México cobra más, pero no sana las heridas

Pemex, deuda, presión fiscal y una economía que no despega

Los primeros indicadores de finanzas públicas correspondientes a 2026, a primera vista, parecen dar buenas noticias. El SAT reportó que en enero la recaudación tributaria sumó 595,758 millones de pesos, con un aumento de 11% real anual, y que los ingresos del gobierno federal (impuestos más derechos y aprovechamientos) llegaron a 649,082 millones, con un crecimiento de 8.6% real. Además, el propio SAT presume que se cumplió el 106.6% del calendario de la Ley de Ingresos para ese mes, es decir, 36,630 millones de pesos por encima de la meta, y que de esta manera los ingresos totales se ubicaron en 105.4% de lo programado.

Es un buen arranque, sí. Pero el país no vive de un mes o, como se dice coloquialmente, “una golondrina no hace verano”. Cuando uno analiza el resto del panorama fiscal de México, la historia cambia. Moody’s advierte que el apoyo a Pemex y el bajo crecimiento económico están retrasando la consolidación fiscal —es decir, que el gobierno logre que sus gastos y su deuda crezcan menos que sus ingresos para evitar que las finanzas públicas se descontrolen—, incrementando la deuda y presionando el perfil crediticio soberano.

Por su parte, Finamex habla de una desaceleración estructural que arrastramos desde 2016, agudizada por cambios internos recientes y por la incertidumbre, lo que vuelve endeble cualquier recuperación. Todo esto mientras el Estado endurece el cobro al contribuyente formal, al cautivo.

Así está el tablero. La autoridad fiscal está haciendo un esfuerzo por cobrar más a los mismos de siempre, pero no está corrigiendo los factores que frenan el crecimiento y la inversión, ni cerrando las fugas grandes. Y esa combinación, financieramente, es peligrosa.

Pemex y un PIB chiquito empujan deuda y retrasan la consolidación

La calificadora Moody’s no se anda con rodeos. En su reporte sobre México deja claro que el apoyo del gobierno a Pemex, el bajo crecimiento económico y la incertidumbre por la revisión del T-MEC siguen siendo factores esenciales para las perspectivas crediticias. El dato duro que no se puede ocultar es que la deuda del gobierno subió a más del 52% del PIB en 2025, desde 40% en 2023, y Moody’s proyecta que, con esta dinámica, podría acercarse a 55% del PIB para finales de la década o promediar ese nivel en los próximos años.

El déficit fiscal también merece una precisión. Moody’s señala que el déficit se redujo a 4.9% del PIB en 2025, pero que quedó por encima de lo esperado debido a la rigidez del gasto y al apoyo financiero a Pemex. Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que el déficit cerró en 4.3% del PIB; sin embargo, al incorporar los apoyos a Pemex, la cifra se eleva a 4.8%. No se trata de números contradictorios, sino de distintos cortes de medición. En ambos casos, el mensaje es el mismo: la consolidación fiscal avanzó más lento de lo proyectado originalmente.

Aquí hay tres fuerzas jalando en contra al mismo tiempo.

Primero, el gasto rígido. Moody’s menciona mayores costos de pensiones y un pago de intereses que se mantiene elevado.
Segundo, Pemex. La calificadora lo describe como una carga fiscal importante, con pérdidas operativas continuas y flujo de caja libre negativo, lo que obliga a apoyo soberano constante.
Tercero, el crecimiento. Moody’s subraya que el PIB creció 0.5% en 2025, el menor crecimiento desde 2021, y remarca que si la economía no regresa a una tendencia cercana a 2%, la consolidación fiscal se seguirá complicando.

El tema Pemex no aparece como un problema “pasajero”. Moody’s insiste en que el apoyo seguirá siendo necesario aun considerando mejoras operativas, porque hay vencimientos, instrumentos de apoyo que vencen, servicio de deuda presupuestado, y beneficios inciertos de la reestructura. En términos simples significa que el gobierno no puede simplemente quitarse esa presión de encima. Y mientras siga ahí, limita el margen de la política fiscal.

Luego viene el factor inversión. Moody’s reconoce que la actividad económica se ha sostenido más por servicios y un consumo relativamente resiliente, pero apunta que la inversión privada sigue rezagada en medio de incertidumbre por la revisión del T-MEC. Moody´s amarra el concepto con dos cosas. Incertidumbre por cambios en política comercial de Estados Unidos y por la próxima revisión del T-MEC, y relevancia del tratado como marco normativo de comercio y resolución de disputas, “más relevante” en un entorno de reforma judicial. Su escenario base supone que México mantendrá acceso preferencial a Estados Unidos bajo un acuerdo formal, y reconoce avances en elementos como reglas de origen, normas laborales y mecanismos de resolución de disputas, además de cooperación fortalecida en seguridad y minerales críticos. Pero aun así admite que hay incertidumbre sobre el futuro marco y que puede continuar después del 1º de julio, y no descarta ciclos de revisión anuales o acuerdos bilaterales, lo que prolongaría incertidumbre y afectaría inversión.

Moody’s, además, trae el detalle de su evaluación de riesgo. México está en Baa2 con perspectiva Negativa, dos niveles arriba del grado de inversión, y la perspectiva negativa implica que existe posibilidad de recorte de calificación en un horizonte de seis a 18 meses. En el contraste de agencias, S&P mantiene BBB con perspectiva estable y Fitch BBB- también estable.

En paralelo, Finamex mete un diagnóstico estructural que, para muchas decisiones de inversión, pesa más que un solo dato trimestral. Plantea que México entró en una desaceleración estructural desde 2016 por recortes consistentes al gasto público para infraestructura de transporte. Y agrega que esta tendencia de inversión a la baja se agudizó con reformas de 2024 relacionadas con cambios al Poder Judicial, modificación de la Ley de Amparo y la extinción de órganos reguladores que favorecían competencia de precios. El mensaje es claro. Se redujo la tendencia de crecimiento de largo plazo por la falta de incentivos que fomenten la inversión de largo plazo.

Su pronóstico de PIB queda en 1.1% para 2026 y 1.8% para 2027, tras el 0.5% de 2025. También dice algo que vale oro para entender por qué a veces el PIB “no se cae” aunque todo se vea flojo. Afirma que el año pasado la economía habría entrado en recesión de no ser por las exportaciones, que crecieron a doble dígito en el primer semestre. En contraste, consumo e inversión se contrajeron, aunque en el tercer trimestre el consumo comenzó a recuperarse, mientras la inversión siguió presionada por incertidumbre externa, incluido el T-MEC.

Esa es la base. Deuda que no deja de crecer, producto de un déficit fiscal que se mantiene persistentemente elevado como porcentaje del PIB, Pemex drenando recursos, PIB que apenas crece y una inversión privada que acumula quince meses consecutivos de caídas a tasa anual.

Recaudas más con IEPS, pero se siente en inflación y en el mostrador

Ahora sí, el otro lado del tablero. Los números del SAT en enero son fuertes, pero el desglose muestra de dónde viene parte del empuje.

En enero, el SAT captó 326,991 millones de pesos por ISR, 13.5% real más que un año antes, es decir 49,094 millones adicionales. Por IVA, sumó 152,873 millones, con un avance real de 1.4%, unos 7,507 millones más. Y el IEPS representó 88,864 millones, con 18.8% real más, es decir 16,747 millones extra en comparación anual.

El comportamiento del IEPS no es casual. El 1 de enero entraron en vigor los incrementos en los llamados “impuestos saludables”, aplicables a bebidas saborizadas, cigarros, así como a casinos y casas de apuestas en línea. Emiliano Tello, investigador del IMCO, atribuye el crecimiento de la recaudación tanto a estos ajustes como a esfuerzos recaudatorios más eficientes y a cambios sustanciales en la forma en que el gobierno cobra y fiscaliza. No obstante, hace una precisión relevante: la contribución de los “impuestos saludables” al crecimiento total es en realidad limitada, pues el IEPS a bebidas, cigarros y apuestas representa una proporción relativamente pequeña dentro del total recaudado.

Pero el impacto en precio sí se vio. El Inegi reportó que en enero el INPC aumentó 0.38% mensual, para una inflación anual de 3.79%, por encima de diciembre (3.69%) y dentro del intervalo de Banxico. La expectativa de mercado estaba en 3.82%, así que quedó ligeramente por debajo, pero el punto no es si se desvió tres centésimas. El punto es la composición.

La inflación subyacente subió a 4.52% anual, con incremento mensual de 0.6%. Nueve meses seguidos arriba del 4%. Dentro de la subyacente, mercancías aumentaron 0.92% mensual y 4.56% anual, servicios 0.3% mensual y 4.48% anual. Dentro de mercancías, alimentos, bebidas y tabaco alcanzaron 6.13% anual. Educación registró 6.02% anual y “otros servicios” 5.27% anual. La no subyacente bajó 0.36% mensual y su tasa anual se desaceleró a 1.39% en enero. Entonces es evidente que el componente no subyacente ayudó a una menor inflación general debido a las caídas en los precios de las frutas y verduras, así como la desaceleración en los bienes agropecuarios y energéticos.

Los cambios fiscales por IEPS tuvieron efecto visible en precios específicos: los alimentos procesados subieron 1.6% y se menciona el impacto del IEPS en cigarrillos 14.5% y refrescos 5.5%.

Los productos con precio al alza que más pegaron en enero, en comparación mensual, fueron:

Cigarrillos 14.51%
Refrescos envasados 5.53%
Loncherías, fondas, torterías y taquerías 1.18%
Vivienda propia 0.29%
Restaurantes y similares 0.84%
Plátanos 12.96%
Limón 21.21%
Electricidad 0.99%
Servicio doméstico 1.61%
Otros alimentos cocinados 0.69%

Y el respiro vino de estos rubros a la baja:

Transporte aéreo -36.64%
Huevo -6.31%
Gas doméstico LP -2.75%
Chile serrano -25.51%
Servicios turísticos en paquete -8.79%
Cebolla -7.65%
Lechuga y col -10.43%
Otros chiles frescos -12.19%
Detergentes -1.16%
Otras verduras y legumbres -3.85%

Ahora, lo más importante es que esto no se queda en el índice. Se ve en la economía real de los pequeños comercios. Con el aumento del IEPS, se documenta que en tienditas las ventas cayeron entre 15% y 20%. Para bebidas azucaradas, el incremento fue de 3.08 pesos por litro por azúcares añadidos. En cigarros, se reportan aumentos de alrededor de 20 pesos, y se describe cómo clientes cambian marcas. No dejan de fumar, se pasan de Marlboro a opciones más baratas e inclusive productos de contrabando. En refrescos, se mueven a presentaciones más pequeñas, retornables, o a tamaños específicos como 1,350 ml.

También cambió el juego con proveedores. Se menciona que representantes de marcas ofrecen promociones, regalan producto al comprar determinadas piezas para sostener ventas y comisiones. Pero no es suficiente para mitigar el impacto. Y hay un punto que duele porque describe el ajuste real del hogar. Algunos consumidores para mantener cigarros o bebidas recortan otros básicos. “Compran el cigarro, pero llevan menos huevo, en lugar de llevar por kilo, compran por pieza”.

Así se entiende la paradoja. El Estado recauda más por IEPS y refuerza cobro, pero el efecto se siente en precios, y el ajuste lo absorbe el consumo cotidiano. Y si al mismo tiempo el PIB no crece lo suficiente, esa presión sobre las familias y pequeños negocios se vuelve más visible y más costosa.

El mensaje equivocado al contribuyente formal

Aquí viene el dato más escandaloso. Hacienda reporta que la cartera total de créditos fiscales alcanzó 3 billones 124,422.6 millones de pesos, aumentando 269,973.9 millones en un año. Se menciona que es prácticamente un tercio del gasto público del año pasado. El desglose es importante. 1 billón 192,147.1 millones corresponden a grandes contribuyentes (ingresos por más de 1,500 millones al año) y 1 billón 932,275.4 millones al resto de causantes.

También hay desglose por sectores donde se detectan más adeudos. Servicios profesionales, científicos y técnicos con 439,473.2 millones. Manufactureras con 457,298 millones. Comercio al por mayor con 339,030.1 millones. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y remediación con 29,305.6 millones. Construcción con 268,533 millones.

Y lo más relevante para entender el “poder de cobro” es esto. Dos de cada tres pesos en la cartera, más de 2 billones 28,647.2 millones, están controvertidos en juicio fiscal o en instancia administrativa. Por ahora no se pueden cobrar. Del restante, 1 billón 95,775.4 millones, solo 603,311.9 millones (55%) es factible de cobro. Y aun así, el año pasado solo se recuperaron 88,533.8 millones.

En paralelo a ese panorama, aparecen quejas concretas de persecución por parte de la autoridad fiscal. Un caso es el de los distribuidores de autos, vía AMDA, acusan hostigamiento por auditorías “injustificadas y exacerbadas”. Señalan que la industria es líder en cumplimiento, que su cadena está perfectamente identificada, con armadora y refacciones representando casi 90% de los egresos del distribuidor y todo facturado, con participación de financieras y bancos.

AMDA menciona que además de auditorías fiscales tienen auditorías de prevención de lavado de dinero. La UIF es ente normativo, pero el SAT recibe información y fiscaliza como actividad vulnerable. Y describe un modus operandi donde auditores exacerban dictaminación y colocan como hecho consumado amenazas de multas de 20, 30, 40, 50 o 60 millones de pesos. Además, advierten que cambios en el sistema judicial y en el Código Fiscal, que exige garantizar el interés fiscal con efectivo, dificultan litigar amparos. Y aun ganando, se paga 15% a 20% de honorarios, lo que según el dirigente crea un ambiente propicio para extorsión y corrupción. Incluso dice que no es el único gremio afectado y que ha recibido retroalimentación similar en Coparmex y CCE.

Conclusiones

El dato de enero sirve para medir capacidad operativa de recaudación. Pero el país no define su estabilidad fiscal en un solo mes. La estabilidad fiscal se determina por la trayectoria de deuda, en la capacidad de bajar déficit de manera creíble, en la posibilidad de sostener ingresos sin matar el consumo y sin espantar la inversión, y en la habilidad del Estado para cerrar fugas gigantes donde se pierde dinero y se lava dinero.

Moody’s lo dejó claro con números que pesan. Deuda por arriba del 50% del PIB en 2025 desde 40% en 2023, presión para acercarse a 55% hacia el cierre de la década, un déficit que baja pero no al ritmo deseado, y Pemex como carga fiscal persistente con pérdidas operativas y flujo libre negativo. Además, la inversión privada sigue debilitada en medio de incertidumbre, incluida la revisión del T-MEC y el entorno institucional.

Finamex puso el diagnóstico estructural. Desaceleración desde 2016, agudizada por cambios internos recientes, y recuperación lenta y vulnerable. Su crecimiento estimado de 1.1% en 2026 y 1.8% en 2027 refleja precisamente esa fragilidad.

Del lado de precios, el IEPS ayudó a recaudar más, sí. Pero se vio en la inflación. Enero cerró con 3.79% anual, con subyacente de 4.52% y nueve meses arriba del 4%. Se vio también en el mostrador. Tienditas reportando caída de ventas de 15% a 20%, sustitución de marcas, ajuste de presentaciones y recorte de otros básicos para sostener ciertos consumos.

En paralelo, la cartera de créditos fiscales supera 3.124 billones de pesos, con dos terceras partes controvertidas en juicio o instancia administrativa, y recuperaciones anuales de 88,533.8 millones, mientras el stock sigue creciendo. Y en el terreno empresarial aparecen acusaciones de auditorías que se sienten como hostigamiento, con amenazas de multas de decenas de millones y un entorno de litigio caro y difícil.

Esa es la realidad fiscal del país, sin necesidad de adornarla. México está recaudando más, pero el país sigue cargando con Pemex, con deuda e intereses altos, con inflación que no termina de ceder en su núcleo, con una inversión privada colapsada. Si no se atiende el conjunto, el “buen enero” se vuelve solo eso. Un buen enero. Y el resto del año se encarga de recordarnos por qué el problema no se resuelve con cifras aisladas.

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Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

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