Digitalización forzada, exclusión económica y el riesgo de perder la libertad financiera
En México, la discusión sobre el futuro del dinero ha dejado de ser una conversación técnica para convertirse en una decisión eminentemente política y social. La reciente intención del gobierno federal de eliminar el uso de efectivo en pagos de casetas de peaje y gasolinas —anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la 89 Convención Bancaria, donde planteó avanzar hacia pagos 100% digitales obligatorios en estos servicios— es una medida con la que se inicia el proceso de transformación estructural en la forma en que los ciudadanos pueden utilizar su propio dinero.
El argumento oficial parece sólido. Se busca combatir la evasión, reducir pérdidas millonarias —como los más de 1,500 millones de pesos anuales en casetas o los más de 23 mil millones en robo de combustibles— y acelerar la digitalización del país. Nadie podría oponerse a esos objetivos porque México necesita urgentemente cerrar espacios a la ilegalidad y fortalecer sus finanzas públicas.
Sin embargo, el problema no está en el diagnóstico, sino en la solución. Porque obligar a digitalizar pagos en sectores esenciales no es modernizar la economía: es forzarla cuando no existen las condiciones para ello. Es ignorar la realidad estructural del país y, más grave aún, es abrir la puerta a un modelo donde el dinero deja de ser un instrumento de libertad para convertirse en un mecanismo completamente intermediado, monitoreado y potencialmente controlado.
Entonces, lo que se presenta como modernidad puede terminar siendo un instrumento de control. Y lo que se vende como eficiencia puede convertirse en dependencia.
La realidad económica que hace inviable la eliminación del efectivo
México no es una economía lista para prescindir del efectivo. Es un país profundamente desigual, con una estructura productiva fragmentada y con amplias brechas de inclusión financiera y digital. En este contexto, el extendido uso del efectivo no es un rezago sino un componente esencial del funcionamiento económico.
Hoy, el efectivo representa cerca del 70% de las transacciones entre la población bancarizada y hasta el 88% entre quienes no lo están. En compras menores a 500 pesos, más del 85% de los mexicanos utiliza efectivo como principal medio de pago. Entonces no se trata de resistencia al cambio, sino de condiciones reales de la economía mexicana.
Más de la mitad de la población ocupada —alrededor del 56%— trabaja en la informalidad, y esta representa cerca del 25.4% del PIB. Esto significa que millones de personas operan fuera del sistema financiero formal, no por elección, sino porque el propio sistema no les ofrece condiciones de acceso viables. A esto se suma una brecha digital persistente porque cuatro de cada diez personas en zonas rurales no tienen acceso a internet, lo que limita de forma estructural el uso de pagos digitales.
En este entorno, eliminar el efectivo en servicios esenciales como gasolinas y casetas implica una exclusión directa. Implica asumir que todos los mexicanos tienen cuenta bancaria, acceso a internet, dispositivos móviles funcionales y habilidades digitales suficientes. Nada más alejado de la realidad.
El problema se agrava cuando se observa la infraestructura disponible. Herramientas como CoDi y DiMo, promovidas como soluciones de pago digital, tienen niveles de adopción marginal. Su uso cotidiano es limitado, lo que refleja problemas de usabilidad, confianza e integración en la vida diaria. Es decir, el gobierno pretende obligar a la población a utilizar sistemas que ni siquiera han logrado consolidarse.
Además, la estructura empresarial del país refuerza esta dependencia del efectivo. México está dominado por micronegocios que operan con márgenes reducidos, liquidez diaria y baja capacidad tecnológica. Solo el 13.5% de las microempresas acepta pagos electrónicos. Para estos negocios, el efectivo no es solo una forma de pago: es una herramienta operativa que evita comisiones, reduce riesgos y permite continuidad.
Pretender eliminar el efectivo en puntos críticos no reducirá la informalidad ni la ilegalidad. Lo que hará es desplazarla, distorsionarla o, en el peor de los casos, excluir a quienes no puedan adaptarse. Por lo tanto podemos asegurar que es una solución simplista a un problema estructural complejo.
Más allá de la eficiencia: control, datos y el derecho a transaccionar
Pero incluso si México estuviera listo —que no lo está—, la discusión no debería limitarse a la eficiencia de los sistemas de pago. Hay un tema mucho más relevante que está completamente ausente del debate público y me refiero al derecho a transaccionar y el papel del dinero como instrumento de libertad.
El efectivo tiene una característica fundamental que lo diferencia de cualquier sistema digital: no requiere intermediarios. Dos personas pueden intercambiar valor sin la intervención de terceros, sin comisiones y sin generar un registro digital. Esa simplicidad no es un defecto, es una virtud.
En contraste, cada transacción digital pasa por múltiples capas: bancos, procesadores de pago, plataformas tecnológicas. Cada operación genera datos, deja rastro y tiene un costo implícito. Este modelo no es neutral. Representa un sistema donde cada peso que se mueve es visible, medible y potencialmente controlable.
Por eso, la eliminación del efectivo no es solo una cuestión tecnológica, es una reconfiguración del poder económico.
Cuando todo el dinero es digital:
- Cada transacción puede ser monitoreada
- Cada cuenta puede ser bloqueada
- Cada flujo puede ser condicionado
El efectivo, en cambio, no puede ser desactivado. No depende de la red eléctrica, de la conectividad o de la autorización de un intermediario. En contextos de crisis —desde desastres naturales hasta fallas tecnológicas— el efectivo sigue siendo funcional. Es, en muchos sentidos, la última línea de resiliencia del sistema económico. Basta ver lo ocurrido recientemente en la península ibérica, donde apagones prolongados dejaron a millones de personas sin acceso a sistemas electrónicos de pago, generando caos en comercios, transporte y servicios básicos; en ese tipo de escenarios, el efectivo deja de ser una opción y se convierte en una necesidad crítica.
Además, el efectivo no es solo eficiencia operativa, es inclusión. Millones de personas en México dependen de él para participar en la economía. Eliminarlo, o hacerlo inviable en espacios clave, equivale a restringir su capacidad de transacción.
Por eso, en otras economías, este debate ha tomado un rumbo distinto. Se ha comenzado a reconocer el uso del efectivo como un derecho económico básico, vinculado al concepto de “legal tender”: la obligación de aceptar el dinero emitido por el Estado como medio de pago válido. La discusión ya no es si el efectivo es eficiente, sino si los ciudadanos deben conservar la libertad de utilizarlo.
En México, en cambio, se está avanzando en sentido contrario. No se está protegiendo el derecho a elegir, sino reduciendo las opciones bajo el argumento de la modernización. Se está construyendo un entorno donde el efectivo no desaparece por obsolescencia, sino por diseño.
Y ese es el punto más delicado de toda esta discusión.
Porque esto no es solo una política pública mal diseñada. Es una decisión política que privilegia el control sobre la libertad económica.
Conclusiones
México necesita combatir la informalidad, reducir la evasión y cerrar espacios a la ilegalidad. Eso es incuestionable. La digitalización puede y debe ser parte de la solución, pero no cualquier forma de digitalización.
La medida de eliminar el efectivo en casetas y gasolinas no resuelve el problema de fondo. No corrige las fallas estructurales del sistema financiero, no reduce la desigualdad en el acceso y no fortalece la inclusión. Lo que hace es trasladar el costo de la transición a los ciudadanos, particularmente a los más vulnerables.
La digitalización no puede imponerse. Debe construirse.
Requiere infraestructura, confianza, educación financiera y sistemas interoperables que realmente funcionen. Requiere tiempo. Y, sobre todo, requiere reconocer que el efectivo sigue siendo una pieza fundamental del sistema económico mexicano.
Eliminarlo por decreto —o hacerlo inviable en sectores clave— no es modernizar al país. Es forzarlo a una transición para la cual no está preparado.
Pero más allá de la inviabilidad técnica, hay una implicación mucho más relevante. Cuando el efectivo deja de ser una opción, el dinero deja de ser completamente tuyo. Pasa a depender de sistemas, plataformas e intermediarios que pueden, en cualquier momento, condicionar su uso.
Y ahí es donde la discusión cambia ya que entonces el problema deja de ser cómo pagas.
El problema es quién decide si puedes hacerlo.
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Este análisis forma parte del contenido abierto que publicamos en Economex.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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Buen análisis, ya que en muchos foros solo se platica sobre la migración digital, pero se deja a un lado el enfoque real de las condiciones de nuestro país y menos se plantea una estrategia integral que avance por las 2 vías. Saludos