Cae la confianza de los consumidores y la aprobación presidencial

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AMLO registra caídas en la Confianza del Consumidor y en la aprobación a su gestión.

Recientemente hemos visto la publicación de diversas encuestas que dan cuenta de que el nivel de aprobación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha disminuido de manera importante en el último año. Una encuesta de El Universal señala que en los últimos 12 meses la aprobación de AMLO pasó de un 79.5% a un 57.1%, mientras que un estudio similar de Reforma indica que su popularidad cayó de un 78% a un 59%. Esto ha sido motivo de debate entre los que piensan que la caída en la aprobación es aún mayor y los que creen que creen que la popularidad del presidente no ha caído y que se utiliza a las encuestas para golpearlo.

En este contexto, debemos pensar que la aprobación o desaprobación del presidente debería estar relacionada de cierta manera a la manera cómo se sienten las personas respecto a diversos factores, entre ellos su situación económica y la del país. En este sentido, el indicador que nos informa que tan optimistas o pesimistas se sienten los consumidores mexicanos es el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). El ICC es un indicador relevante porque parte de la premisa de que si la confianza de los consumidores es alta, éstos tenderán a comprar más bienes y servicios, lo cual debería estimular a la totalidad de la economía, mientras que si la confianza es baja, entonces se podría esperar que el nivel de consumo de las personas sea más bajo.

En México, el ICC arroja un valor numérico que resulta de promediar cinco subíndices que hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar del entrevistado, la situación económica actual y futura del país, así como qué tan propicio se considera el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero. Es así que en términos generales, el ICC mide el nivel de optimismo de los consumidores respecto a su situación particular y de la situación general de la economía.

¿Entonces es el ICC un buen predictor de cómo se comportará la economía? En el caso de México no mucho ya que el coeficiente de correlación entre el ICC y el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), para el periodo de 2001 a 2019 es de -0.20 y para el periodo de 2010 a 2019 es de apenas +0.22. No entraré en los detalles de qué significan exactamente esos números, pero sea como sea, lo que denotan es que la relación entre el grado de actividad económica y el nivel de optimismo de los consumidores (por si solo) es baja y poco significativa. No obstante lo anterior, desde mi punto de vista el ICC resulta relevante para conocer qué tan efectivas son las políticas públicas en el sentido de si hacen sentir a las personas que su situación económica y la del país va mejorando o si piensan que ésta va a mejorar en el corto plazo.

El ICC en 2019

Para seguir ilustrando la desconexión entre la confianza del consumidor y el crecimiento económico tenemos que de acuerdo con el INEGI en el 2019, con cifras originales, el ICC aumentó un sólido 14.3% anualizado (al haber pasado de un valor promedio de 39.2 en 2018 a uno de 44.8 en 2019) y no obstante lo anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano cayó -0.1%. Esto implica que en México la mayoría de los consumidores se sintieron más 0“optimistas” el año pasado a pesar de las complicaciones en materia económica que vivimos. ¿Pero porque sucedió esto?

Debemos tener presente que el ICC tiene cinco componentes (en la forma de preguntas), y en el comparativo del 2019 respecto del 2018, todos registraron incrementos anualizados, tal como se describe a continuación:

  1. Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían hace 12 meses ¿Cómo cree que es su situación en este momento?, incrementó 7.4% (pasó de 45.4 a 48.8).
  2. ¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?, observó un aumento de 7.3% (pasó de 52.9 a 56.8).
  3. ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?, fue el componente que más creció aumentando 31.2% (pasó de 31.5 a 41.3).
  4. ¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?, creció 16.7% (pasó de 44.3 a 51.7).
  5. Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?, subió 16.6% (pasó de 21.8 a 25.5).

ICC 2018 y 2019

De estos datos hay dos cosas importantes que se deben destacar. La primera es que los mayores incrementos en los componentes del ICC se observaron en la percepción de que la situación  económica del país era mejor que la de hace un año (pregunta 3) y la creencia de que la situación económica del país será mejor dentro de 12 meses respecto a lo que se estaba viviendo (pregunta 4). Es decir, gran parte del aumento en el ICC estaba fincado en la creencia de una mejoría de la macroeconomía y no de la situación particular del hogar. El segundo aspecto a destacar es que sólo en dos preguntas los componentes del ICC registraron valores promedio por encima de 50 puntos en el 2019. Uno de ellos es la creencia de que la situación económica del hogar será mejor dentro de 12 meses (pregunta 2) y la creencia de que la situación económica del país será mejor dentro de 12 meses (pregunta 4).  Lamentablemente, en el tema de cómo es la situación del hogar respecto a hace un año (pregunta 1)  el valor creció 7.4% y registró un valor por debajo de 50 en 2019; y peor aún es el tema de la posibilidad de comprar bienes de consumo duraderos (pregunta 5), ya que dicho componente registra un valor de apenas 25.5 puntos en 2019, muy por debajo del umbral de 50 puntos.

Como una conclusión parcial de lo hasta ahora presentado, tenemos que en 2019 la evolución favorable del ICC no se tradujo en un buen desempeño económico, y que el aumento del ICC ocurrió principalmente por la creencia de que la situación futura del hogar y del país sería mejor en los próximos doce meses.

El ICC en el primer bimestre de 2020

En este sentido, la realidad ya comenzó a golpear a las expectativas optimistas que se tenían. Tenemos que en el primer bimestre de 2020, con cifras originales,  el ICC registra una caída anualizada de -6.7%, lo que denota que muchos consumidores mexicanos comienzan a perder la esperanza de una mejor situación económica para sus hogares y para el país. Al analizar la evolución de los cinco componentes del ICC en el comparativo del primer bimestre de 2020 respecto de los mismos meses de 2019, tenemos lo siguiente:

  1. Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían hace 12 meses ¿Cómo cree que es su situación en este momento?, se mantuvo sin cambio (el índice se quedó en 48.8).
  2. ¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?, observó una caída de -4.4% (pasó de 58.7 a 56.1).
  3. ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?, reportó un decremento de -4.7% (pasó de 42.4 a 40.4).
  4. ¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?, se derrumbó -16.5% (pasó de 57.4 a 47.9).
  5. Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?, cayó -6.4% (pasó de 27.1 a 25.4).

ICC I19 y I20

Estos datos constatan la ineficacia de las políticas públicas para muchos hogares. La pregunta 1 muestra que el promedio de hogares no siente que haya habido una mejoría en su situación económica respecto a hace un año. La pregunta 2 muestra que la mayoría de los hogares piensan que su situación mejorará en los próximos 12 meses, pero el porcentaje de los que así lo consideran va en disminución. Las preguntas 3 y 4 denotan que la mayoría de los hogares perciben que la situación macroeconómica del país se ha deteriorado y continuará empeorando. Finalmente, la pregunta 5 indica un retroceso respecto a la posibilidad de los hogares de adquirir bienes de consumo duraderos.

Para concluir considero que esta información es igualmente importante, así como los datos de las encuestas respecto al porcentaje de aprobación del presidente López Obrador. Esto porque en cuestión de política muchas personas pueden decir que aprueban al presidente porque votaron por él y no quieren reconocer que la situación del país ha empeorado en muchos sentidos. Pero al responder una “encuesta económica”, como la del ICC, en materia de qué tan optimistas se sienten, se puede obtener una valoración más precisa de cómo las personas perciben los resultados respecto al desempeño económico por parte del gobierno federal. Los resultados del primer bimestre ahí están, y la gente está perdiendo el optimismo.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

La deuda pública en el sexenio de EPN vs el primer año de AMLO

Hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los saldos de la deuda pública de México al cierre del 2019 y hay relativamente buenas noticias. Esto porque contrario a la desastrosa gestión de las finanzas públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador resultó de una evolución ordenada del saldo de la deuda pública, tal y como veremos en esta entrega.

La deuda pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Al cierre de diciembre de 2012 el saldo total de la deuda neta del sector público fue de 5.352 billones de pesos, pero durante el sexenio de Peña Nieto dicho saldo aumentó hasta los 10.829 billones de pesos al cierre de 2018, lo que representa un incremento de 5.477 billones de pesos o bien, un 102.3% de incremento nominal. Este ritmo de aumento implica que con Peña Nieto el país se endeudó a razón de 912.8 miles de millones de pesos (mmdp) al año, cifra equivalente a ¡2.499 miles de millones de pesos diarios! El tamaño de este número es enorme, por lo que queda más claro si decimos que en el sexenio pasado el ritmo de aumento de la deuda total del sector público fue de 104.2 millones de pesos por hora o 1.73 millones de pesos por minuto.

Deuda pública

Cabe señalar que la totalidad de la deuda del sector público está compuesta por la deuda del gobierno federal más la deuda de empresas públicas como PEMEX y CFE, así como de la deuda de otros organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Si consideramos que en el cuarto trimestre de 2012 el PIB nominal fue de 16.4 billones de pesos y que en el mismo trimestre de 2018 éste fue de 24.3 billones de pesos, esto implica que el saldo de la deuda neta del sector público pasó de representar el 32.7% del PIB en 2012 a representar el 44.6% del PIB en 2018. Queda claro pues que en el sexenio Peñista, el peso de la deuda aumentó en 11.9 puntos porcentuales del PIB, lo que implica un incremento de casi dos puntos porcentuales del PIB por año. Si tomamos en consideración que la economía mexicana creció en promedio a una tasa de 2.4%  durante el periodo de 2012 a 2018, pues con las cifras del aumento de la deuda pública queda claro de donde salió buena parte del impulso económico que vivimos. En otras palabras, podemos hipotetizar que si Peña Nieto no hubiera endeudado al país como lo hizo, la economía mexicana prácticamente no habría crecido.

Producto del incremento desordenado del saldo de la deuda total del sector público, aunado al aumento en las tasas de interés en México, es que el costo financiero de ésta se elevó de manera considerable. En el 2012 dicho costo fue de 305.118 mmdp y para el 2018 éste ascendió hasta los 615.040 mmdp, lo que implica un incremento de 101.57% en el pago de intereses. Este incremento en el costo financiero de la deuda significa que comparado con el 2012, en 2018 el sector público federal tenía unos 309.922 mmdp menos disponibles para atender los grandes rezagos del país en materia de infraestructura, seguridad, combate a la pobreza, desarrollo regional, entre otros.

La deuda pública en el primer año del sexenio de AMLO

Como se señaló líneas arriba, al cierre de 2018 el saldo de la deuda pública de México fue de 10.829 billones de pesos, mientras que al 31 de diciembre de 2019 dicho saldo fue de 11.027 billones de pesos, lo que significa que en el año que recién concluyó el saldo de la deuda neta pública aumentó en apenas 197.6 mmdp o en un 1.8% nominal. Si tomamos en consideración que el PIB mexicano fue de unos 25 billones de pesos a cierre de 2019, entonces queda claro que el saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB bajó ligeramente a 44.1%.

Resulta evidente que este ritmo de endeudamiento es apenas un 20% de lo que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual son buenas noticias para México. Haber roto la inercia de endeudamiento irresponsable de los seis años anteriores.

Es importante destacar que es verdad que el año pasado el gobierno federal tomó más de la mitad de los recursos, unos 125 mmdp, del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), para compensar la caída de los ingresos por impuestos y petróleo en el ejercicio fiscal 2019.

Y es que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los ingresos tributarios fueron menores en 108.75 mmdp respecto a los esperados de 3.311 billones de pesos; mientras que los ingresos petroleros llegaron a 955.55 mmdp, casi 89.9 mmdp menos de lo esperado. Este faltante se compensaría con más deuda pública o utilizando los recursos del FEIP. El gobierno de AMLO optó por lo segundo probablemente porque López Obrador prometió en campaña no endeudar más a México y que el saldo de la deuda aumentaría en función de la inflación, algo que si cumplió en 2019.

Supongamos que no hubieran tomado los recursos del FEIP, entonces hubieran tenido que compensar la caída en la recaudación fiscal con más deuda pública. En este caso, pues la deuda del sector público hubiera crecido en 2019 en unos 322 mmdp (125 mmdp adicionales a los 197.6 mmdp en que aumentó el saldo de la deuda neta total). Esta cifra de cualquier manera está muy por debajo del casi billón de pesos que nos endeudó por año el presidente Peña Nieto.

No obstante que la deuda del sector público creció a un ritmo mucho menor en 2019 respecto de los seis años anteriores, el costo financiero de ésta llegó a su nivel más alto de la historia. En 2019 el sector público federal destinó 666.5 mmdp a pagar los intereses de la deuda, lo cual es 8.36% nominal más alto a lo pagado en 2018. Si tomamos en consideración que el gasto neto total por parte del sector público fue de 5.786 billones de pesos en 2019, entonces queda claro que el 11.5% de los gastos totales se destinan a pagar intereses de la deuda, en lugar de servir para abatir los rezagos mencionados líneas arriba.

Costo de la deuda 2019

Consideraciones finales

Si bien el manejo económico del país que ha llevado a cabo la administración del presidente López Obrador deja mucho que desear, ya que la economía ha entrado en recesión acumulando tres trimestres consecutivos con caídas anualizadas del PIB, en materia de finanzas públicas el manejo ha sido mucho más responsable que el de la administración del presidente Peña Nieto.

López Obrador y su Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, han sabido mantener a los inversionistas financieros tranquilos, así como a las calificadoras de riesgo. Muestra de ello es que el riesgo país de México cerró el 2019 en un nivel de 177 puntos base, con lo que acumuló en dicho año una disminución de 64 puntos. De igual forma, el pasado mes de diciembre de 2019, la agencia calificadora de riesgos, Fitch Ratings, nos mantuvo la calificación en un nivel de grado de inversión BBB con perspectiva estable.

Ahora el reto será mantener la disciplina fiscal para que el ritmo de crecimiento de la deuda del sector público se mantenga bajo. De igual forma, se debe cuidar el abatir los problemas de corrupción, inseguridad, gobernanza, Estado de derecho y la debilidad en la plataforma petrolera de Pemex. Si no trabajamos en estos aspectos, eventualmente nuestro país lo resentirá en la forma de la pérdida del grado de inversión. López Obrador ha demostrado tenerle respeto a las calificadoras de riesgo, y por eso se ha esforzado por mantener la disciplina fiscal, ojala que no lo eche a perder por no atender estos problemas.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

Se agrava la debilidad fiscal de México

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El estancamiento económico de México ha mermado los ingresos del sector público.

La situación de las finanzas públicas de México es preocupante ya que a la par del nulo crecimiento económico registrado en los primeros tres trimestres de 2019, los ingresos del sector público federal prácticamente están estancados en términos reales. Esto implica un gigantesco reto para las autoridades ya que se requieren recursos para cumplir las promesas de campaña del presidente López Obrador, pero también se requiere mantener la disciplina fiscal para que las calificadoras de riesgo no nos bajen la calificación de nuestra deuda soberana.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos presupuestarios del sector público muestran un incremento en términos reales de apenas 0.3%, al haber pasado de 4.656 billones en los primeros once meses de 2018 a 4.841 billones de pesos en los mismos meses de 2019. Este aumento marginal es producto de que los ingresos petroleros disminuyeron -9.2%, mientras que los no petroleros aumentaron apenas 2.5%.

Si asumimos que el PIB nominal fue de 24.195 billones de pesos en 2019 y también estimamos que al cierre de dicho año los ingresos del sector público cerraron con un aumento real de 0.3% respecto al 2018, podemos anticipar que los ingresos de todo el sector público en dicho año representaron aproximadamente el 21.8% del PIB. Sin embargo, si analizamos lo que representan los ingresos tributarios respecto del PIB, vemos que el porcentaje es de apenas el 13.15%, uno de los porcentajes más bajos de toda América Latina y el más bajo de todos los países que conforman la Organización  para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A continuación se presenta un análisis detallado de la evolución de los ingresos tributarios en 2019.

Las cifras de la SHCP muestran que los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron apenas 0.9% en términos reales en el comparativo de los primeros once meses de 2019 respecto de los mismos meses de 2018, ya que pasaron de 2.790 billones de pesos a 2.921 billones de pesos. De esta manera vemos que los ingresos tributarios pasaron de representar el 59.9% de los ingresos totales del sector público en 2018 a ser el 60.3% de éstos en 2019.

Ahora, tenemos que el aumento en términos reales de 0.9% en los ingresos tributarios del gobierno federal es producto de que la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR) retrocedió -1.6%, la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó -3.7%, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) subió 29.7%, la de Impuestos a la Importación (IGI) retrocedió -3.4%, la del Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos (IAEEH) subió 9.2%, mientras que la de otros impuestos cayó -16.5%. Esta evolución es sin duda producto del estancamiento económico, ya que si la economía no crece, no hay forma de que aumente la recaudación por ISR, IVA e IGI.

Ingresos Sector Público

Entre el 2018 y el 2019 vemos un cambio en la conformación de los ingresos tributarios en México. En los primeros once meses de 2018 la recaudación se dio de la siguiente manera (en paréntesis se indica el porcentaje de lo que representa cada impuesto respecto de la recaudación tributaria total): ISR (53.9%), IVA (30.7%), IEPS (11.2%), IGI (2.1%), IAEEH (0.2%) y otros impuestos (1.9%). En los primeros once meses de 2019 la conformación de la carga tributaria fue de la siguiente manera: ISR (52.5%), IVA (29.3%), IEPS (14.4%), IGI (2.0%), IAEEH (0.2%) y otros impuestos (1.6%). Estas cifras muestran claramente la como el IEPS adquiere cada vez una mayor importancia para las finanzas públicas.

Puesto en pesos nominales, vemos que en el periodo de referencia la recaudación por ISR pasó de 1.503 billones de pesos a 1.533 billones de pesos, mientras que la recaudación por IVA pasó de 856.17 miles de millones de pesos (mmdp) a 855.18 mmdp, pero el mayor aumento lo tenemos en la recaudación por IEPS, la cual pasó de 312.9 mmdp a 421.01 mmdp. Con estas cifras queda claro que el desastre fiscal de México se logró evitar en el 2019 gracias a la recaudación de IEPS, cuyo principal componente es el que se cobra a las gasolinas y al diésel.

La debilidad fiscal de México ha sido bastante documentada y analizada, desde hace muchos años. En el recientemente publicado reporte “Estadísticas de ingresos 2019: Tendencias de los ingresos fiscales en la OCDE” elaborado por dicho organismo multinacional, se presentan datos detallados comparables internacionalmente sobre los ingresos fiscales de los países de la OCDE para todos los niveles de gobierno. La última edición proporciona datos finales sobre ingresos fiscales en 2018 y México destaca por ocupar la última posición.

Los datos de la OCDE muestran que, en promedio, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB (es decir, la relación de recaudación de impuestos respecto del PIB) de los países miembros de dicho organismo internacional fue de 34.3% en 2018, cifra ligeramente superior al 34.2% observado en 2017. El reporte menciona que Francia tuvo la mayor relación impuestos / PIB en 2018 (46.1%). Dinamarca, que tuvo la relación más alta entre impuestos y PIB de los países de la OCDE entre 2002 y 2016, ocupó la segunda relación más alta entre impuestos y PIB en 2018 (44.9%); mientras que México tuvo la proporción más baja de impuestos a PIB (16.1%). Como se puede destacar, este porcentaje es superior al 13.15% mencionado en el tercer párrafo de este análisis.

Recaudación fiscal OCDE

El estudio de la OCDE hace mención a que la mayor caída en la relación impuestos / PIB entre 2017 y 2018 fue en los Estados Unidos (2.5 puntos porcentuales menos). La disminución en los Estados Unidos se debió a las reformas fiscales implementadas en la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, que redujo la tasa de impuestos corporativos del 38.9% en 2017 al 25.8% en 2018 y también redujo la carga fiscal sobre el ingreso laboral a través de reducciones en el ingreso tasas impositivas y aumentos en la deducción estándar y el crédito tributario por hijos.

¿A qué se debe la debilidad fiscal de México? Hay muchas razones, pero una de las más importantes tiene que ver con lo extendida que esta la economía informal en nuestro país. De acuerdo con cifras de INEGI recientemente publicadas, en 2018 la medición de la Economía Informal mostró que 22.5% del PIB es informal y se genera por 56.7% de la población ocupada en condiciones de informalidad. De esta manera, tenemos que el 77.5% del PIB lo genera el Sector Formal con sólo el 43.3% de la población ocupada. En otras palabras: por cada 100 pesos generados de PIB del país, 78 pesos provienen del 43% de ocupados formales, mientras que 22 pesos corresponden al 57% de ocupados en informalidad.

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En México el 57% de las personas trabajan en la economía informal.

Cabe señalar que del citado 22.5% de PIB generado por la Economía Informal en 2018, 11.1 puntos corresponden al Sector Informal, es decir, a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios. De igual manera, 11.4 puntos corresponden a las Otras Modalidades de la Informalidad, que refieren a todo trabajo que aún y cuándo labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales).

Aunado a lo anterior, existen otras causas que explican la históricamente baja recaudación fiscal: 1. La falta voluntad política del gobierno para proponer una real reforma tributaria, 2. Una ineficiente administración tributaria (existen grandes niveles de evasión y elusión fiscal), 3. El amparo en materia impositiva ha restado fuerza a la autoridad fiscal, y no en todos los casos beneficia a la mayoría de causantes, 4. La existencia de regímenes o estímulos fiscales especiales a ciertos sectores erosiona la base tributaria, , además de que existía un amplio otorgamiento de facultades discrecionales del Ejecutivo para establecer, mediante decreto, exenciones o condonaciones, 5. La percepción negativa por los ciudadanos del uso y manejo honesto del gasto público, 6. Como se explicó líneas arriba, existe un reducido número de impuestos con el que el Estado mexicano grava a sus ciudadanos (básicamente ISR e IVA aportan el 81.8% de la recaudación tributaria), y 7. Las pocas facilidades administrativas para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

No obstante todo lo anterior, y que el dinero no alcanza para realizar un adecuado gasto de inversión física por parte del sector público porque se le ha dado prioridad a algunos programas sociales clientelares, el presidente López Obrador insiste en que no habrá reforma fiscal sino hasta el 2021. Esto implica que seguiremos bajo la lupa de las agencias calificadoras y seguiremos gastando irresponsablemente los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) hasta terminárnoslo. Es así que aunque tengamos indicadores financieros sólidos que hacen pensar a muchos que vamos bien en materia económica, la realidad es que la economía está detenida por alfileres, al menos en el ámbito fiscal.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

Apuntes para una neopolítica industrial en México

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

Habían sido días de un enorme nerviosismo y de un arduo trabajo de cabildeo con autoridades del gobierno federal, por parte de los sectores calzado, textil y vestido. Esto porque los aranceles máximos Nación Más Favorecida (NMF) cobrados a las importaciones de estos productos originarios de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio, en especial originarios de China y Vietnam, estaban programados para disminuir al 20% a partir del próximo 2 de noviembre.

Dada la enorme diferencia de costo-país de México versus China, y el hecho de que dicha nación asiática no es una economía de mercado aunque ellos digan que si, la baja arancelaria planteada representaba un enorme riesgo para decenas de miles de empleos de estas industrias, erosiona la rentabilidad de las empresas, merma la recaudación de impuestos por parte del gobierno federal en favor de grupos de importadores, afecta el crecimiento de varias regiones de México, y no se traduce en precios más bajos para los consumidores. La baja arancelaría implicaba simplemente entregarle nuestro mercado a las empresas de naciones asiáticas, una mayor concentración  de la riqueza y lo peor es que sería a cambio de absolutamente nada.

Dada esta situación y la urgencia de tener una definición que diera certidumbre a los sectores productivos, el viernes 25 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, anunciaron la decisión de mantener los aranceles máximos a la importación de productos de calzado, textil y vestido, en los niveles actuales hasta el fin del sexenio, es decir, hasta el 31 de agosto de 2024.

Esta decisión, que fue recibida con un enorme beneplácito por parte de empresarios y trabajadores de la industria, así como por parte de la población en general que entiende la importancia de los sectores calzado, textil y vestido, es posiblemente la acción más clara de política industrial que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una acción contundente que demuestra que cuando dijo que Primero México y luego el extranjero, el presidente hablaba en serio.

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Simón Levy Dabbah, un aliado de la industria nacional.

Es así que debe reconocerse la importancia que el gobierno federal le ha dado a estas actividades productivas que tienen un enorme potencial de crecimiento del empleo y creación de riqueza que puede permear a miles de familias. La decisión implica un cambio de mentalidad por parte del gobierno federal respecto a administraciones anteriores. En este sentido, resulta relevante hacer alusión a los mensajes de Twitter que publicó mi amigo Simón Levy Dabbah tras el anuncio de mantener los aranceles: “Hoy me siento orgulloso de la #4taTransformacion porque la industria del calzado es considerada –a diferencia del modelo neoliberal- estratégica para el mercado interno. Compitamos globalmente; si a la apertura pero no al libertinaje. Tanto mercado interno para tanta globalización” y “Todos los ortodoxos que predican y rezan a favor del libre comercio, están equivocados: el comercio libre es una falacia hoy más que nunca. Lo que hay, es comercio inteligente y los jugadores ya no sólo son empresas sino paraestatales. Impulsemos una apertura con inteligencia.”

Tal vez por las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y su America First, o por la manera cómo han permeado los conceptos de Manufactura 4.0 impulsados fuertemente por Alemania, o tal vez sea por los problemas crónicos de crecimiento económico que enfrenta México, pero la realidad es que afortunadamente en nuestro país, hay una creciente cantidad de funcionarios públicos y líderes empresariales que reconocen la importancia de implementar una política industrial inteligente y moderna. Esto es muy bueno, porque la idea de una política industrial de verdad fue relegada durante décadas en nuestro país. Hoy más que nunca, las teorías de libros de texto de economía de los ochentas y noventas han quedado atrás y sólo los académicos trasnochados siguen creyendo en ellas.

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Noah Smith de Bloomberg

Y pues en este contexto y dado que el tema será cada vez más importante, quiero hacer referencia a un reciente artículo de Noah Smith, publicado en el portal de Bloomberg y titulado “¿Deben los gobiernos elegir ganadores? Ha funcionado anteriormente” en él se hace un recuento de ocho libros que dan cuenta de los éxitos y fracasos de la política industrial en el mundo. A continuación se mencionan dichos libros y algunos de sus principales argumentos.

  1. Economía concreta: El Enfoque de Hamilton hacía el Crecimiento Económico y la Política” de Stephen S. Cohen y Brad DeLong. En este libro los autores tratan menos el tema de cómo llevar a cabo la política industrial y elaboran más sobre la necesidad de llevarla a cabo. Dando una enorme cantidad de ejemplos en base a la historia de Estados Unidos, Cohen y DeLong argumentan que el apoyar a ciertos sectores económicos específicos y realizar algunas promesas específicas es esencial para ganar legitimidad popular y apoyo para un programa de economía política. La gente sólo apoyará un plan, argumentan los autores, si tienen cierta idea concreta de cómo dicho plan mejorará sus vidas. El simplemente dejar el desarrollo económico a los caprichos del mercado seguramente resultará en un sector financiero hinchado de ganancias y en desilusión popular.
  2. Política industrial para el Siglo Veintiuno” de Dani Rodrik. En este libro, Rodrik, un economista de la Universidad de Harvard, ofrece una teoría de porqué la política industrial funciona como una estrategia de desarrollo para los países pobres. En lugar de elegir industrias ganadoras, Rodrik argumenta, que los países exitosos subsidian las exportaciones, con el objetivo de darse cuenta de qué cosas son las que fabrican mejor. Los mercados mundiales reaccionan como una herramienta de descubrimiento, recompensando a las industrias exitosas y castigando a las que no son productivas, y ayudando a cada país a encontrar su lugar de mayor eficiencia en el sistema global de comercio.
  3. Como funciona Asia” de Joe Studwell. Si quieres leer acerca de la historia reciente de políticas industriales exitosas, este es el libro de lectura obligada. Haciendo uso de una enorme cantidad de recursos y fuentes de información, Studwell presenta una visión unificada del modelo de desarrollo del Este de Asia que convirtió a Japón, Corea del Sur y Taiwán en naciones ricas, y que ahora ayuda a impulsar la economía de China. Algunos elementos del modelo –por ejemplo, redistribución de la tierra agrícola de terratenientes a agricultores- son solo aplicables a países pobres. Pero la idea de Studwell de “disciplina exportadora” –mover a las empresas a incursionar en los mercados globales y forzar la liquidación de aquellos que fallan- podría usarse en los países ricos también.
  4. La era de Park Chung-Hee: La Transformación de Corea del Sur”, editado por Byung-Kook Kim y Ezra Vogel. Esta colección de ensayos detalla la impresionante forma de gobernar durante 16 años por parte del dictador militar surcoreano Park Chung-Hee, un periodo en el que su ingreso real per cápita casi se cuadruplico. Aunque Park fue un tirano represor, sus políticas económicas sacaron al país de la pobreza a una tasa más rápida que cualquier otro país en toda la historia. El enfoque de Park, que incluía vastas cantidades de planeación estatal, grandes conglomerados apoyados por el gobierno, focalización de industrias estratégicas y promoción de exportaciones, es tal vez el ejemplo más puro de una política industrial moderna en funcionamiento.
  5. ¿Puede competir Japón?” de Michael Porter, Hirotaka Takeuchi y Mariko Sakakibara. Escrito en el año 2000, este libro ofrece una historia con moraleja sobre cómo la política industrial puede distorsionarse, especialmente en los países desarrollados. El profesor de negocios Porter, Takeuchi y Sakakibara nos muestran cómo es que el famoso Ministerio de Comercio Exterior e Industria de Japón (MITI por sus siglas en inglés) ayudó a impulsar al país al liderazgo mundial en industrias como la manufactura de automóviles y herramientas para maquinaria, pero comenzó a fallar en los 80s y 90s. En las nuevas industrias como la electrónica, las viejas recetas fallaron, y Japón perdió competitividad, y la reputación del MITI quedó amargada.
  6. El Estado Emprendedor: Desenmascarando los mitos del sector público vs privado” de Mariana Mazzucato. En este contundente libro, que ha sido muy influyente en el Reino Unido, la economista Mazzucato argumenta que los mayores avances tecnológicos tienen una cantidad significativa de apoyo gubernamental. Ella demuestra que las compañías privadas como Apple, aunque venerada por su innovación, de hecho cosecha los frutos de un proceso de largo alcance de investigación y desarrollo apoyado por el gobierno. Mazzucato argumenta que las teorías populares respecto a la superioridad del sector privado sobre el gobierno están equivocadas, y que sólo el sector público puede hacerse cargo de los enormes gastos y apoyar en los grandes proyectos de largo plazo.
  7. Iniciando América: cómo la ciencia revolucionaria puede revivir el crecimiento económico y el sueño americano” de Jonathan Gruber y Simon Johnson. Los economistas Gruber y Johnson no sólo teorizan respecto del valor de la política industrial, ellos diseñan un plan concreto. Aprovechando las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y la carrera espacial, proponen un aumento anual de $ 100 mil millones de dólares en gastos de investigación y desarrollo en los Estados Unidos. Conscientes del problema de la actividad económica que se concentra en un puñado de centros tecnológicos de las grandes ciudades, proponen construir grandes parques de investigación nuevos en áreas económicamente deprimidas con mucho talento local y buena calidad de vida. Cada centro se centraría en un área prometedora de descubrimiento científico, con el gobierno poniendo fondos para investigación y asistencia de comercialización, y extrayendo un retorno a través de la propiedad pública de la tierra. Es un plan audaz y también bueno.
  8. Nuestras ciudades: un viaje de 100,000 millas al corazón de América” de James y Deborah Fallows. Volando alrededor de los Estados Unidos, en un pequeño avión, los dos escritores veteranos narran las historias de ciudades que han revivido después del triple impacto del declive de la franja conocida como el Cinturón de Óxido, la competencia china y la Gran Recesión de 2009. Al observar los elementos comunes, intentan extraer lecciones generales sobre los tipos de políticas industriales locales que las ciudades pueden adoptar para revivirse. Las recetas incluyen un centro de la ciudad revitalizado, educación técnica sólida, enfoque en una industria específica o un conjunto de industrias y, lo más importante, una estrecha cooperación entre el gobierno local, las empresas, las universidades y las organizaciones sin fines de lucro.

Esta lista de lecturas proporciona una introducción al mejor pensamiento moderno sobre el tema de la política industrial, pero hay mucho más para leer. Debemos aprovechar la coyuntura actual para lanzar una gran política industrial mexicana que replique los milagros industriales de las naciones asiáticas. Hay que apoyar al gobierno federal en esta gran tarea y hay que esperar que éste haga lo propio para crear las condiciones necesarias para el desarrollo industrial de México.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

La receta para crecer una vez más

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El premio Nobel de Economía, Robert Solow.

Diversos estudiosos del fenómeno del crecimiento económico, como el economista Robert Solow (1924), han puesto un enorme énfasis en la necesidad de las inversiones en bienes de capital como un requisito indispensable para que pueda generarse el ansiado crecimiento. Las inversiones en activos de capital, tales como fábricas, maquinaria, herramientas y otros equipos para la producción, son indispensables porque son el medio a través del cual las empresas generan ingresos y mejoran su eficiencia operativa.

Los bienes de capital mejorados aumentan la productividad del trabajo, permitiendo a las empresas pagar mejores sueldos y ser más productivas y eficientes. Más equipamiento en las fábricas provoca un incremento en la rapidez con la que se producen los bienes y servicios; además de que las nuevas inversiones suelen ahorrarle costos a las empresas, lo que le permite a éstas incrementar sus utilidades.

Con esto en mente, queda claro porque se ha argumentado tanto respecto a que buena parte de la razón por la cual el PIB cayó -0.8% en el segundo trimestre de 2019 (con cifras originales) se debe a la importante caída que ha registrado la inversión fija bruta. La evidencia estadística muestra que el coeficiente de correlación entre la tasa de crecimiento económico y la tasa de aumento de la inversión física es muy elevado, siendo éste de 0.79 para el periodo del cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2019.

De acuerdo con cifras del INEGI, el segundo trimestre de 2019 resultó muy negativo para la inversión fija bruta total ya que su índice de volumen físico cayó -7.3% respecto al mismo trimestre de 2018, lo que representa la mayor caída anualizada para este indicador desde el cuarto trimestre de 2009, año en el que vivimos la última gran crisis económica en nuestro país. Con la caída anualizada del segundo trimestre de 2019, se acumulan tres trimestres consecutivos con caídas en este indicador, lo que es indicativo de que el freno en la inversión ya se venía arrastrando desde el cierre del sexenio anterior. Esto puede deberse a la incertidumbre generada por el cambio de gobierno federal y algunas decisiones que se anunciaron tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, tales como la cancelación del NAIM.

Resulta pertinente señalar que la inversión fija bruta no tuvo un desempeño muy vigoroso en el pasado sexenio del gobierno federal, ya que el crecimiento promedio anualizado entre 2013 y 2018 fue de apenas 0.8%, y no obstante esto, la tasa de crecimiento del PIB en el mismo periodo fue de 2.41%. En contraste, en el sexenio de Felipe Calderón la tasa de crecimiento promedio de la inversión fija bruta fue de 3.1%, con una tasa de crecimiento del PIB de 1.76%.

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Entrando en los detalles tenemos que la caída anualizada de -7.3% en el volumen físico de la inversión fija bruta en el segundo trimestre de 2019 se debió a la combinación de varios factores. Por un lado, tenemos que la inversión en construcción se contrajo -5.9%, mientras que la inversión en maquinaria y equipo de desplomó -9.1%. Ambas caídas son preocupantes, pero es más grave la de maquinaria y equipo porque, si tomamos en consideración la depreciación, implica un menor stock de capital por persona ocupada. Esto complica las posibilidades de aumentar la productividad de la mano de obra.

Profundizando en la caída de -5.9% en la construcción, vemos que ésta se debió a una contracción de -6.2% en la construcción residencial y una caída de -5.6% en la construcción no residencial. Por su parte, la caída de -9.1% en la inversión en maquinaria y equipo se debió a que la inversión en maquinaria y equipo nacional disminuyó -4.0%, mientras que la de origen extranjero cayó -12.4%.

La contracción de -4.0% en la inversión en maquinaria y equipo nacional se debe a que no obstante que la inversión en equipo de transporte aumentó 7.7%, la inversión en maquinaria, equipo y otros bienes se desplomó -21.4% anualizado. Por su parte, la caída de -12.4% en la inversión en maquinaria y equipo importado se debió a que el equipo de transporte importado disminuyó -6.2%, mientras que la maquinaria, equipo y otros bienes de origen importado retrocedió -13.4%. Las disminuciones en maquinaria y equipo son verdaderamente alarmantes y muestran el verdadero tamaño del freno económico que estamos viviendo y que enfrentaremos en los próximos meses. Es por ello que la expectativa, por parte de los analistas encuestados por el Banco de México, que consideran que este año el PIB crecerá 0.5% pecan de optimistas, siendo que la proyección de GAEAP está en un rango de -0.5% a 0.0%.

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De esta manera, el balance del primer semestre de 2019 es de una caída de -4.1% en la inversión física total, lo que se debió a una caída de -2.7% en la inversión en construcción y un retroceso de -6.0% en la inversión en maquinaria y equipo total. Preocupa demasiado la contracción de -16.0% en la inversión en maquinaria, equipo y otros bienes de origen nacional y la caída de -7.9% en la maquinaria, equipo y otros bienes de origen importado.

¿Más allá de la incertidumbre generada desde el propio sector público con algunas decisiones poco amigables con el sector productivo, de qué otra manera ha contribuido el gobierno a la caída en la inversión? De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el comparativo de los primeros siete meses de 2019 respecto de los mismos meses de 2018, el gasto neto del sector público presupuestario muestra una caída de -15.8% en la inversión física, lo que implica una disminución de 45,583 millones de pesos. Cabe señalar que si se excluye la inversión de PEMEX, la caída de la inversión física sería de -23.2% y es menor a los 200 mil millones de pesos en los primeros siete meses de 2019.

700x420_rodillos-carretera-istockOtra forma de ver la caída en la inversión física presupuestaria por parte del sector público federal es a través de su clasificación funcional. Los datos de la SHCP muestran que en el comparativo de los primeros siete meses de 2019 respecto de los mismos meses de 2018, la inversión en comunicaciones y transportes cayó en -40.3%, la inversión en educación se desplomó -76.2%, la de salud cayó -29.4%, mientras que la del sector energético (hidrocarburos y eléctrico) retrocedió solamente -1.4%.

Con estas cifras queda claro, que por donde se le quiera ver, México es un país que está dejando de apostarle al futuro por haber disminuido de manera tan importante su inversión física. Esta tendencia debe revertirse cuanto antes para poder revertir la caída en el PIB y continuar sentando las bases para una economía más eficiente y productiva.

Y es que además de cancelar posibilidades de crecimiento, la caída de la inversión productiva, nos coloca en una desventaja respecto a otras naciones que al realizar inversiones importantes se hacen más productivos, lo que les permitirá ser más competitivos en sus exportaciones, las cuales terminarán desplazando la producción nacional, en perjuicio de la rentabilidad de los negocios y de la creación de empleos.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

México y su capacidad de atraer Inversión Extranjera Directa (IED)

Departamenmto de estado
El Departamento de Estado publicó el documento “Declaraciones del Clima de Inversión 2019”

Las dificultades en materia de inversión productiva continúan para México. El INEGI acaba de informar que el Índice de Volumen Físico de la Inversión registra una disminución de -2.1% en el comparativo de los primeros cuatro meses de 2019 respecto a los mismos meses de 2018, lo cual se debe a una contracción de -0.8% en la construcción y una caída de -3.9% en maquinaria y equipo. Como lo señalamos hace unas semanas, lo que sucede con la inversión productiva en México es reflejo de la incertidumbre para hacer negocios en el país y también obedece a expectativas económicas cada vez más frágiles para lo que queda de este año y para el 2020.

En este contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el documento “Declaraciones del Clima de Inversión 2019: México”, en el cual se hace una crítica a algunos aspectos de la vida nacional que preocupan al gobierno de Estados Unidos y, desde luego, a los empresarios de dicha nación. En esta entrega, presento un resumen de los aspectos más importantes mencionados en el documento.

El documento comienza con un diagnóstico de la posición competitiva de México en varios aspectos. Señala que en 2018 nuestro país ocupó la posición 138 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En 2019 ocupamos la posición 54 de 190 países en el Reporte del Banco Mundial de Hacer Negocios (Doing Business Report) y en 2018 estábamos en la posición 56 de 126 países en el Índice de Innovación Global. Por su parte, el documento apunta que en 2017 había 109.7 miles de millones de dólares de inversión extranjera estadounidense en el país.

Se destaca que México es uno de los principales socios comerciales y de inversión de los Estados Unidos. El comercio bilateral creció 650% entre 1993 y 2018 y menciona que México es el segundo mercado de exportaciones y el tercer mayor socio comercial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la principal, fuente de inversión extranjera directa (IED) siendo ésta de 12.3 miles de millones de dólares en 2018, cifra que representa el 39% del flujo total de IED que llega a México.

La economía mexicana registra una tasa de crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2.6% en el periodo de 1994 a 2017. Señala que México se ha beneficiado, desde la crisis Tequila de 1995, por una buena administración económica que le ha ayudado al país a sortear un periodo de bajos precios internacionales del petróleo y una volatilidad global significativa. Reconoce que el Presupuesto de Egresos de 2019 es prudente al tener como objetivo un superávit primario de 1% del PIB, además de que el nuevo gobierno ha respetado la autonomía del banco central. La inflación al cierre de 2018 fue de 4.8 por ciento, una mejora respecto del 6.6% registrado al cierre de 2017, pero aun por encima de la meta del Banco de México de 3%. Apunta que la inflación fue causada por la depreciación del peso frente al dólar y por los precios más altos de los combustibles, lo que a su vez fue ocasionado por los esfuerzos del gobierno de estimular la competencia en ese sector.

México iedDos temas que sin duda son relevantes para la atracción de inversión son los relacionados con las perspectivas de ratificación del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (USMCA por sus siglas en inglés) en el 2019 y el cambio histórico en el gobierno mexicano el 1 de diciembre de 2018. Sobre esto, el Departamento de Estado señala que éstos se mantienen como las dos principales fuentes de incertidumbre para la inversión extranjera. Destaca que la nueva administración ha señalado su compromiso con políticas fiscal y monetaria prudentes; pero de cualquier manera, algunas de las  políticas públicas y programas implementados que están en conflicto, y la estrategia de comunicación de la nueva administración, han contribuido a la continua incertidumbre, especialmente en las reformas del sector energético y en la salud financiera de Pemex.

El reporte señala que “los inversionistas están cada vez más preocupados” porque el gobierno federal está minando la confianza en “las reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política  de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), así como de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El texto del Departamento de Estados señala “La administración designó cuatro de los siete miembros de la CRE por encima de las objeciones del Senado, quienes votaron dos veces para rechazar a los nominados, en parte por las preocupaciones de que con dichas nominaciones se erosionaría la autonomía política de la CRE“.

De igual manera, el reporte señala que los recortes presupuestales de la administración han resultado en despidos significativos, lo que ha complicado la capacidad de ciertas oficinas gubernamentales de realizar su trabajo, lo que constituye un factor clave en las decisiones de inversión.

El reporte también destaca que la mayoría de las instituciones financieras, incluido el Banco de México, han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento del PIB para 2019; mientras que las principales calificadoras de riesgo han degradado o puesto con perspectiva negativa, la calificación de la deuda soberana de México.

Se destaca que la administración federal cumplió la promesa de campaña de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, recortar los salarios de los trabajadores gubernamentales, suspender las subastas de energía, pro también ha debilitado los organismos autónomos. La incertidumbre respecto al cumplimiento de los contratos, la creciente inseguridad y la corrupción continúan debilitando el crecimiento económico de México. Estos factores elevan significativamente el costo de hacer negocios en México.

blog_IEDEl Departamento de Estado reconoce que un pilar clave de la campaña presidencial de López Obrador fue combatir la corrupción en todos los niveles. Sin embargo, menciona que la complicidad del gobierno y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos criminales es todavía un tema de “preocupación significativa”; y agrega que “aunque la corrupción pública y privada se puede encontrar en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales (frecuentemente debido a intimidación  o amenazas) con organizaciones criminales representa un reto serio para el estado de derecho en México.”

Finalmente, el Departamento de Estado también señala que la inseguridad se mantiene como una fuerte preocupación para las empresas que consideran invertir en México. “La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México estima en su reporte bianual que los costos de seguridad para los negocios representan hasta el 5% de sus presupuestos operacionales. Muchas empresas eligen tomar precauciones adicionales para la protección  de sus ejecutivos. También reportan crecientes costos de seguridad en los traslados y envíos de mercancías.

Después de leer el reporte del Departamento de Estado, queda claro que hay enormes retos que atender si queremos ser competitivos en la atracción de inversiones. Lamentablemente a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no le preocupa la economía por lo que entonces es de esperarse que ésta se deteriore más y más. Entonces es evidente que es responsabilidad de los empresarios el exigir que se den las condiciones mínimas suficientes para que se de la inversión nacional y la extranjera. El estado de derecho, la certeza jurídica, la lucha contra la corrupción y la inseguridad deben ser prioridad.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

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Una deuda pública que no deja de crecer

Mucho se ha dicho respecto a la manera tan irresponsable en la que la administración del presidente Enrique Peña Nieto, endeudó al país. En diciembre de 2012 la deuda neta del sector público federal era de 5.35 billones de pesos, mientras que en diciembre de 2018 ésta ascendió a 10.83 billones, lo que implica un aumento de la deuda de 5.48 billones de pesos o de un 102.4% en seis años. Evidentemente esta tendencia no se puede frenar rápidamente, por lo que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue aumentando la deuda pública, como veremos en esta entrega.

De acuerdo con las estadísticas oportunas de las finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al mes de febrero de 2019 el total de la deuda neta del sector público federal sumó 10.815 billones de pesos, cifra que representa un 8.0% más respecto al saldo observado en febrero de 2018, cuando está ascendió a 10.017 billones de pesos. De esta manera vemos que en el último año, el saldo de la deuda neta del sector público aumentó en 798.4 miles de millones de pesos. ¡Ese monto equivale a un endeudamiento neto de 2.187 miles de millones de pesos por día en el último año! Es una cifra que se dice fácil, pero es descomunal.

Deuda pública

Del saldo de la deuda de 10.815 billones de pesos, cabe señalar que 6.938 billones corresponden a deuda interna, mientras que el resto, equivalente a 202.315 miles de millones de dólares fue el saldo de la deuda externa. Así, vemos que en el periodo de febrero de 2018 al mismo mes de 2019 el saldo de la deuda interna neta aumentó 9.2%, mientras que el saldo de la deuda externa neta creció en 3.0%.

¿La deuda pública de México es demasiado grande? Si tomamos en consideración que el PIB nominal de México en 2018 fue de 23.542 billones de pesos, y asumimos que en 2019 será de unos 24.719 billones de pesos, entonces el saldo de la deuda neta del sector público federal representa el 43.7% del PIB. Esta proporción de deuda a PIB puede ser considerada por muchos como “sana”, sin embargo, la dimensión del problema de la deuda se aprecia mejor cuando comparamos la deuda con otros indicadores como los ingresos del sector público.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 establece que los ingresos totales del sector público serán de 5.838 billones de pesos, de los cuales 539.871 mil millones de pesos provienen de nuevos financiamientos (más deuda), por lo que los verdaderos ingresos del sector público federal serán en el mejor de los casos de 5.299 billones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los “Pre-Criterios 2020” entregados por la SHCP al Congreso de la Unión el pasado 1 de abril, se estima que los ingresos presupuestarios de 2019 sean inferiores a los presupuestados en 121.2 miles de millones de pesos por la caída en los ingresos petroleros. De esta manera, lo más probable es que los ingresos del sector público federal en 2019 sean de unos 5.178 billones de pesos. Si comparamos el monto de la deuda con los ingresos del sector público, queda claro que la deuda neta del sector público mexicano es de más del doble (de hecho representa el 209% de los ingresos del sector público).

Al analizar la deuda, otro punto que se debe tomar en consideración es el costo financiero que nos ocasiona dicha deuda. Al mes de febrero de 2019 el costo financiero de la deuda fue de 94.602 miles de millones de pesos, cantidad 11.1% más alta a la observada en el mismo periodo de 2018. Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el costo financiero de la deuda se estima que será de 749.074 miles de millones de pesos. Esta cifra es enorme cuando se toma en consideración que en 2012 el costo financiero fue de 305.12 miles de millones de pesos, por lo que queda claro que en 7 años éste aumentó en 145.5%.

Intereses

Con todos estos datos se puede hacer una analogía para entender mejor lo que pasa en nuestro país. Si México fuera una familia que tuviera un ingreso de 500 mil pesos al año, tendría un saldo de deuda de 1.045 millones de pesos y un gasto anual de intereses de 72.3 miles de pesos.  En términos mensuales tendría un ingreso de 41.666 miles de pesos y pagaría intereses por sus deudas de 6.025 miles de pesos. Desde luego, como tiene muchas necesidades, esta familia no se puede dar el lujo de pagar el saldo del capital de sus deudas, y apenas paga los intereses endeudándose cada año más y más.

Otro aspecto que vale la pena mencionar respecto a las finanzas públicas de México es que se nos dice hasta el cansancio que hay “disciplina en las finanzas públicas” y que se mantiene un “superávit primario”, pero la realidad es que el grueso de la gente no conoce ese concepto y sólo se va con la idea de que hay “superávit”. La realidad es que el superávit primario es sólo la diferencia de los ingresos menos los gastos antes de pagar el costo financiero de la deuda. Es un tecnicismo que confunde.

De acuerdo con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019, se espera un superávit primario de 245.7 mil millones de pesos, pero si tomamos en consideración que el costo financiero será de 749.074 miles de millones de pesos, pues eso nos da que en el mejor de los casos este año nos endeudaremos en otros 503.3 miles de millones de pesos adicionales.  Y digo que en el mejor de los casos porque, como ya se señaló líneas arriba, el gobierno federal está estimando una caída de los ingresos de 121.2 miles de millones de pesos, por lo que si no se ajusta el gasto público en la misma proporción, entonces veremos que la deuda crecerá en mucho más del medio billón de pesos en los que ahora se espera que aumente.

La debilidad de las finanzas públicas de México y la adicción a la deuda por parte de los gobernantes genera una serie de problemas económicos adicionales. Muchos piensan que con un mayor endeudamiento que se traduzca en más gasto público se incentiva la actividad económica, pero la realidad es que en México la deuda no ha servido para que crezcamos más. No obstante que la deuda pública aumentó en 5.48 billones de pesos en el pasado sexenio, vemos que la tasa de crecimiento promedio fue de apenas 2.41%. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque nos endeudamos para pagar gasto corriente y no es un endeudamiento productivo. Es decir, no nos endeudamos en más de 5 billones de pesos para construir infraestructura que nos volviera más productivos.

Por otra parte, se debe señalar que estos enormes déficits fiscales, que se registran cada año, son parte de la explicación de los crecientes déficits que tenemos en la balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Una mayor demanda agregada, ocasionada por un gasto público inflado, se traduce en mayores importaciones y por lo tanto más dependencia del exterior. Por lo tanto, en un contexto de debilidad fiscal arrastrada por los problemas de Pemex, aunado a crecientes desequilibrios externos, es que las calificadoras como Standard & Poor´s amenazan con bajarnos nuestra calificación de deuda soberana.

Dado todo lo anterior, lo ideal es que se establezca la obligación legal de tener un presupuesto equilibrado, y no sólo una meta de tener un superávit primario, que ya vimos es sólo un concepto técnico que confunde a quien no es experto en finanzas públicas. Si México logra un presupuesto equilibrado en sus finanzas públicas, mejoraría el saldo de la balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que el tema de las calificadoras dejaría de ser tema. Con ello se fortalecería el peso y en general la actividad económica.

Desde luego que es difícil lograr un presupuesto equilibrado, ya que se deben aumentar ingresos o disminuir gastos. Esto conlleva importantes costos políticos y económicos en el corto plazo, pero sentaría las bases para un crecimiento ordenado en el mediano y largo plazos. México debe abandonar su adicción a la deuda, en beneficio de las generaciones futuras.

Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

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