Los riesgos de 2019: Consultas populares e inflación

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El Banxico ha advertido de diversos riesgos a los que se enfrentará la economía mexicana en 2019

El 2019 será un año de importantes riesgos de diversa índole, los que de materializarse tendrán un impacto importante en el desempeño económico nacional, tanto en crecimiento de la producción como del empleo y la estabilidad de precios.

En los Criterios Generales de Política Económica 2019 se estableció una meta de crecimiento del PIB para el año que recién comienza de 2.0%, tasa más baja comparada con el 2.3% al que habría crecido la economía nacional en 2018. Al mediocre crecimiento esperado para este año, hay que sumarle el hecho de que nuestro país está entrando en “un periodo político peligroso”. De acuerdo con un artículo publicado el 3 de enero de este año, en el portal de Forbes, y titulado “The U.S. Economy in 2019: Challenges And Lower Expectations” (La economía de Estados Unidos en 2019: Retos y Menores Expectativas), los votantes mexicanos, quienes inclusive están más disgustados con los partidos políticos que los votantes de los Estados Unidos y el Reino Unido, eligieron a un presidente de izquierda populista que llegó al poder con un clima económico afectado por un extremadamente débil estado de derecho. Menciona que México ocupa la posición 135 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Además ocupa el lugar 95 de 113 países en cuanto a Estado de Derecho por parte del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project). La publicación afirma que dado lo anterior, el potencial para un desempeño negativo en 2019 por parte de México es enorme.

Por otra parte, al evaluar una economía debemos poner atención en su grado de libertad económica. Las economías más libres tienden a ser más prósperas y de acuerdo a la Fundación Heritage, en el año 2018 México ocupó la posición 63 de 180 países y regiones, con una calificación de 64.8, cifra 1.2 puntos superior a la observada en la pasada medición. Esto ubica a México en la categoría de economía “moderadamente libre” y en un nivel similar al de Filipinas, Jordania, Eslovenia y Albania.  Cabe señalar que los tres primeros lugares en este índice fueron ocupados por (entre paréntesis se menciona la claificación obtenida): Hong Kong (90.2), Singapur (88.8) y Nueva Zelanda (84.2); mientras que los tres peores lugares fueron para: Cuba (31.9), Venezuela (25.2) y Corea del Norte (5.8). Curiosamente dos de los tres peores países en libertad económica son admirados por varios de los nuevos liderazgos políticos en México.

Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, todo parece indicar que esta calificación comenzará a caer, y lo hará en parte por el mayor riesgo asociado a invertir en México. Concretamente tenemos el riesgo que representa una eventual reforma constitucional al artículo 35 para quitar los “candados” a las consultas populares. Se espera que el Congreso de la Unión aborde esta iniciativa en el próximo periodo de sesiones y logre los consensos para avalar dicha reforma. A continuación explico el tema.

Consultas populares

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Morena busca reglamentar las Consultas Populares, lo que podría convertirse en un riesgo para las inversiones en México.

Desde la llegada del nuevo gobierno federal, es innegable la percepción de un mayor riego para los inversionistas que quieren hacer negocios en México. Este riesgo para los inversionistas llega principalmente por la agenda populista del nuevo presidente. Las mayores fuentes de incertidumbre para las empresas nacionales y extranjeras serán las políticas que se implementen en materia energética por parte de López Obrador y su impulso para permitir consultas ciudadanas en una amplia gama de temas. El partido de Morena ya ha propuesto reformar la Constitución para que cualquier ciudadano, cualquier grupo de interés, o cualquier orden de gobierno (federal, estatal o municipal) pueda solicitar la realización de una consulta, inclusive de temas que la ley actualmente prohíbe que sean sujetos de consulta popular. Es así que la reforma energética, gasto social, inversión privada y medidas anticorrupción podrían ser temas que se vean en una boleta de una próxima consulta popular.

El gobierno de AMLO ve estos cambios como una manera de corregir una falla política y permitir al pueblo el tener una participación significativa más allá de las elecciones federales de cada tres años. Pero en la práctica, esta reforma tiene altas probabilidades de convertirse en una fuente de mayor incertidumbre para las inversiones y los negocios. Los inversionistas afectados por solicitudes de consultas podrían defenderse de dichas solicitudes en los tribunales. Sin embargo, los jueces podrían alinearse con la parte que busca la consulta popular, abriendo así el camino para dictar una sentencia  vinculante que estropee los planes de inversión de una compañía.

Las inversiones privadas que podrían afectar el medio ambiente o causar preocupaciones a la salud estarían en un mayor riego. Los votantes a nivel municipal, estatal o federal podrían detener algún proyecto supuestamente disruptivo, incluyendo petróleo, gas, construcción de ductos, e inclusive proyectos de energías limpias. Los grandes proyectos de transporte, tales como autopistas también estarían en peligro. Adicionalmente, los inversionistas podrían enfrentar los problemas legales ya cuando vayan bastante avanzados en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos. Si las consultas provocan que fracasen proyectos relevantes en materia energética y obras públicas, entonces los inversionistas considerarían a México como un destino más riesgoso para el capital y probablemente retrasen sus proyectos o de plano los cancelen.

Riesgos para proyectos energéticos

Para las inversiones en proyectos energéticos, la amenaza es mucho más grande. Además de ser un objetivo probable de las consultas populares, se enfrentan a un presidente de la República que tiene una imagen en general negativa de las reformas de 2013. Morena y sus aliados actualmente carecen de los votos suficientes que necesita en el Senado para echar para atrás partes sustanciales de dichas reformas, por lo que el camino por la vía del Legislativo está bloqueado por el momento. Pero la administración de AMLO de todas maneras tiene la intención de moldear la política energética para ajustarla a sus prioridades políticas.

Para lograr esto, el nuevo gobierno probablemente intentará ajustar los requerimientos de contenido local y los términos de los contratos, lo que puede lograr sin cambios a la Constitución o inclusive en la legislación. También puede reducir el presupuesto anual de las dependencias gubernamentales que supervisan la política energética, como lo son: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Cabe recordar que la CNH supervisa las rondas de licitación de gas y petróleo para la exploración y producción; mientras que la CRE está encargada de emitir permisos para refinación, procesamiento, mercadeo y distribución. ASEA es la encargada de aprobar los permisos ambientales para las inversiones en toda la cadena de valor.

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El dotarle de menos recursos a la CRE, CNH y ASEA puede ser una forma de incidir en la política energética del país.

El recortarle sus presupuestos probablemente conduzca a despidos de empleados profesionales de estas dependencias; lo que será exacerbado por la orden presidencial de limitar los sueldos a los empleados públicos. De esta manera, sin un esfuerzo amplio por modificar la Constitución o el marco legal, AMLO podría frenar la inversión privada en el sector energético mexicano durante años al disminuir el tamaño y la eficiencia de los órganos reguladores de energía.

Los riesgos que ve el Banco de México

Ahora, en cuanto a política monetaria y los riesgos asociados a la inflación. Cabe recordar que en su pasada reunión del 20 de diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar su tasa de tasa de interés objetivo a 8.25%. Esta decisión, que sin duda daña la inversión productiva nacional, e incrementa el costo financiero de la deuda del gobierno, empresas y hogares, fue tomada por los riesgos que también observa el banco central mexicano para el 2019.

En la minuta publicada de la reunión de la más reciente Junta de Gobierno del Banxico se mencionan algunos de los riesgos que durante este año podrían generar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entre ellos se encuentra el menor ritmo de crecimiento económico, aunado a la posibilidad de un deterioro adicional en la confianza de los hogares y los negocios derivado de las tensiones comerciales de Estados Unidos con otros países del mundo. Menciona que en particular, si bien China y Estados Unidos acordaron una tregua en materia comercial, prevalece la incertidumbre sobre si efectivamente se logrará un acuerdo de largo plazo que evite un deterioro en el dinamismo económico y una afectación en las cadenas de producción a nivel global. Además, prevalece una serie de eventos de riesgo de índole política entre los que destacan las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, la negociación del presupuesto fiscal en Italia y otros eventos idiosincrásicos en países emergentes. También señala que las altas valuaciones de algunos activos financieros y el alto apalancamiento del sector corporativo en algunos países avanzados siguen siendo un riesgo latente.

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El lenguaje de la última minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banxico denota una profunda preocupación.

Por su parte, en la misma minuta se hace mención a los riesgos que enfrenta nuestro país en cuanto a control de la inflación, entre los que destacan los siguientes: a. Que la cotización de la moneda nacional continúe siendo presionada tanto por factores externos, como internos; b. Considerando la magnitud de los aumentos al salario mínimo recientemente anunciados, además de su posible impacto directo, se enfrenta el riesgo de que estos propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios; c. Que persistan presiones en los precios de los productos agropecuarios o que se den nuevos incrementos en los precios de los energéticos; d. Que se presente un escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global; e. Que se registre un deterioro de las finanzas públicas; f. Por los choques observados y los niveles que ha alcanzado la inflación, existe el riesgo de que se presenten efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios; g. A lo anterior se suman riesgos de carácter estructural derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en el proceso de formación de precios en la economía.

Dado todo lo anterior, el Banxico considera que al arranque de 2019 el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante sesgo al alza, en un entorno de marcada incertidumbre. En este sentido es de esperarse que en la medida en que se materializan algunos de los riesgos arriba mencionados y la tasa de inflación se mantiene fuera del objetivo del Banxico, veamos una mayor restricción monetaria que se traducirá en mayores tasas de interés, con el consecuente efecto negativo por el mayor costo financiero de las deudas, menor inversión productiva, menos dinamismo del sector construcción, menor venta de automóviles, entre otros.

Es así que el escenario para el 2019 es complicado, parece que la economía está en una posición de enorme debilidad, lo que es exacerbado por el débil estado de derecho y la implementación de políticas públicas sin la debida planeación. Es cierto que el gobierno federal salió bien librado del reto que representaba presentar un Paquete Económico 2019 sensato que fuera bien visto por los inversionistas (quienes básicamente lo que buscan es garantizar el pago de sus intereses y capital); sin embargo, hay muchos temas que no terminaron de gustar al sector privado nacional, de los cuales estaremos escribiendo en las próximas entregas.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

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Contrabando y subvaluación, retos mayúsculos para AMLO

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El problema de contrabando y subvaluación en todos los sectores ha ido en aumento

Uno de los retos más grandes que enfrentará la próxima administración del gobierno federal, la cual será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, será el combate al contrabando y las demás prácticas ilegales de comercio internacional. Estas actividades, que se derivan de un marco legal anticuado y por los problemas de corrupción en las Aduanas del país, son sumamente perjudiciales para la planta productiva nacional y afectan la cantidad y calidad del empleo en México.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, parece entenderlo ya que en su pasada reunión del 9 de julio con las cámaras industriales que conforman la Concamin, se comprometió a luchar contra las diversas formas de ilegalidad, habló de la importancia de erradicar la venta de facturas e inclusive mencionó que la persona que esté al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante su administración debe ser como “un santo”. Este pronunciamiento arrancó los aplausos de los empresarios presentes en la reunión.

Desafortunadamente al día de hoy, la evidencia apunta a que en México el problema de ilegalidad va en aumento desde hace ya varios años. Los casos de importaciones introducidas en condiciones de ilegalidad son una constante, lo que ocasiona graves problemas para las empresas formalmente establecidas, más conflictos con las autoridades federales y más confusión para el consumidor. Los datos muestra que las Aduanas permanecerán porosas a pesar de las “buenas intenciones” gubernamentales por sellarlas; lo que nos lleva a la pregunta de cómo debemos entonces combatir el contrabando o comercio ilegal.

Desde tiempos del presidente Calderón, México ha suscrito diversos acuerdos y planes aduaneros con varios países para fortalecer la cooperación y coordinación entre sus aduanas. Se han implementado diversas iniciativas específicas que abarcan temas tales como la cooperación para fortalecer la integridad del personal aduanero; la automatización de todos los procesos de despacho aduanero; la coordinación de las operaciones diarias y proyectos de infraestructura en la frontera común con Estados Unidos; el fortalecimiento de las acciones en materia de aplicación de las leyes para combatir con mayor efectividad el contrabando, el fraude aduanero y delitos relacionados; el aumento de la cooperación en materia de seguridad, especialmente en el caso de cargamentos de mercancías que por su naturaleza requieren controles especiales, entre otros. Sin embargo, nada de esto ha funcionado para combatir la ilegalidad y vemos como en sectores como el calzado cerca del 40% de lo que se importa “legalmente” al país lo hace con precios por debajo de su costo de materia prima.  En los sectores textil y del vestido, al igual que en muchos otros, las estadísticas son igualmente preocupantes.

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Mucho del calzado y ropa que entra de contrabando al país acaba en tianguis y negocios poco fiscalizados

En México la forma en que se lleva a cabo el contrabando ha cambiado. Ya no estamos hablando de los grandes cargamentos de zapatos, textiles, perfumes, electrodomésticos y aparatos electrónicos ocultos en maletas, en cajas de cartón y a bordo de vehículos de doble cajuela que cruzan por ciudades fronterizas o en embarcaciones por puertos como el de Panamá y que terminan en la distribución y venta en mercados de los tianguis del país.

Actualmente, las mercancías de contrabando entran por la puerta grande; pasan las aduanas en grandes contenedores y sobre ellas está la mirada de los agentes aduanales; sin embargo, se trata de  embarques ilegales facturados en un país distinto al lugar real de su origen, triangulado con el fin de evadir impuestos. Otra modalidad es el declarar un valor de la mercancía inferior al real con el fin de evadir las correspondientes contribuciones.  Estos dos casos son ejemplos del denominado “contrabando técnico”.

Cuando en México la autoridad ha firmado algún acuerdo en materia aduanera, en principio todo suena muy bien, pero el problema es que están ausentes las medidas o acciones concretas para combatir el “contrabando técnico”.  Por su parte, la situación se agrava por la ausencia de percepción de riesgo entre los importadores subvaluadores y esto se debe a que en lo que va del actual sexenio ningún empresario a pisado la cárcel por este delito, no obstante que hay órdenes de aprehensión giradas en su contra. Además de que el gobierno mexicano no se ha preocupado por firmar acuerdos internacionales para que se sancione a empresarios extranjeros que coadyuven en la falsificación de una factura o un pedimento aduanal.

En este contexto, vale la pena recordar lo señalado en el libro de 2005 de Moisés Naím, titulado “Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo”. En su obra, Naim hace un análisis impactante acerca del problema global del contrabando de bienes, drogas, armas de todo tipo y tamaño, dinero lavado, propiedad intelectual, recursos naturales y hasta gente y sus órganos.

Naím asegura que el tráfico ilegal es lo suficientemente penetrante como para amenazar la estabilidad mundial y juega un papel primordial en la lista de problemas nacionales e internacionales. En su libro el autor menciona que México, junto con Colombia, Rusia, Afganistán y muchas partes de Asia y Africa, son ubicaciones  donde “los traficantes de bienes ilegales, que están conectados a redes globales, tienen un papel definitorio en los asuntos económicos, políticos y militares”. Y agrega que ”En estos países las redes de comercio ilícito pueden ‘capturar’ fácilmente organismos públicos: aduanas, tribunales, bancos, puertos, policía… Además, raramente se olvidan de reclutar periodistas, políticos y líderes empresariales”.

El problema del contrabando a nivel global es realmente preocupante. Si el monto del lavado de dinero puede ser utilizado como una aproximación para la actividad de contrabando global, entonces tenemos que éste ha crecido en 10 veces desde su nivel de 1990, a poco más de un billón de dólares ahora en día – equivalente al 10 por ciento del comercio legítimo. La mayor parte de esto es narcotráfico, que suma aproximadamente 900 mil millones de dólares al año. Las ventas ilegales de armas suman 10 mil millones de dólares al año; la descarga ilegal de basura toxica entre fronteras suma 12 mil millones de dólares; el contrabando de personas (incluidas mujeres y niños para explotación sexual) suma 7 mil millones de dólares; la piratería de películas 3 mil millones; arte robado 3 mil millones (todas estas son estimaciones generales de fuentes oficiales y asociaciones comerciales.)

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Sin combate al contrabando y subvaluación no podrá mejorar la calidad de los empleos en México

Así pues, la conclusión que se obtiene de todo estos es que entre menos esté preparado un país para hacer frente al problema del contrabando (por falta de tecnología, infraestructura o simplemente por corrupción), más apetitoso se vuelve para las grandes bandas internacionales.

Habiendo dicho todo lo anterior, es urgente centrar nuestra atención en modificar el marco legal para que las autoridades tengan más elementos para desechar valor en la Aduana cuando se pretenda importar una mercancía claramente subvaluada, además de que se deben endurecer las penas y aplicar sanciones más severas para quienes incurren en contrabando técnico. En este respecto se debe señalar que cuando varios de los sectores productivos han hecho propuestas de cambios, los funcionarios del SAT generalmente las desechan, dicen que son de difícil implementación o cualquier otro pretexto para que las cosas sigan igual; tal parece que no tienen mayor interés en modificar el marco legal que les ayude a hacer mejor su trabajo.

Para combatir el contrabando, también es importante aumentar las revisiones físicas que se realicen a los contenedores que entran al país. Las autoridades de Aduanas han implementado un sistema en el cual las revisiones físicas se han disminuido dramáticamente argumentando una simplificación aduanera, pero la realidad es que este tipo de medidas también disminuyen la percepción de riesgo, y los importadores tienen el incentivo para realizar una incorrecta clasificación arancelaria (clasificar la mercancía erróneamente en alguna fracción que pague una menor tasa arancelaria) o declarar falsamente la cantidad de mercancías que se van a importar. Esto es algo a lo que se arriesgan porque lo más probable es que no los van a descubrir, y si los descubren sin ningún problema pueden decir que fue un error, corregir, pagar la multa, y se acabó el problema.

Este es un problema muy importante que afecta a las empresas y a los cientos de miles de familias en México que viven de la industria del calzado y el cuero, así como de la industria textil y del vestido, y éstas se están viendo seriamente afectadas por el cierre de empresas y pérdida de empleos.

A manera de conclusión no basta más que decir que se requieren modificaciones al marco legal para que se defienda la economía de esas familias y la de todos los mexicanos. De igual forma, se debe erradicar la corrupción en las Aduanas y se deben ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de importadores subvaluadores que descansan en algún cajón de la Procuraduría General de la República. La entrada del  nuevo gobierno representa una magnífica oportunidad de cambiar lo que evidentemente no funciona bien, confiamos en que así sea.

Alejandro Gómez Tamez*

* Director general GAEAP

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

Escenarios y riesgos en la negociación del TLCAN

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El EMPRA da prácticamente por un hecho que no habrá TLCAN 2.0 en 2018

El Emerging Markets Political Risk Analysis (Análisis de Riesgo Político de Mercados Emergentes) es una publicación muy influyente a nivel internacional, y en su publicación del 14 de junio hace mención de que las perspectivas para lograr el cierre de la renegociación del TLCAN 2.0 en 2018 se han desvanecido después de la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea.

Señala que los medios que dan cobertura a temas políticos cubrieron extensamente la respuesta del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien llamó a los aranceles de Trump como “insultantes”, especialmente desde que fueron justificadas sobre la base de seguridad nacional. Chrystia Freeland, la Ministra canadiense de Relaciones Exteriores, también dijo que los canadienses están “tristes e insultados” al haber sido clasificados como riesgo para la seguridad nacional por parte de su “aliado más cercano.” Canadá ha respondido imponiendo aranceles a las importaciones de productos originarios de Estados Unidos, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de julio.

Por su parte, los funcionarios mexicanos han estado igualmente frustrados con los nuevos aranceles. El presidente Peña Nieto ha sido menos verbal respecto a las frustraciones de México en comparación a sus contrapartes canadienses, percibiendo que el entrar en una guerra de palabras sólo será contraproducente para la negociación de los dos países. También se debe, al menos en parte, a que Peña Nieto está cerca de su sexenio, pero seguramente el próximo presidente de México será una voz más fuerte en contra de Trump.

Al igual que Canadá. El gobierno mexicano también ha tomado represalias al imponer aranceles por cerca de 3 mil millones de dólares de importaciones originarias de Estados Unidos en productos como carne de puerco, whiskey, queso, entre otros. Recientemente los funcionarios mexicanos han iniciado una disputa en la Organización Mundial de Comercio (OMC) ya que argumentan que los aranceles de Estados Unidos, implementados poniendo como pretexto la seguridad nacional, violan las reglas de la OMC.

Con independencia de lo anterior. La fricción política entre México y Estados Unidos ya ha presionado al tipo de cambio. El peso mexicano ha mostrado una mayor depreciación, al haber pasado de 18.10 pesos por dólar el 4 de abril a 20.68 el 13 de junio, incrementando así la incertidumbre para inversiones futuras.

Evolución en la política nacional

Si bien, mucha de la incertidumbre respecto al TLCAN gira en torno a si los países negociantes pueden alcanzar un acuerdo en los temas más complicados, las limitaciones del proceso legislativo de Estados Unidos y el proceso electoral en México han comenzado a pesar en los funcionarios comerciales, modificando el escenario para lograr un acuerdo este año.

El plazo límite del 17 de mayo fijado por el líder del Congreso estadounidense, Paul Ryan, ya quedó muy atrás, inclusive considerando la extensión que se dio para principios de junio, por lo que la probabilidad de que se alcance un acuerdo en 2018 está rápidamente desvaneciéndose. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John Cornyn, también ha señalado que un acuerdo potencial ya perdió la ventana para lograr la aprobación legislativa en 2018.

Por su parte, México elegirá un nuevo presidente el 1 de julio, quien seguramente liderará hacía un nuevo enfoque de la próxima administración. Adicionalmente, esto significa que las negociaciones de manera natural caerán en una pausa en las próximas semanas, poniendo la posibilidad de que se alcance un acuerdo antes de las elecciones como algo imposible. Sin embargo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha dicho que las negociaciones continuarán.

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Trump desea negociar acuerdos bilaterales con México y desaparecer el TLCAN

El 5 de junio el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, transmitió el deseo del presidente de cambiar la naturaleza de las negociaciones del TLCAN comenzando a negociar acuerdos bilaterales con Canadá y México de manera separada. Los expertos en comercio y economistas han sido escépticos respecto a la posibilidad de lograr acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y sus vecinos norteamericanos. Funcionarios tanto de Canadá como de México también han rechazado esa idea. Esta propuesta de negociaciones separadas bilaterales sugieren que Trump y su administración están cada vez más cansados de las negociaciones, y que éstas no se concluirán antes del receso del Congreso de mediados de diciembre. En efecto, después de 10 meses de negociaciones, de 20 a 22 de los estimados 32 capítulos del Tratado, aun se están negociando.

Cumbre del G7

La Cumbre del G7, la cual comenzó el 9 de junio, también fue escenario para que sucedieran algunos eventos alarmantes. El presidente Trump dio reversa a su decisión de firmar el comunicado final conjunto del G7, enfurecido por el Primer Ministro canadiense Trudeau quien prometió tomar represalias con aranceles y rechazó la cláusula “sunset” en un TLCAN modernizado.

La cláusula “sunset” ha sido un tema álgido y motivo de debate debido a que implica que el TLCAN caduca cada cinco años a menos de que los tres países se pongan de acuerdo en que debe continuar. Los funcionarios mexicanos y canadienses han argumentado que esto causará incertidumbre y reducirá la inversión. Aunque el Primer Ministro Trudeau ha dicho que está dispuesto a explorar alternativas a la cláusula “sunset” dejando entrever algún tipo de compromiso, los eventos del G7 sugieren que es poco probable que se alcanzará un acuerdo en las próximas semanas o meses.

Implicaciones probables

La decreciente probabilidad de que haya un acuerdo en el TLCAN en 2018 significa que el ambiente político en el cual surgirá un nuevo TLCAN es incierto. Nuevas circunstancias políticas probablemente emergerán en México y los Estados Unidos. México tendrá un nuevo presidente y probablemente habrá una coalición de izquierda en el Congreso, mientras que en los Estados Unidos habrá un nuevo Congreso, que probablemente será de mayoría del partido Demócrata.

A lo largo de su campaña, el candidato López Obrador se ha manifestado a favor del TLCAN. Considerando sus pasadas críticas al acuerdo, parece que AMLO está dispuesto a negociar el acuerdo en beneficio de los mexicanos. Sin embargo, Gerardo Esquivel, uno de los principales asesores de AMLO ha señalado que es mejor no tener un acuerdo que tener un mal acuerdo. López Obrador también ha señalado que insistirá en que se le incluya en las negociaciones tan pronto como haya sido electo presidente.

En los Estados Unidos hay una alta probabilidad de que la Cámara de Representantes y probablemente el Senado pasen a control de los Demócratas en la elección intermedia de noviembre de este año. Una mayoría del Demócrata pudiera prolongar las negociaciones y cambiar el mandato comercial dado al Representante Comercial (USTR), Robert Lighthizer, poniendo mayor énfasis en aspectos laborales, el medio ambiente y los apoyos nacionales para ajuste comercial.

López Obrador y su falta de experiencia comercial

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AMLO ha manifestado su apoyo en la renegociación del TLCAN

López Obrador y sus asesores se han reunido con al menos 65 fondos de inversión para explicar que su administración está comprometida con el libre comercio y la independencia del banco central. Una declaración de su asesor económico y futuro Secretario de Hacienda, Carlos Urzua, de que la campaña de AMLO no es de izquierda sino de centro-izquierda ha calmado un poco a los inversionistas. Sin embargo, hay amplías preocupaciones dado que sus posibles funcionarios de su administración no contarán con experiencia en la negociación de un acuerdo con dimensiones tan amplias. De igual manera, muchos están preocupados respecto a la capacidad de López Obrador de negociar con una contraparte tan difícil y complicada como Trump.

La elección de López Obrador de encabezar las negociaciones del TLCAN es el economista que trabajó en la OMC, Jesus Seade, quien además estudió en Oxford y fue el principal negociador de México en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).

A diferencia de Seade, la propuesta de AMLO para la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, quien supervisará la política comercial y estará fuertemente involucrada en las negociaciones del TLCAN, tiene limitados antecedentes en gobierno y en la negociación de un tratado con el TLCAN. Esto ha generado preocupaciones entre funcionarios públicos y entre los que se oponen a López Obrador.

Congreso de Estados Unidos

El nuevo Congreso de Estados Unidos, aunque no sea controlado por los Republicanos, podría tener simpatías por un nuevo TLCAN. El USTR Lighthizer ha estado cortejando a los Demócratas por el acuerdo. Los Demócratas en la Cámara de Representantes han reaccionado positivamente a la propuesta de Lighthizer de eliminar el mecanismo de resolución de controversias inversionista-estado. Sin embargo, muchos Demócratas han manifestado su preocupación por los bajos sueldos en México y la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos durante los últimos 25 años. Un memorándum firmado por 200 congresistas Demócratas señala que mejorar los derechos laborales en México podría ayudar a combatir la pobreza en el país y asegurar que los salarios estadounidenses sigan deteriorándose.  Esto sugiere que si los Demócratas ganan el control del Congreso, un nuevo acuerdo tendría que integrar más aún el tema de los mercados laborales y homogenizar los estándares laborales entre los tres países.

Finalmente, otro escenario poco probable es que Trump decida retirar unilateralmente a Estados Unidos del TLCAN, abriendo el periodo de 6 meses para que se logre un nuevo acuerdo forzando a México y Canadá a aceptar lo que hasta ahora han rechazado. La incertidumbre respecto a lo que sucedería después de dar por terminado el TLCAN es lo que hace que tal decisión sea poco probable.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

El compromiso que México requiere escuchar de los candidatos presidenciales

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Los candidatos presidenciales deben comprometerse tácitamente a no desequilibrar más las finanzas públicas 

El próximo 21 de junio se llevará a cabo la cuarta reunión del 2018 de la Junta de Gobierno del Banco de México, de la cual se desprenderá un nuevo anuncio de decisión de política monetaria. Para la mayoría de los analistas, es prácticamente un hecho que el Banxico anunciará que decidió elevar su tasa de interés objetivo nuevamente para llevarla a 7.75% desde el actual 7.50%, derivado de los riesgos inflacionarios percibidos para lo que resta del año. Esto a pesar de que el INEGI acaba de dar a conocer que la inflación anualizada durante mayo de este año fue de apenas 4.51%, la inflación anualizada más baja desde diciembre de 2016.

El llevar la tasa a 7.75% será nuevamente un duro golpe para las empresas, gobierno y familias mexicanas, quienes tendrán que pagar un mayor costo financiero por sus deudas a tasa variable y cuando deseen renegociar pasivos o contratar nuevos créditos. La mayor parte de los riesgos de que repunte la inflación en los próximos meses están asociados a la evolución del tipo de cambio en México, y a continuación explico algunos de los factores que alimentan la especulación y han hecho que nuestra moneda se deprecie y que tenga una perspectiva poco favorable:

El hecho de que el presidente estadunidense, Donald Trump, ha seguido descalificando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), argumentando que será mejor negociar acuerdos bilaterales con México y Canadá, mantiene a los especuladores en los mercados cambiarios entretenidos apostando en contra del peso mexicano. Ahora en día, la probabilidad de cerrar la negociación del TLCAN antes de que concluya el año es muy baja, a pesar de que el Secretario de Economía señaló el pasado 6 de junio que hay un 50% de probabilidades de que éste se cierre antes de que concluya el año.

Otro factor que ha alimentado a los especuladores, y debilitado al peso mexicano, es la imposición de aranceles del 25% al acero y de 10% al aluminio por parte de los Estados Unidos en contra de las exportaciones mexicanas de estos productos a partir del 1 de junio. Esto aunado a la respuesta que dio el gobierno de México imponiendo también aranceles a las importaciones de diversos productos provenientes de dicha nación por un monto aproximado de 4 mil millones de dólares, monto equivalente al impacto que se espera tendrán los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos en contra de las exportaciones de acero y aluminio de México. El riesgo de que crezca la guerra comercial entre México y Estados Unidos está presente y no se puede descartar que próximamente Estados Unidos imponga aranceles en contra de la importación de automóviles, argumentando absurdas razones de seguridad nacional.

Un tercer factor que está debilitando al peso mexicano es la especulación respecto al resultado electoral en México y la política económica que pudiera implementar el candidato, que de acuerdo a las encuestas, encabeza las preferencias electorales. Si bien es cierto que el equipo de Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que, si ganan las elecciones, se sumarán a partir del 2 de julio al equipo de la Secretaría de Economía que está renegociando el TLCAN y también han dicho que es mejor no tener TLCAN a tener un mal TLCAN, también es verdad que sigue habiendo grandes incertidumbres respecto al rumbo que puede tomar la macroeconomía.

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La autonomía del Banxico será fundamental para evitar que un mayor endeudamiento sea financiado con “la máquinita de hacer billetes”

Las encuestas, además de poner a AMLO a la cabeza, indican que probablemente el próximo Congreso de la Unión tendrá mayoría de izquierda, lo cual puede ser un riesgo porque al tener control del Legislativo, podrá modificar leyes prácticamente a discreción. Pero también preocupa lo que pueda suceder con el gasto público, ya que ha realizado diversas promesas de campaña, que de cumplirse sin  que estén aparejadas a recortes en el gasto público de otros rubros, dispararán el déficit fiscal con el consecuente incremento de la deuda pública. Cabe señalar que al 30 de abril de este año la deuda neta del sector público federal sumó 10.167 billones de pesos, cifra que representa el 45.2% del PIB nominal del primer trimestre de 2018. Una mayor deuda respecto al PIB pone nerviosos a los inversionistas y puede perjudicar la calificación crediticia de México ahuyentando la inversión financiera.

Para cerrar el tema AMLO, se debe agregar que, de resultar electo presidente y si los partidos que lo impulsan obtienen la mayoría en el Congreso de la Unión, entonces en México los únicos garantes de la institucionalidad serán el Banxico y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán las dos instituciones que podrán frenar algún abuso que se quiera realizar y, en particular el Banxico con su autonomía, será el que podrá garantizar que una mayor deuda pública no se monetice como sucedió en tiempos de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, con el nefasto impacto en la inflación y en el empobrecimiento de la población.

Estos temas han estado presionando fuerte al peso mexicano desde abril de este año, y lo mucho que pesan queda constatado al observar que en el periodo de junio de 2017 al mismo mes de 2018, el dólar aumentó un 11.65% frente al peso mexicano, al haber pasado de 18.136 a 20.249 pesos por billete verde. Si bien es cierto que los niveles actuales de tipo de cambio están por debajo del máximo histórico de 21.898 pesos por dólar observado el 19 de enero de 2017, es verdad que muchos importadores realizan incrementos a sus productos cuando el tipo de cambio sube, pero luego no los bajan cuando el dólar disminuye, por lo que con los recientes incrementos en el dólar a niveles de 20.50 pesos, nuevamente están cometiendo abusos en contra de los fabricantes mexicanos.

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La ira de Donald Trump contra México impide que las decisiones de política monetaria del Banxico sean efectivas.

Por su parte, este incremento del dólar, aunado al elevado componente de impuestos en la fórmula para determinar los precios de la gasolina, es lo que ha provocado que el precio del combustible no deje de aumentar mes con mes, llegando la gasolina Premium a rebasar los 20 pesos por litro. Es bien sabido que los incrementos en los combustibles ocasionan aumentos en cascada en los demás precios en la economía, y es por ello que el alza del dólar es peligrosa y pone en riesgo la posibilidad de lograr una inflación por debajo del 4% a finales de este año.

Por todo lo anterior, es de esperarse que en la medida en que continúan las complicaciones comerciales para México y exista incertidumbre respecto a la política económica del próximo gobierno, sobre todo en el ámbito de política fiscal, el tipo de cambio siga aumentando en perjuicio del esfuerzo por reducir la inflación que ha llevado a cabo el Banxico a costa de todos los mexicanos, que ahora tenemos que pagar más intereses por nuestros créditos.

¿Es correcto entonces que en su próxima reunión de Junta de Gobierno el Banco de México suba su tasa de interés objetivo? Desde mi punto de vista definitivamente NO, ya que hemos visto que tras los últimos aumentos en la tasa de interés, el tipo de cambio ha dejado de responder positivamente y que éste más bien se mueve en función de lo que declare o haga el presidente Donald Trump y, en ocasiones, en función de lo que digan los candidatos a la presidencia de la república. En este sentido, si bien no tenemos capacidad de influir en lo que piense y diga Trump, si sería una magnifica señal para los mercados si los tres candidatos punteros a la presidencia hicieran declaraciones contundentes de que de ganar la contienda, mantendrán la estabilidad de las finanzas públicas y que se comprometen a seguir manteniendo al menos un superávit primario en las finanzas del país. El superávit primario implica ingresar más de lo que se gasta antes de tomar en consideración los gastos por intereses de la deuda pública. No me cabe duda de que un compromiso firmado de estas características haría por el peso mexicano más que cualquier alza en la tasa de interés por parte del Banxico.

Es muy importante entender que elevar nuevamente la tasa de interés ocasionará mayores costos financieros para muchos en México, incluidas las familias, empresas y los diferentes órdenes de gobierno. De hecho el costo financiero del sector público federal muestra un incremento de 24.0% en su comparativo del primer cuatrimestre de 2018 respecto al mismo cuatrimestre de 2017, ya que éste pasó de 128.360 a 167.280 miles de millones de pesos. Y no debemos olvidar que por cada peso adicional que se destina a pagar la deuda pública, pues es un peso menos que se destina a las cuestiones prioritarias como infraestructura, educación, salud y seguridad.

Entonces pues, esperemos que el Banxico haga lo correcto no subiendo la tasa de interés, y que para que los integrantes de la Junta de Gobierno se sientan más cómodos con la decisión  de no subir la tasa, reciban la ayuda de los candidatos presidenciales con el compromiso de que cuando lleguen a la presidencia, no echarán a perder lo que muchos años nos ha costado construir: estabilidad macroeconómica.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt