y programas productivos— cayó 4.3%, el costo financiero siguió creciendo sin freno. En la práctica, el ajuste fiscal se ha aplicado sobre el músculo productivo del Estado, no sobre sus obligaciones ineludibles como los pagos de pensiones. El gobierno ha reducido lo que puede impulsar desarrollo y se mantiene creciendo lo que le genera votos y lo que preserva la estabilidad contable. El resultado es un país que ha dejado de crecer y que además, invierte cada vez menos en su futuro.
Conclusiones
El país está destinando más recursos a pagar intereses que a construir futuro, y esa tendencia se ha vuelto estructural. La inversión pública cayó de manera abrupta en 2025, mientras el costo financiero llegó a su máximo histórico. La brecha es tan grande que hoy, por cada peso invertido, se pagan casi dos pesos en intereses. Esa desproporción explica el estancamiento económico, la falta de dinamismo y la ausencia de infraestructura nueva que permita al país elevar su competitividad.
México no enfrenta un problema de deuda impagable, pero sí una estructura fiscal donde el peso de los intereses desplaza inversión, limita desarrollo, encarece el financiamiento y recorta el espacio para políticas públicas útiles. Sin una corrección de fondo, el país seguirá atrapado en un modelo donde la deuda crece más rápido que la economía y donde el presupuesto público se consume en sostener el pasado en lugar de construir el futuro. El reto más importante es revertir esta inercia y reconstruir la capacidad del Estado para invertir, contener el gasto financiero y volver a poner el crecimiento en el centro de la política económica. Mientras eso no ocurra, México continuará pagando más por su deuda que por su desarrollo, y ese es el verdadero costo de la década.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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