A más de un año de pandemia, sigue la crisis de empleo e ingresos

Llevamos mucho tiempo padeciendo los problemas ocasionados y exacerbados por el actual gobierno federal, así como los derivados de la pandemia del Covid-19. Respecto al cierre de la actividad económica del año pasado, fue el 31 de marzo de 2020 cuando la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. A través de ese instrumento se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Esta suspensión de actividades, que fue ampliada hasta el 30 de mayo de ese año para posteriormente comenzar a relajarse muy paulatinamente a diferentes ritmos en los diferentes estados del país, sigue teniendo un costo enorme en la economía nacional y en el bienestar de millones de personas en México.

Las secuelas de la decisión gubernamental se siguen sintiendo con los indicadores económicos actuales y muestra de ello es que en la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), que tiene datos a marzo 2021, se manifiesta la cruda realidad que siguen enfrentando millones de personas en materia de empleo y de ingresos.  Esto con independencia de las graves secuelas en materia de salud y la pérdida de más de 215 mil vidas humanas, según las cifras oficiales.

En contraste a lo que vivimos en México, en los Estados Unidos su gobierno federal y banco central  han brindado diversos paquetes de apoyo y estímulos económicos por el Covid-19, mismos que representan el 24.46% de su Producto Interno Bruto (PIB). Su política de estímulos ha sido exitosa y muestra de ello es que las solicitudes de apoyo por desempleo bajaron la semana pasada a apenas 547 mil y alcanzan el nivel más bajo registrado desde principios de 2020. Mientras tanto en México, no ha habido apoyos del gobierno federal por lo hay millones de personas que a la fecha siguen sin haber recuperado su empleo, están en una situación de subempleo y/o han registrado una disminución en su nivel de ingresos.

En esta entrega se presentan los principales resultados de la ENOEN en el comparativo de marzo de 2021 respecto del mismo mes de 2020, para posteriormente abordar los problemas de carestía que viven millones de familias.

1. Se aprecia un descenso de la Población Económicamente Activa (PEA) de 1.5 millones de personas. Esta es gente que sigue sin salir a buscar trabajo ya sea por miedo a la pandemia o porque de plano piensan que no van a obtener empleo, por lo que se han retirado de la fuerza laboral. En términos de porcentajes, tenemos que en marzo de 2021, la ENOEN reportó una Tasa de Participación Económica  de 57.2% de la población en edad para trabajar, cifra 2.6 puntos porcentuales inferior a la de marzo del 2020.

En este mismo orden de ideas, la encuesta arroja que la Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 8 millones, y representó 19% de la PNEA. En comparación con marzo de 2020, la PNEA disponible para trabajar pero que no trabaja aumentó en 2.1 millones de personas durante el tercer mes de 2021.

2. La población ocupada resultó de 53.8 millones de personas en marzo de 2021, cifra inferior en 2 millones de personas a la reportada en el mismo mes del 2020. En relación a la población ocupada, los y las trabajadoras subordinadas y remuneradas reportaron una disminución de 2.2 millones. Por lo general el fenómeno de personas que laboran sin remuneración se ve en los negocios familiares, pero no deja de preocupar que ahora haya más personas trabajando sin recibir ingresos.

3. Como se ha comentado, de los sectores económicos más golpeados por la pandemia están las actividades de hospedaje y preparación de alimentos. En este sentido, las estadísticas del INEGI muestran que en el sector terciario se han perdido 2.4 millones de puestos de trabajo.

4. La ENOEN en marzo de 2021 registró una Tasa de subocupación de la población ocupada de 13.2%, cifra superior en 4.1 puntos porcentuales respecto a la del mismo mes del año pasado. Este aumento representa 2 millones de personas subocupadas.

5. La ocupación informal en marzo de 2021 ascendió a 30.6 millones de personas, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 56.8%. Si bien esta cifra es inferior en 1.1 puntos porcentuales a la observada en marzo de 2020, denota lo grave y extendido que es el problema de la informalidad laboral en México.

6. La población desocupada de 15 y más años como proporción de la PEA, representó 3.9% equivalente a 2.2 millones de personas y un punto porcentual por arriba de la del tercer mes del año pasado. Respecto a este dato, pudiera parecer que el desempleo en México es bastante bajo comparado con el de otros países, pero no debemos dejar de ver que el desempleo en nuestro país es bajo porque la gente no tiene una red de seguridad social que lo proteja, por lo que la gente se ve forzada a salir a buscar empleo de inmediato (aunque sea vendiendo macetas en el tianguis). 

Si a todo este complejo panorama le agregamos el hecho de que en la primera quincena de abril de 2021 la inflación anual se ubicó en 6.05%, mientras que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo aumentó 7.51%, pues es evidente que la situación de pobreza y carestía de la población en general va en aumento. Si asumimos que la persona promedio sufrió una caída nominal de su ingreso en el último año de 10%, pues con el alza de precios, la pérdida sería de 15.13%. Por su parte, si la caída nominal del ingreso fuera del 20%, entonces la disminución en términos reales es de 24.56%. De este tamaño es el problema para muchos mexicanos.

En este sentido, una variable clara que denota el deterioro de la calidad de vida de las personas lo tenemos en el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior. Con series originales tenemos que en la totalidad del año 2020 éste cayó -11.0%, mientras que en el comparativo de enero de 2021 respecto del mismo mes de 2020 la disminución es de -7.1%. Este deterioro en el nivel de vida de la población es producto de lo que he comentado líneas arriba: pérdida de empleo e ingresos, así como de un encarecimiento de las mercancías que adquieren los consumidores mexicanos. La debilidad del consumo privado es un círculo vicioso que se debe romper ya que si el consumo es bajo, la demanda es insuficiente, lo que a su vez provoca que las fábricas trabajen por debajo de su capacidad, lo que a su vez se traduce en pocas oportunidades de empleo para quienes están desempleados.  

¿Qué hacer ante esta situación? Como hemos señalado en anteriores entregas, de los cuatro posibles motores de crecimiento económico, sólo está encendido el de las exportaciones. En la medida en que más empresas manufactureras nacionales puedan incursionar en los mercados de exportación, mejor nos irá a pesar de las políticas del gobierno federal. De igual manera, los sectores de comercio y servicios deben procurar vincularse a empresas exportadoras, ya que éstas serán en promedio los mejores clientes en 2021.

Otra cosa que las empresas pueden hacer es innovar para moverse a los segmentos de mercado en los que la demanda es mayor. En este sentido hemos visto en el sector calzado múltiples fábricas que solían producir calzado escolar, pero que dada la nula demanda de estos productos, han cambiado sus líneas de producción para fabricar calzado industrial. Este tipo de ajustes, que requieren realizar inversiones, son obligados para aquellas empresas que no han logrado recuperar sus ventas.

Sabemos que no contamos con el gobierno federal. Hay que buscar en nuestro interior, en nuestra empresa y con nuestro equipo de trabajo, cómo incursionar en mayores mercados con los productos que más se están demandando. Sólo así se reactivará la economía y se recuperarán los empleos y jornadas laborales completas que se perdieron.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

No cesa la crisis del empleo en México

Al cierre del sábado 21 de noviembre, México registraba de manera oficial 101.4 miles de muertes y 1.032 millones de casos de Covid-19. Cómo lo hemos señalado desde este espacio, el reciente repunte en el número de casos y fallecidos diarios ha provocado que diversos estados retrocedan en el color de su semáforo sanitario. Es así que para las siguientes dos semanas, habrá 2 entidades en rojo, 14 en naranja, 14 en amarillo y 2 en verde. Cabe recordar que el nivel rojo del semáforo significa riesgo máximo de contagio; el naranja, riesgo alto; el amarillo, riesgo medio; y el verde, riesgo bajo.

Lo anterior ha ocasionado que se impongan nuevas limitaciones a la actividad económica, tanto en el sector comercio, servicios e industrial; además de que el miedo al contagio que se le ha vuelto a meter a la población ha provocado que muchos cierren la cartera. Esto se da en un contexto en el que la  actividad económica siguió teniendo una lenta recuperación en septiembre y octubre. De acuerdo con las cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), elaborado por el INEGI, se espera que haya habido una contracción anual de -7.0% del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) durante septiembre, con caídas anuales de -7.5% en las actividades secundarias y de -7.3% en el sector terciario. Para octubre, el IOAE prevé una caída anualizada del IGAE de -6.2%, con retrocesos de -6.9% en las actividades secundarias y de -6.0% en las terciarias.

Cómo lo he señalado en anteriores entregas, las cifras de caídas en la actividad económica se dicen fácil, pero hay que entender que detrás de ellas hay millones de personas que perdieron su empleo y no lo han recuperado, a millones de personas se les ha bajado el sueldo y/o les recortaron su jornada laboral. Son muchas personas las que la están pasando mal en materia económica, y la desaceleración de la recuperación ocasionada por las nuevas limitantes a la actividad económica y por el miedo de los consumidores a salir a gastar, no hará más que prolongar el sufrimiento.  

Para ilustrar los graves problemas por los que seguimos transitando tenemos que el INEGI publicó los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) correspondientes al tercer trimestre de 2020 y en términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN del tercer trimestre de 2020 confirman una lenta recuperación de la ocupación, la cual todavía está por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Los cambios más importantes entre el tercer trimestre de 2019 e igual trimestre de 2020 fueron: 1. Una disminución de la Población Económicamente Activa (PEA) por la vía de la población ocupada, la cual se ve reflejada en la caída de la ocupación en el sector terciario, principalmente en restaurantes y servicios de alojamiento así como en el comercio; 2. Pérdida de empleos de tiempo completo, disminución de la ocupación en los micronegocios y en condiciones de informalidad; y 3. Un aumento de la desocupación, la subocupación y en la ocupación en condiciones críticas.

Ocupación laboral

Es así que la ENOEN del tercer trimestre de 2020 reportó una disminución de -3.6 millones de personas en la PEA, lo que implica que la Tasa de Participación Económica fue de 55.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra 4.9 puntos porcentuales inferior a la de mismo trimestre del año pasado.  En términos de personas, eso significa que en el periodo de julio a septiembre de 2020, la población ocupada resultó en 51 millones de personas, cifra inferior en -4.2 millones de personas comparada con la del tercer trimestre de 2019. La población ocupada de hombres fue de 31.8 millones, cifra menor en -1.9 millones, mientras que la población ocupada de mujeres fue de 19.2 millones, cantidad inferior en 2.3 millones menos en el mismo lapso. Este dato confirma que en materia laboral, la actual crisis económica ha afectado más a las mujeres que a los hombres.

Distribución de la población ocupada

La estructura sectorial de la ocupación reporta que las actividades terciarias tuvieron una participación del 60.7% en el tercer trimestre de 2020, lo que implica que en términos absolutos registra una disminución de -3 millones de personas laborando respecto al tercer trimestre de 2019. Llama la atención en particular la situación del sector de restaurantes y servicios de alojamiento y el comercio, ya que éstos reportaron una disminución de 1.1 millones, cada uno.

En cuanto a la ocupación por ámbito y tamaño de la unidad económica, tenemos que ésta tuvo un descenso de -3.8 millones de personas respecto al tercer trimestre de 2019. Vemos que los ocupados en micronegocios son los más afectados, con una disminución de -2.2 millones puestos de trabajo perdidos entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Destaca lo sucedido en las  unidades económicas sin establecimiento, en donde la pérdida fue de -1.3 millones de ocupados.

Subempleo, desempleo y empleo formal e informal

La EMOEN reporta que las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, pasaron de 4.3 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8.7 millones en el mismo periodo de 2020, con un aumento de 4.4 millones de personas.

Por su parte, la población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes, fue de 5.1% de la PEA en el tercer trimestre de 2020, porcentaje que en igual periodo del año anterior fue de 3.7 por ciento. En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.8 millones de personas, monto superior en 622 mil personas comparado con el tercer trimestre de 2019.

Por su parte, la población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el tercer trimestre de 2020 fue de 27.7 millones, cifra que representa 3.5 millones menos comparado con el mismo trimestre del año pasado. Destaca el hecho de que la tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 79% en el tercer trimestre de 2020, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 40.5 por ciento. Por su parte la tasa de trabajo asalariado en las localidades rurales fue de 50.7% contra 72.4% de las áreas más urbanizadas.

Finalmente, en cuanto al empleo formal, es pertinente mencionar que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de octubre, se registraron 19.902 millones de puestos de trabajo formales. Según las cifras del instituto, en octubre se registró un incremento mensual de poco más de 200 mil puestos, equivalente a una tasa mensual de aumento de 1.0%.  Con lo anterior, la disminución del empleo en lo que va del año (enero-octubre) es de 518 mil 609 puestos; sin embargo, en los últimos doce meses se registró una disminución de más de 824 mil puestos, equivalente a una tasa anual de -4.0%.

Consideraciones finales

Dado el sombrío panorama que vivimos en materia económica y sus repercusiones para la recuperación del empleo, me veo obligado a insistir que la estrategia que han emprendido varios gobiernos locales en el sentido de limitar la actividad económica como instrumento para frenar los nuevos contagios de Covid-19 es errónea. De poco sirve impedir que los centros de trabajo operen con un horario regular o a una menor capacidad, si eso se traduce en que haya más gente sin cubrebocas en la calle, en lugares aglomerados como los tianguis, en el transporte público o haciendo fiestas en sus casas. Es francamente ridículo que cierren restaurantes que cumplen los protocolos de salud, pero si permitan que haya puestos de tacos en la calle o en el tianguis, con decenas de personas apretujadas alrededor del taquero. No hay congruencia, evidentemente.

Desafortunadamente la estrategia del gobierno federal de no ser claros respecto al uso del cubrebocas ha provocado que haya gente que piense que su uso no es benéfico, siendo que hay decenas de estudios que demuestran su efectividad. Si los gobiernos locales se preocuparan más por hacer completamente obligatorio el uso del cubrebocas cuando uno está fuera de su domicilio o vehículo, imponiendo sanciones a quienes no lo usen, no estarían pensando en cerrar negocios y generar más pobreza.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha señalado que los cierres de la economía deben ser la última opción a considerar para frenar la pandemia; sin embargo queda claro que hay gobernantes a los que les resulta más sencillo, desde la comodidad de su despacho y su solvencia económica, decretar que los negocios cierren en lugar de hacer obligatorio el uso del cubrebocas (no vayan a parecer represores). A estos gobernantes les preocupa más su futuro electoral que la salud y la economía de quienes los eligieron.  

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

Contrabando y subvaluación, retos mayúsculos para AMLO

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El problema de contrabando y subvaluación en todos los sectores ha ido en aumento

Uno de los retos más grandes que enfrentará la próxima administración del gobierno federal, la cual será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, será el combate al contrabando y las demás prácticas ilegales de comercio internacional. Estas actividades, que se derivan de un marco legal anticuado y por los problemas de corrupción en las Aduanas del país, son sumamente perjudiciales para la planta productiva nacional y afectan la cantidad y calidad del empleo en México.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, parece entenderlo ya que en su pasada reunión del 9 de julio con las cámaras industriales que conforman la Concamin, se comprometió a luchar contra las diversas formas de ilegalidad, habló de la importancia de erradicar la venta de facturas e inclusive mencionó que la persona que esté al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante su administración debe ser como “un santo”. Este pronunciamiento arrancó los aplausos de los empresarios presentes en la reunión.

Desafortunadamente al día de hoy, la evidencia apunta a que en México el problema de ilegalidad va en aumento desde hace ya varios años. Los casos de importaciones introducidas en condiciones de ilegalidad son una constante, lo que ocasiona graves problemas para las empresas formalmente establecidas, más conflictos con las autoridades federales y más confusión para el consumidor. Los datos muestra que las Aduanas permanecerán porosas a pesar de las “buenas intenciones” gubernamentales por sellarlas; lo que nos lleva a la pregunta de cómo debemos entonces combatir el contrabando o comercio ilegal.

Desde tiempos del presidente Calderón, México ha suscrito diversos acuerdos y planes aduaneros con varios países para fortalecer la cooperación y coordinación entre sus aduanas. Se han implementado diversas iniciativas específicas que abarcan temas tales como la cooperación para fortalecer la integridad del personal aduanero; la automatización de todos los procesos de despacho aduanero; la coordinación de las operaciones diarias y proyectos de infraestructura en la frontera común con Estados Unidos; el fortalecimiento de las acciones en materia de aplicación de las leyes para combatir con mayor efectividad el contrabando, el fraude aduanero y delitos relacionados; el aumento de la cooperación en materia de seguridad, especialmente en el caso de cargamentos de mercancías que por su naturaleza requieren controles especiales, entre otros. Sin embargo, nada de esto ha funcionado para combatir la ilegalidad y vemos como en sectores como el calzado cerca del 40% de lo que se importa “legalmente” al país lo hace con precios por debajo de su costo de materia prima.  En los sectores textil y del vestido, al igual que en muchos otros, las estadísticas son igualmente preocupantes.

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Mucho del calzado y ropa que entra de contrabando al país acaba en tianguis y negocios poco fiscalizados

En México la forma en que se lleva a cabo el contrabando ha cambiado. Ya no estamos hablando de los grandes cargamentos de zapatos, textiles, perfumes, electrodomésticos y aparatos electrónicos ocultos en maletas, en cajas de cartón y a bordo de vehículos de doble cajuela que cruzan por ciudades fronterizas o en embarcaciones por puertos como el de Panamá y que terminan en la distribución y venta en mercados de los tianguis del país.

Actualmente, las mercancías de contrabando entran por la puerta grande; pasan las aduanas en grandes contenedores y sobre ellas está la mirada de los agentes aduanales; sin embargo, se trata de  embarques ilegales facturados en un país distinto al lugar real de su origen, triangulado con el fin de evadir impuestos. Otra modalidad es el declarar un valor de la mercancía inferior al real con el fin de evadir las correspondientes contribuciones.  Estos dos casos son ejemplos del denominado «contrabando técnico».

Cuando en México la autoridad ha firmado algún acuerdo en materia aduanera, en principio todo suena muy bien, pero el problema es que están ausentes las medidas o acciones concretas para combatir el “contrabando técnico”.  Por su parte, la situación se agrava por la ausencia de percepción de riesgo entre los importadores subvaluadores y esto se debe a que en lo que va del actual sexenio ningún empresario a pisado la cárcel por este delito, no obstante que hay órdenes de aprehensión giradas en su contra. Además de que el gobierno mexicano no se ha preocupado por firmar acuerdos internacionales para que se sancione a empresarios extranjeros que coadyuven en la falsificación de una factura o un pedimento aduanal.

En este contexto, vale la pena recordar lo señalado en el libro de 2005 de Moisés Naím, titulado “Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo”. En su obra, Naim hace un análisis impactante acerca del problema global del contrabando de bienes, drogas, armas de todo tipo y tamaño, dinero lavado, propiedad intelectual, recursos naturales y hasta gente y sus órganos.

Naím asegura que el tráfico ilegal es lo suficientemente penetrante como para amenazar la estabilidad mundial y juega un papel primordial en la lista de problemas nacionales e internacionales. En su libro el autor menciona que México, junto con Colombia, Rusia, Afganistán y muchas partes de Asia y Africa, son ubicaciones  donde “los traficantes de bienes ilegales, que están conectados a redes globales, tienen un papel definitorio en los asuntos económicos, políticos y militares”. Y agrega que »En estos países las redes de comercio ilícito pueden ‘capturar’ fácilmente organismos públicos: aduanas, tribunales, bancos, puertos, policía… Además, raramente se olvidan de reclutar periodistas, políticos y líderes empresariales».

El problema del contrabando a nivel global es realmente preocupante. Si el monto del lavado de dinero puede ser utilizado como una aproximación para la actividad de contrabando global, entonces tenemos que éste ha crecido en 10 veces desde su nivel de 1990, a poco más de un billón de dólares ahora en día – equivalente al 10 por ciento del comercio legítimo. La mayor parte de esto es narcotráfico, que suma aproximadamente 900 mil millones de dólares al año. Las ventas ilegales de armas suman 10 mil millones de dólares al año; la descarga ilegal de basura toxica entre fronteras suma 12 mil millones de dólares; el contrabando de personas (incluidas mujeres y niños para explotación sexual) suma 7 mil millones de dólares; la piratería de películas 3 mil millones; arte robado 3 mil millones (todas estas son estimaciones generales de fuentes oficiales y asociaciones comerciales.)

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Sin combate al contrabando y subvaluación no podrá mejorar la calidad de los empleos en México

Así pues, la conclusión que se obtiene de todo estos es que entre menos esté preparado un país para hacer frente al problema del contrabando (por falta de tecnología, infraestructura o simplemente por corrupción), más apetitoso se vuelve para las grandes bandas internacionales.

Habiendo dicho todo lo anterior, es urgente centrar nuestra atención en modificar el marco legal para que las autoridades tengan más elementos para desechar valor en la Aduana cuando se pretenda importar una mercancía claramente subvaluada, además de que se deben endurecer las penas y aplicar sanciones más severas para quienes incurren en contrabando técnico. En este respecto se debe señalar que cuando varios de los sectores productivos han hecho propuestas de cambios, los funcionarios del SAT generalmente las desechan, dicen que son de difícil implementación o cualquier otro pretexto para que las cosas sigan igual; tal parece que no tienen mayor interés en modificar el marco legal que les ayude a hacer mejor su trabajo.

Para combatir el contrabando, también es importante aumentar las revisiones físicas que se realicen a los contenedores que entran al país. Las autoridades de Aduanas han implementado un sistema en el cual las revisiones físicas se han disminuido dramáticamente argumentando una simplificación aduanera, pero la realidad es que este tipo de medidas también disminuyen la percepción de riesgo, y los importadores tienen el incentivo para realizar una incorrecta clasificación arancelaria (clasificar la mercancía erróneamente en alguna fracción que pague una menor tasa arancelaria) o declarar falsamente la cantidad de mercancías que se van a importar. Esto es algo a lo que se arriesgan porque lo más probable es que no los van a descubrir, y si los descubren sin ningún problema pueden decir que fue un error, corregir, pagar la multa, y se acabó el problema.

Este es un problema muy importante que afecta a las empresas y a los cientos de miles de familias en México que viven de la industria del calzado y el cuero, así como de la industria textil y del vestido, y éstas se están viendo seriamente afectadas por el cierre de empresas y pérdida de empleos.

A manera de conclusión no basta más que decir que se requieren modificaciones al marco legal para que se defienda la economía de esas familias y la de todos los mexicanos. De igual forma, se debe erradicar la corrupción en las Aduanas y se deben ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de importadores subvaluadores que descansan en algún cajón de la Procuraduría General de la República. La entrada del  nuevo gobierno representa una magnífica oportunidad de cambiar lo que evidentemente no funciona bien, confiamos en que así sea.

Alejandro Gómez Tamez*

* Director general GAEAP

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt