Categoría: Economía de México

Deterioro de los ingresos y de la confianza del consumidor

1453305Entre los determinantes más importantes de la fortaleza del mercado interno están el poder adquisitivo de los consumidores y el nivel de confianza que éstos tienen. En la medida en que en un país aumenta la población ocupada y el nivel salarial promedio de ésta se eleva en términos reales, habrá una mayor masa salarial para la adquisición de bienes y servicios. Por su parte, es de esperarse que si la confianza del consumidor aumenta entonces las personas se sentirán más animadas para realizar compras, sobre todo de bienes duraderos como refrigeradores, automóviles, lavadoras, televisiones, entre otros.

 

A continuación presento el análisis de cómo se han comportado estas dos variables (ingresos de la población ocupada y nivel de confianza del consumidor) en el comparativo de 2017 respecto a 2012, y lamentablemente veremos que las cosas no marchan de manera óptima, lo cual limita las posibilidades de crecimiento y explica buena parte de la razón por la que la tasa de crecimiento promedio del PIB en el sexenio del presidente Peña Nieto es de apenas 2.16 por ciento.

 

Respecto al primer punto, tenemos que los ingresos promedio de la población ocupada muestran un estancamiento en el periodo del primer semestre de 2012 al mismo semestre de 2017. De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI, en el primer semestre de 2012 había en México una población ocupada de 48.364 millones de personas, de las cuales el 13.6% percibían hasta 1 salario mínimo, el 23.7% entre 1 y 2 salarios mínimos, el 22.0% entre 2 y 3 salarios mínimos, el 15.1% entre 3 y 5 salarios mínimos, sólo el 8.0% más de 5 salarios mínimos, el 7.8% no recibía ingresos y el restante 9.7% no estaba especificado. Para el primer semestre de 2017 la población ocupada fue de 52.029 millones de personas, de las cuales el 14.4% ganan hasta un salario mínimo, el 27.3% entre 1 y 2 salarios mínimos, el 21.3% entre 2 y 3 salarios mínimos, el 12.6% entre 3 y 5 salarios mínimos, apenas el 5.3% más de 5 salarios mínimos, el 6.2% no recibe ingresos y el 12.9% no estaba especificado.

 

Esto significa que entre el primer semestre de 2012 y el mismo semestre de 2017 la población ocupada total creció en 7.6%, lo cual es un buen dato; sin embargo, los que ganan menos de 1 salario mínimo aumentaron en 14.1%, los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos crecieron en 23.6%, y los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos subieron 4.3%. Lamentablemente los que ganan de 3 a 5 salarios mínimos disminuyeron -10.1% y los que perciben más de 5 salarios mínimos decrecieron -29.6%. Pero otro buen dato es que los que no perciben ingresos disminuyeron -14.5%. Finalmente, los no especificados aumentaron en 42.9%, seguramente por la falta de confianza de decirle al encuestador cual es su nivel de percepciones.

 

Estos datos son indicativos de que la población ocupada en México pasó de ganar un promedio de 2.46 salarios mínimos en el primer semestre de 2012 a ganar un promedio de 2.25 salarios mínimos en el primer semestre de 2017. Uno puede asumir que esto es normal, dado que en el periodo el salario mínimo creció significativamente al pasar de 60.50 a 80.04 pesos, lo que representa un aumento de 32.3%. Esto provoca que en términos nominales el salario promedio de la población ocupada en México pasara de 148.90 pesos diarios en el primer semestre de 2012 a un promedio de 179.85 pesos diarios en el primer semestre de 2017, lo que implica un incremento nominal de 20.8 por ciento.

 

Sin embargo, cuando tomamos en consideración que la inflación en el periodo fue de 20.6%, pues entonces nos queda que en términos reales el salario promedio de la población ocupada en México creció sólo 0.2% en el periodo del primer semestre de 2012 al mismo semestre de 2017. ¿Entonces porque el gobierno nos habla de que el fortalecimiento del mercado interno ha sido pilar del crecimiento económico en un contexto internacional complicado?

 

Pues lo que sucede es que la población ocupada total ha venido aumentando en promedio 732,886 personas por año en los últimos cinco años y eso es lo que provoca que cada vez haya mayor masa salarial disponible para gastar; aunque como ya se señaló, eso no significa que la población en su conjunto ahora tenga más ingresos reales para poder gastar. Así pues, en resumen, lo que tenemos es que entre 2012 y 2017 la población ocupada gana lo mismo en términos reales, pero hay 3.664 millones de personas adicionales trabajando.

 

Ahora, respecto al nivel de confianza de los consumidores, podemos decir que en lo que va del sexenio éste se ha deteriorado de forma sustancial.

 

De acuerdo a cifras del INEGI, en el comparativo de los primeros ocho meses de 2017 respecto a los mismos meses de 2012, tenemos que el índice de Confianza del Consumidor ha disminuido en -14.0%. Esto denota mayor pesimismo por parte de los consumidores, lo que provoca que éstos cuiden más su gasto ante la percepción de que la situación económica presente y futura no está bien.

 

La fuerte disminución en la confianza del consumidor es el resultado de caídas en los diferentes componentes del índice, los cuales menciono a continuación:

 

En cuanto a la pregunta que hace el INEGI “Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?”, esta presenta una caída de -2.1% en el comparativo de 2017 respecto a 2012; en relación a la pregunta “¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?”, ésta tiene una disminución de -9.2%; respecto a la pregunta “¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?”, ésta es de las que mayor deterioro observa y muestra una caída de -22.6%; y en cuanto a la pregunta “¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto a la actual situación?”, ésta es la de peor desempeño ya que muestra con una caída de -28.3 por ciento.

 

Queda claro entonces que los consumidores se sienten pesimistas respecto a su situación económica, pero el pesimismo es aún mayor cuando se trata de la situación económica del país, lo que es indicativo de una percepción de que las políticas económicas llevadas a cabo no son las correctas. Factores como la elevada inflación que estamos padeciendo, las dudas respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la creación de miles de empleos inadecuadamente remunerados cada año, los temas de inseguridad, entre otros, seguramente inciden en que las personas no tengan confianza hacía el futuro, como si la tenían en el año 2013, cuando se observaron los índices de confianza más elevados de los últimos cinco años.

 

A manera de conclusión podemos señalar que es indispensable que el gobierno federal pueda dar un mayor impulso a la economía de las familias, y esto se puede lograr con programas más agresivos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales constituyen el 98% de las unidades económicas del país y dan empleo a más del 70% de la población ocupada.

 

En este sentido se debe cuidar que en el Presupuesto de Egresos de 2018 se le doten de mayores recursos al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y al Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), para que pueda dar más apoyos que incentiven la creación, el desarrollo y la productividad de las empresas; en especial las de jóvenes y mujeres.

 

De igual forma, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben trabajar con los empresarios, para impulsar programas de capacitación de aquellas personas que forman parte de la población económicamente inactiva, y que están en posibilidades de trabajar, pero no lo hacen porque no cuentan con las habilidades suficientes. En este rubro también es pertinente sugerir que se eliminen aquellos incentivos perversos que hacen que muchas personas no quieran trabajar, ya que si trabajan pierden el apoyo que reciben del gobierno.

Alejandro Gómez Tamez

Director General GAEAP

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

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Los entresijos del Paquete Económico 2018

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El Srio. de Hacienda, José Antonio Meade, hace entrega del Paquete Económico 2018 

El viernes 8 de septiembre, conforme a los tiempos legales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2018, el cual está compuesto por la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

 

De manera general los comentarios respecto a este Paquete han sido positivos porque se espera que el superávit económico primario pase de un aprobado de 78.190 miles de millones de pesos (mmdp) en 2017 a un propuesto de 197.295 mmdp en 2018. Esto es una muestra de que se mantiene el compromiso de mejorar la situación de las finanzas públicas, después del irresponsable y explosivo crecimiento de la deuda del sector público en los primeros cuatro años de la Administración del presidente Peña Nieto.

 

Hay que recordar que el saldo de la deuda neta del sector público pasó de 5.35 billones de pesos en diciembre de 2012 a 9.69 billones de pesos en el mismo mes de 2016, lo que representó un aumento de 4.34 billones, o bien un incremento promedio diario de 2.972 mmdp por día en el periodo. Afortunadamente después de la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y la llegada de Jose Antonio Meade, y sobre todo gracias al remanente de operación del Banco de México, el ritmo de crecimiento de la deuda pública se ha moderado y ésta suma 9.29 billones de pesos al 31 de julio de 2017.

 

No obstante lo anterior, es preocupante lo que se puede ver en algunos rubros del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, como es el caso del costo financiero de la deuda (los intereses que se pagan por la deuda), tal como se explica a continuación:

 

En el Paquete Económico 2018, se hace un pronóstico de que el costo financiero del sector público pasará de un aprobado de 573.063 miles de millones de pesos (mmdp) en 2017 a un estimado de 663.980 mmdp en 2018, lo que representa un incremento nominal de 15.86%. De esta manera, este costo pasará de representar el 2.7% del PIB en 2017 a ser 2.9% en 2018.  Esto significa que habrá menor disponibilidad de recursos para infraestructura, combate a la pobreza, seguridad pública, apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), entre otros rubros de gasto que son muy importantes.

 

El mencionar una cifra de gasto de casi 664 mmdp en intereses, carece de sentido para muchos ya que es una cifra enorme, pero representa el pagar un promedio de 1.82 miles de millones de pesos diarios de intereses, o bien, casi 76 millones de pesos por hora. Puesto de otra forma, lo que nos cuesta pagar los intereses de la deuda representa la totalidad del PIB anual del estado de Chihuahua.

 

No obstante lo anterior, hay quienes dicen que el costo financiero del sector público es muy manejable porque representa menos del 3% del PIB. Considero que no tienen razón ya que desde mi punto de vista resulta mejor analizar el costo financiero de la deuda del sector público como porcentaje de los ingresos presupuestarios, y en ese sentido vemos que éste habría pasado de 13.14% en 2017 a un estimado de 14.02% en 2018. ¿Cree usted que es sano que una familia destine 14 centavos de cada peso que recibe de ingresos exclusivamente al pago de los intereses de sus deudas y que a pesar de este erogación cada vez este más y más endeudada?

 

Otra comparación interesante que ilustra lo costosa que resulta la deuda pública de México surge al ver que de acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, en Estados Unidos el gasto en intereses por su deuda pública sumó $432.649 miles de millones de dólares (mmdd) en 2016, mientras que su PIB nominal fue de 18.57 billones de dólares, por lo que allá su costo financiero representa solo el 2.32% de su PIB, es decir, menos que en México. En su año fiscal 2017 su gasto de intereses por su deuda será de 434.628 mmdd y su PIB será de más de 19 billones de dólares, por lo que su costo financiero como porcentaje del PIB será de aproximadamente 2.2% de su PIB. Esto a pesar de que en el vecino del norte, su deuda pública representó el 77% de su PIB al cierre del año fiscal 2016.

 

Otro punto que se debe destacar es que no obstante el planteamiento de un mayor superávit primario del sector público federal (es el resultante de los ingresos menos los gastos excluyendo los gastos por intereses sobre la deuda), en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se señala que el balance presupuestario esperado será de un déficit de 466.684 mmdp, cifra que equivale a 2.0% del PIB.  Esta cifra es producto de una estimación de ingresos presupuestarios estimados de 4.735 billones de pesos y de un gasto neto pagado esperado de 5.201 billones de pesos.

 

Esto significa que el año que viene nuevamente nos volveremos a endeudar, y en esta ocasión será por casi medio billón de pesos; y en este contexto hay que tener presente que en 2018 posiblemente no habrá remanente de operación del Banxico (dado que el peso se ha fortalecido respecto a hace un año) que venga a apuntalar las finanzas públicas como si lo hubo en 2016.

 

De esta manera, es altamente probable que en el 2018 veamos que la deuda del sector público llegue a los 10 billones de pesos; aunque de acuerdo con las previsiones de la SHCP, dado el incremento nominal del PIB en 2017 y el esperado en 2018, se prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia de la deuda total del sector público) pasé de representar cerca del 50% en 2016 a 48.0% en 2017 a 47.3% en 2018. Esto puesto de otra forma implica que la estrategia del gobierno no consiste en disminuir nominalmente la deuda del sector público, sino procurar que ésta crezca menos que el PIB de manera que su peso relativo vaya disminuyendo al paso de los años.

 

Un último punto que vale la pena señalar es que en los Criterios Generales de Política Económica 2018, se establece que la tasa de interés de los Cetes a 28 días promedio en 2017 será de 6.7% y que ésta será de 7.0% en 2018. Cabe señalar que actualmente, la tasa de interés de dichos instrumentos es de 6.98%, mientras que la tasa de interés objetivo del Banxico es de 7.0 por ciento, por lo que la estimación gubernamental para 2018 está asumiendo que no habrá más incrementos de tasa en 2018 o bien, que si los hubiera, sería en el mismo 2018 cuando el Banxico comenzaría la baja de tasas. Sea como sea, me parece una estimación de tasas de interés por demás arriesgada y un tanto irreal.

 

Esto es importante, porque si se da un aumento de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés promedio que paga el sector público en 2018, esto implicará un desembolso adicional de recursos por unos 24 mmdp, lo que sin duda provocaría que se dieran recortes adicionales al gasto o bien, que no se respete la meta de incremento en la deuda pública de casi 467 mmdp en 2018.

 

A manera de conclusión podemos señalar que es aplaudible que el gobierno federal se preocupe por recuperar el orden en las finanzas públicas; sin embargo, es una pena que habiendo tantas necesidades, tengamos que destinar 14 centavos de cada peso para pagar los intereses de la deuda. Es cierto que tenemos una deuda, como porcentaje del PIB, más baja que en Estados Unidos, pero los problemas inflacionarios causados por la depreciación cambiaria y el “gasolinazo” causaron un aumento de la inflación  que provocó una fuerte alza en la tasa de interés objetivo del Banxico. Esto combinado con un crecimiento explosivo de la deuda, provoca que ahora tengamos que gastar más en intereses de la deuda que en las cosas más importantes como promoción de las mipymes, combate a la pobreza, desarrollo de infraestructura, entre otros. El balón ahora está en la cancha del Legislativo, veremos que cambios hacen a la Propuesta que les envió el Ejecutivo, dado que no hay que olvidar que el año que viene es electoral y habrá una gran tentación por subir el gasto público.

Alejandro Gómez Tamez

Director General GAEAP

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt