Durante años, el T-MEC ha sido presentado en México como un activo propio que nos garantiza el acceso preferencial al mercado estadounidense con independencia de las decisiones internas de política económica. Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y sus mayorías en el Congreso han gobernado bajo esa premisa, asumiendo que el acuerdo comercial seguiría funcionando sin contratiempos a pesar de los cambios constitucionales, legales, regulatorios, institucionales y económicos. Muchas de las modificaciones que han implementado han sido señaladas por Estados Unidos como violatorias del espíritu y, en algunos casos, de la letra del acuerdo trilateral. Por ello, con los señalamientos de la administración del presidente Donald Trump, la idea de un T-MEC eterno y susceptible de violaciones por parte de México ha comenzado a resquebrajarse.
La revisión conjunta prevista para el 1 de julio de 2026 no será un trámite administrativo ni una simple ratificación de lo existente. De acuerdo con el propio gobierno de Estados Unidos, se trata de una evaluación sustantiva, condicionada y profundamente política, cuyo resultado dependerá de la capacidad de México para corregir o de plano eliminar deficiencias estructurales que Washington considera incompatibles con sus intereses estratégicos, industriales y de seguridad nacional.
Las declaraciones del pasado miércoles 17 de diciembre, por parte del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, ante el Congreso estadounidense, nos brindan información importante de analizar. El tratado no está en riesgo inmediato, pero tampoco cuenta con una renovación garantizada. El mensaje es claro en el sentido de que el T-MEC ha funcionado hasta cierto punto, pero no de manera plena. Para que se renueve por otros 16 años, México deberá demostrar ambición, capacidad de ajuste y voluntad de alineación en temas que van mucho más allá del comercio tradicional. Es decir, México no debe llegar a la revisión del T-MEC solo a defender el statu quo, sino que debe aceptar ir más allá de lo ya pactado en 2020 para alinearse con las prioridades estratégicas de Estados Unidos.
La revisión del T-MEC se perfila así como una prueba integral para el modelo económico mexicano, para su marco regulatorio y para su relación con Estados Unidos en un contexto global marcado por la rivalidad estratégica con China, la reconfiguración de cadenas de suministro y la presión creciente contra las economías consideradas no de mercado.
Un tratado útil, pero insuficiente para Estados Unidos
Desde la óptica del USTR, el balance del T-MEC es ambivalente. Por un lado, se reconoce que el acuerdo ha brindado certidumbre al comercio regional. Las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios hacia México y Canadá han crecido de manera significativa desde 2020. Los salarios de los trabajadores mexicanos casi se duplicaron en cinco años, en buena medida por las reformas laborales exigidas por el propio tratado y por el uso recurrente del Mecanismo de Respuesta Rápida. Además, México ha absorbido una parte relevante de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con China, convirtiéndose en un pilar de la estrategia de resiliencia de cadenas de suministro norteamericanas.
Sin embargo, estos avances no son suficientes para Washington. El déficit comercial estadounidense con sus socios del T-MEC sigue siendo elevado y creciente. La capacidad manufacturera de Estados Unidos no se ha fortalecido al ritmo esperado. Persisten incentivos a la deslocalización productiva. Y, quizá más relevante, el tratado no fue diseñado para enfrentar el ingreso masivo de inversión proveniente de economías con fuerte intervención estatal y subsidios estructurales, ni el impacto del exceso de capacidad industrial global.
Desde esta lógica, el T-MEC es visto como una herramienta que ha probado ser imperfecta y que por lo tanto requiere ajustes. El USTR no plantea una ruptura, pero sí rechaza una renovación automática, por lo que su posición oficial es que solo se recomendará la extensión del acuerdo si se corrigen deficiencias concretas que afectan el interés nacional estadounidense.
Las exigencias a México y el fondo del problema
Las observaciones dirigidas a México no son marginales ni coyunturales. Reflejan una preocupación estructural sobre el rumbo de la política económica, regulatoria y productiva del país en los últimos siete años. La lista es extensa y toca prácticamente todos los frentes sensibles.
Estados Unidos cuestiona políticas que, desde su perspectiva, promueven el uso de insumos de terceros países y erosionan las cadenas de suministro regionales. Esto conecta directamente con el debate sobre reglas de origen, triangulación comercial y exceso de capacidad proveniente de Asia, especialmente de China. El mensaje es que el nearshoring solo es aceptable si fortalece efectivamente la integración regional y no si sirve como canal indirecto para la entrada de contenido extrarregional.
En materia laboral, el USTR reconoce avances, pero insiste en que la aplicación de la legislación sigue siendo insuficiente. El énfasis está en la falta de autoridad sancionadora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un punto que se ha convertido en símbolo de la brecha entre reforma legal y capacidad institucional.
El frente ambiental tampoco es menor. La aplicación de la legislación en temas de pesca ilegal, comercio de vida silvestre y gestión pesquera aparece como un pendiente relevante, con implicaciones comerciales directas.
A ello se suman preocupaciones de larga data sobre la política energética mexicana. Las reformas constitucionales orientadas a renacionalizar el sector son señaladas como perjudiciales para los inversionistas estadounidenses y como un deterioro del clima de negocios. El caso de Vulcan Materials es citado explícitamente como ejemplo de expropiación no compensada, lo que eleva el tono del señalamiento.
Otros puntos incluyen la protección otorgada a denominaciones europeas de carne y queso, el cálculo de tarifas por uso del espectro, el trato a proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico y las restricciones a agentes aduanales que encarecen las exportaciones hacia México. En el sector agropecuario, también se señala el impacto de las importaciones estacionales mexicanas sobre productores estadounidenses.
Lo importante no es únicamente el número de señalamientos, sino la lógica que los articula. Para el USTR, comercio, seguridad económica, inversión, regulación y política industrial ya no son temas separados. México dejó de ser visto solo como un socio comercial y ahora pasa a ser evaluado como una pieza dentro de una estrategia regional más amplia.
Avances reconocidos y el margen real de negociación
Es importante aclarar que sería un error interpretar los posicionamientos estadounidenses como un rechazo absoluto al tratado o a la política económica mexicana. El propio USTR reconoce los avances concretos recientes por parte de México. Se destacan reformas en propiedad intelectual, ajustes en reglas de comercio exterior para corregir errores administrativos sin penalización, mayor presupuesto y mejoras técnicas en la Ventanilla Única, agilización regulatoria en dispositivos médicos y telecomunicaciones, mayor financiamiento para cumplimiento comercial, laboral y ambiental, y el fortalecimiento de la prohibición de importaciones con trabajo forzoso.
También se reconoce la presentación de propuestas legislativas para revisar inversiones entrantes por razones de seguridad nacional, la mejora en la aplicación de leyes pesqueras, la alineación del régimen de control de exportaciones con Estados Unidos y el aumento de aranceles a más de 1,400 productos de países con los que México no tiene tratado comercial, lo que afecta especialmente a China. Este último punto es particularmente significativo, ya que muestra una convergencia explícita en la estrategia de seguridad económica impuesta por Estados Unidos.
No obstante, estos avances son vistos como pasos iniciales, no como soluciones definitivas. Para Washington, la revisión del T-MEC requerirá ir más allá de ajustes técnicos. Se habla de endurecer las reglas de origen, alinear aranceles para una política arancelaria común y controles de exportación de ciertos insumos o productos, penalizar la deslocalización productiva derivada de arbitrajes regulatorios y desarrollar un mercado regional de minerales críticos. Todo ello apunta a una fuerte redefinición del contenido económico del tratado.
La negociación, por tanto, no será simétrica ni limitada. México enfrentará presiones para modificar políticas internas que hoy forman parte del núcleo del proyecto económico de la 4T. Queda claro que habrá exigencias, pero la pregunta es hasta dónde estará México dispuesto a ceder para asegurar la continuidad del acuerdo.
En este contexto, resulta relevante que, en reuniones privadas con legisladores estadounidenses, el propio Jamieson Greer haya transmitido una postura distinta al tono público más áspero que suele tener. De acuerdo con senadores y representantes que participaron en la comparecencia del miércoles 17 de diciembre del USTR, no hubo planteamientos sobre una salida de Estados Unidos del T-MEC ni sobre la posibilidad de dividirlo en acuerdos bilaterales. Por el contrario, Greer expresó apoyo al acuerdo trilateral y reconoció su importancia estratégica para la economía estadounidense y para la región de América del Norte.
Este matiz no suaviza las exigencias planteadas, pero sí ayuda a entender su naturaleza. Legisladores estadounidenses han reconocido que el endurecimiento del discurso forma parte de una estrategia de presión previa a la revisión, un ejercicio de posicionamiento político y negociador más que un intento de desmontar el tratado. La discusión real, según admitieron, gira en torno a cuánto tiempo se extenderá el acuerdo y qué cambios exigirá cada país, con un énfasis particular en cerrar los espacios que permiten la entrada indirecta de bienes chinos a través de México y Canadá. Lejos de restar importancia a la revisión, este enfoque la vuelve más seria y más exigente.
Conclusiones
La revisión del T-MEC en 2026 marcará un antes y un después en la relación económica de México con Estados Unidos. No se trata de una amenaza inmediata, pero sí de una advertencia que deja en claro que el tratado dejó de ser una herramienta con la que México siempre contará y se convirtió en un instrumento condicionado al desempeño institucional, regulatorio y productivo de sus socios.
Para México, el reto es mayúsculo. La continuidad del acceso preferencial al principal mercado del mundo dependerá de decisiones internas que van desde la política energética hasta la aplicación laboral, pasando por la integración real de cadenas de suministro y la alineación en materia de seguridad económica. No es una discusión técnica que implique ajustes en diversos capítulos del tratado. Es una discusión sobre el modelo de desarrollo, sobre la forma en que el país se inserta en la economía global y sobre el costo de ignorar las nuevas prioridades estratégicas de su principal socio comercial.
El mensaje del USTR es inequívoco. El T-MEC puede renovarse, pero no en piloto automático. La revisión será exigente, política y estructural. México aún tiene margen, pero el marco ideológico y de política pública de la 4T juega en contra. La pregunta central ya no es si el tratado es un éxito, sino si el país está dispuesto a hacer lo necesario para que siga siéndolo.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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