El 31 de julio de 2025, una llamada telefónica entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo por 90 días la entrada en vigor de un arancel del 30% a las importaciones originarias de México. No está claro si dicho arancel se aplicaría a todas las exportaciones mexicanas a EE.UU. o solo a aquellas que no cumplieran con las reglas de origen del T-MEC, pero sin duda habría tenido un impacto negativo para el país.
La prensa oficialista en México celebró el anuncio como una “victoria diplomática”, mientras que la narrativa de Washington fue diametralmente opuesta: para Trump, México cedió lo que durante años se había negado a entregar —el desmantelamiento de una larga lista de barreras no arancelarias identificadas por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés).
Esta concesión se da en un contexto profundamente adverso para México, además de que esta prórroga no garantiza estabilidad comercial ni despeja el panorama para la inversión. Al contrario, prolonga un ciclo de incertidumbre que pone al país en una situación de subordinación estructural.
I. De prórroga a presión: la tregua arancelaria que esconde una reconfiguración estructural
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistió en que “no se concedió nada”. Sin embargo, el propio Trump, que estuvo durante la llamada con Sheinbaum acompañado por su equipo de alto nivel —incluyendo a JD Vance, Scott Bessent, Marco Rubio, Howard Lutnick, Susie Wiles y Stephen Miller— afirmó públicamente que México se comprometió a eliminar de inmediato numerosas barreras no arancelarias, entre las que destacan: regulatorias, sanitarias, legales, tecnológicas, logísticas y de inversión, que Estados Unidos había catalogado como obstáculos sistemáticos para su acceso al mercado mexicano.
La lista de esas barreras, presentada originalmente en el 2025 National Trade Estimate Report del USTR, fue detallada públicamente por el analista mexicano Simón Levy, quien alertó sobre el alcance de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano tras la llamada Sheinbaum-Trump. De acuerdo con la información revelada por Levy y confirmada posteriormente por fuentes diplomáticas, las barreras que México se comprometió a eliminar abarcan:
- La exclusividad estatal sobre el litio
- Restricciones a la inversión extranjera en energía, telecomunicaciones, minería y transporte
- Obstáculos regulatorios en pagos electrónicos y banca digital
- Prohibiciones en el uso de glifosato y productos biotecnológicos
- Trámites aduaneros y logísticos para exportaciones exprés
- Retrasos en el registro de dispositivos médicos y farmacéuticos
- Barreras en propiedad intelectual y servicios digitales
Reconozco que Simón Levy fue quien hizo pública y comprensible esta letra chica del acuerdo bilateral, y su trabajo ha sido fundamental para visibilizar una cesión estructural mucho más amplia que la que reconoció públicamente el gobierno. También desde este espacio de análisis y en mi cuenta de X (@alejandrogomezt), un servidor quiso ir más allá del listado técnico y advertí lo que implicaba políticamente esta “prórroga”.
Desde el día en que se anunció el acuerdo, el 31 de julio, sostuve en mi editorial y en mis redes sociales que México no ganó terreno, solo compró tiempo, y que lo hizo desde una posición más débil que la que tenía apenas unos meses atrás, cuando se enfrentó al mismo escenario arancelario.
Lo escribí con claridad:
“México logró extender por 90 días más la pausa a los nuevos aranceles generalizados del 30%… pero esta vez, el terreno ya no es el mismo: aunque se ‘pateó el bote’, nuestra posición frente al comercio con EE.UU. es más frágil”.
También advertí desde mi cuenta de X respecto de los dos factores nuevos que reconfiguran el tablero comercial y estratégico para México:
- El arancel del 50% al cobre, firmado por Trump el 30 de julio, que afecta diversas manufacturas hechas con este metal, tales como conectores, cableado y componentes eléctricos, y que pone en jaque a sectores enteros del aparato exportador mexicano.
- Los acuerdos preferenciales de Estados Unidos con Japón, Corea y la Unión Europea, que fijan aranceles de solo 15% en sectores estratégicos como automóviles, semiconductores y farmacéuticos, reduciendo sustancialmente la ventaja que México tenía como socio prioritario de EE.UU.
Desde mi perspectiva, estos elementos no deben analizarse como incidentes separados, sino como parte de una estrategia deliberada para rediseñar la arquitectura comercial global bajo las reglas de Trump. México, al optar por ceder en las barreras no arancelarias sin obtener contrapartes reales, no solo se somete a ese nuevo marco, sino que pierde capacidad de maniobra estructural en sectores clave.
El enfoque mexicano, centrado en el corto plazo arancelario, y que además implica la pérdida progresiva de nuestra ventaja estructural y soberanía regulatoria, es lo que he querido poner sobre la mesa. Porque más allá del alivio inmediato, lo que estamos viendo es el principio de una reconfiguración profunda y desigual del T-MEC, con un México cada vez más vulnerable ante la presión unilateral de Washington.
Ahora bien, es importante reconocer que parte de esa pérdida de soberanía regulatoria también abre la puerta para desmontar el aparato ideológico y normativo heredado del obradorismo, que impuso trabas al desarrollo bajo un enfoque estatista y anticompetitivo. En ese sentido, la presión de Trump puede ser un catalizador para revertir distorsiones que, en nombre de la soberanía, terminaron afectando la inversión, la innovación y la productividad. Sin embargo, hacerlo bajo imposición externa y sin un proyecto nacional propio implica un alto costo institucional y estratégico.
II. Las verdaderas implicaciones: pérdida de soberanía productiva, apertura sin condiciones y fragilidad industrial
La eliminación de las barreras no arancelarias es mucho más que un gesto técnico o una corrección de políticas erróneas. De llevarse a cabo, representa un cambio estructural profundo en el modelo económico de México, que puede revertir la política nacionalista y de control sobre sectores estratégicos que impuso López Obrador y ha continuado con Claudia Sheinbaum.
1. Litio y energía: el botín de Washington
Según lo revelado por Simón Levy, uno de los compromisos más significativos del acuerdo México-EE.UU. es la apertura del litio. La reforma de 2022, que había reservado la exploración y explotación del litio exclusivamente al Estado mexicano, habría sido modificada de facto. La nueva cláusula, introducida tras la llamada con Trump, permite la participación extranjera de hasta 49% en casos determinados “por razones estratégicas de desarrollo nacional”.
Esto significa que, en la práctica, las empresas estadounidenses podrán participar en la cadena de valor del litio, desde su extracción hasta su procesamiento, dejando a México en el papel de proveedor de materia prima en lugar de generador de riqueza tecnológica y manufacturera.
Lo mismo ocurre con el sector energético. Las presiones del USTR se centraron en los obstáculos regulatorios que impedían la operación eficiente de empresas extranjeras en generación, importación, almacenamiento y distribución de electricidad y combustibles. El gobierno mexicano, para evitar aranceles, habría accedido a eliminar esas trabas, permitiendo una apertura sin precedentes al capital privado estadounidense en sectores tradicionalmente reservados a la CFE y PEMEX.
¿La consecuencia si esto es cierto? Una reversión silenciosa del modelo energético nacionalista, sin debate público ni reforma legislativa. El nuevo esquema rompería el equilibrio entre soberanía energética y atracción de inversión, entregando a Estados Unidos control operativo en sectores que definen la autonomía industrial de cualquier nación.
2. Agricultura y biotecnología: fin a la protección del campo
México había sido uno de los países que más se resistió a la entrada de cultivos transgénicos, pesticidas de alto impacto y prácticas agrícolas intensivas promovidas por corporaciones estadounidenses. La prohibición del glifosato, la restricción a papas frescas y la moratoria a ciertos cultivos biotecnológicos eran barreras técnicas que protegían al ecosistema mexicano, la salud pública y la soberanía alimentaria.
Todo eso se vino abajo. De acuerdo con Simón Levy, en el nuevo acuerdo informal, México aceptó acelerar los permisos de importación, revisar su prohibición al glifosato y permitir el ingreso total de papas y maíz genéticamente modificado. El USTR consiguió lo que llevaba años presionando: eliminar los controles fitosanitarios y ambientales con el argumento de que eran barreras injustificadas.
El resultado es doblemente nocivo. Por un lado, se compromete la salud de los consumidores mexicanos y se altera la biodiversidad agrícola. Por otro, se vulnera al productor nacional, que deberá competir contra gigantes agroindustriales sin las mismas capacidades ni márgenes. La pérdida de soberanía alimentaria, uno de los pilares de la seguridad nacional, se profundiza peligrosamente.
3. Telecomunicaciones, banca digital y logística: apertura sin reciprocidad
Otro de los puntos revelados por Simón Levy fue la liberalización de sectores sensibles como telecomunicaciones, banca digital y logística exprés. El USTR exigía que México eliminara las pruebas duplicadas, redujera la discrecionalidad regulatoria y abriera los mercados de servicios digitales a empresas estadounidenses.
México habría accedido a revisar su marco regulatorio. Entre los posibles cambios se encuentran la eliminación de regulaciones que protegían a proveedores locales, la apertura a proveedores extranjeros en servicios de pagos electrónicos y la eliminación de barreras para empresas logísticas y de paquetería exprés.
Esto podría traducirse, en los hechos, en una transferencia de control operativo a corporaciones extranjeras en el control de la infraestructura digital y logística del país. Y lo más grave: no se logró ningún compromiso recíproco para que empresas mexicanas tengan las mismas condiciones en EE.UU.
4. Industria nacional en desventaja
El contexto arancelario es aún más complejo. Mientras México elimina sus barreras no arancelarias, Trump mantiene los siguientes aranceles contra México:
- 25% a las exportaciones mexicanas que no cumplen reglas de origen del T-MEC
- 25% a la parte no estadounidense de los autos que si cumplan reglas de origen del T-MEC (y del 52.5% para los autos que sean hechos en México y que no cumplen dichas reglas)
- 50% al acero, aluminio y cobre.
Mientras México paga eso, Estados Unidos ya firmó acuerdos preferenciales con Japón, Corea y la UE, donde se acordó un arancel fijo del 15% para sectores como automotriz, farmacéutico y tecnológico.
Esto implica que la ventaja competitiva que tenía México en el T-MEC se diluye rápidamente. La industria automotriz ya resiente el impacto: las exportaciones cayeron 4% en el primer semestre de 2025. Diversas manufacturas de cobre, producto clave para el sector eléctrico, ahora enfrenta una barrera del 50%, lo que afecta a sectores como electrodomésticos, cableado, conectores y autopartes.
El escenario es claro: se impone un nuevo orden comercial donde México pierde ventajas, abre sectores sensibles y recibe a cambio una promesa de tregua que expira en octubre. Además de no tener certeza de cómo va a quedar el T-MEC a partir del 1 de julio de 2026.
III. Lo que está en juego: ¿hacia una estrategia de resistencia o de sumisión?
La prórroga de 90 días es una cuenta regresiva. No se trata solo de evitar aranceles, sino de definir el rumbo económico, político y geoestratégico de México para los próximos años. Las opciones son pocas, pero contundentes.
1. El camino de la sumisión
Si México sigue aceptando las condiciones de EE.UU. sin reciprocidad, terminará subordinando toda su estructura económica al arbitrio de Washington. Las reformas regulatorias, la apertura sectorial y la renuncia a sus instrumentos de política pública pueden volverse irreversibles. La cooperación en migración y seguridad también se intensificará, sin garantías de beneficio mutuo.
La tentación de “mantener el acceso” a toda costa es grande, sobre todo ante la dependencia comercial de EE.UU. Pero no puede ser a cualquier precio.
2. El camino de la estrategia
México necesita construir una estrategia firme, técnica y geopolítica. Esto implica:
- Documentar las violaciones al T-MEC y activar mecanismos de controversia
- Exigir reciprocidad en las condiciones regulatorias
- Coordinar con Canadá, la UE y América Latina para frenar el unilateralismo comercial de Trump
- Establecer líneas rojas: sectores no negociables, límites a la apertura y plazos claros
- Reforzar el papel del Congreso y de los organismos empresariales en la toma de decisiones
El objetivo no debe ser “mantener la calma” sino construir un nuevo equilibrio. No basta con evitar castigos: hay que recuperar soberanía.
3. Reconstruir la autonomía productiva
Finalmente, México debe aprovechar esta crisis para replantear su modelo económico. La excesiva dependencia del mercado estadounidense es una vulnerabilidad. La reindustrialización, la diversificación comercial y el fortalecimiento del mercado interno son urgentes.
La política industrial no puede basarse solo en maquila. México debe generar tecnología propia, formar cadenas de valor regionales, proteger a sus PYMEs y garantizar un marco regulatorio que favorezca el desarrollo nacional, no solo la inversión extranjera.
Conclusión: México compró tiempo… pero hipotecó su futuro
La eliminación de las barreras no arancelarias no fue un gesto técnico ni una solución pragmática. Fue una cesión estructural, negociada bajo presión, que expone con crudeza la fragilidad de la política económica mexicana tras años de estatismo ideológico, improvisación comercial y aislamiento estratégico. Trump no solo impuso condiciones sino que además evidenció que el “blindaje” del obradorismo era frágil, inconsistente y basado en un modelo insostenible.
Pero esta cesión también abre una ventana de oportunidad. Si se gestiona con visión de Estado, puede sentar las bases para desmontar las distorsiones que frenaban la competitividad nacional. El riesgo, sin embargo, es enorme: hacerlo sin plan propio, sin reciprocidad y sin protección de sectores clave, nos deja atrapados entre la subordinación y la desindustrialización.
México está ante una encrucijada. Puede consolidar un nuevo proyecto de desarrollo productivo, basado en soberanía inteligente, innovación y diversificación. O puede resignarse a ser un engranaje pasivo en un orden comercial impuesto desde fuera. La diferencia la marcará la voluntad política, la capacidad técnica y el compromiso con un futuro que no dependa exclusivamente de lo que decida Washington.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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Fue un «Quid pro cuo» barreras arancelarias por funcionarios coludidos.