Con una decisión legislativa que marca un antes y un después en la historia de las criptomonedas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres proyectos clave durante la llamada “Crypto Week”, entre ellos el histórico GENIUS Act —una iniciativa para regular stablecoins— y el controversial Anti-CBDC Act, que prohíbe la creación de una moneda digital de banco central (CBDC). A esto se sumó el Clarity Act, que define con claridad las reglas del juego para exchanges, brokers y emisores de criptoactivos, y delimita la jurisdicción entre la SEC y la CFTC.

Con el respaldo del presidente Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, este paquete legislativo proyecta a Estados Unidos como un líder global en el mercado de activos digitales. Pero más allá de sus implicaciones domésticas, esta regulación podría tener efectos dominó en otras economías del continente, particularmente en México.

La legislación cripto que transforma a EE.UU.

La semana del 15 al 18 de julio de 2025 quedará marcada como un hito para el ecosistema cripto global. La cámara baja estadounidense aprobó tres leyes que buscan establecer las bases para un nuevo orden financiero digital. Este paquete legislativo no solo crea las primeras reglas federales claras para activos digitales, sino que construye los cimientos de un modelo pro-mercado que rechaza el control estatal absoluto en materia monetaria.

1. El GENIUS Act

La Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act representa la primera legislación federal de gran calado sobre stablecoins, monedas digitales cuyo valor está vinculado a activos del mundo real como el dólar estadounidense. Esta ley ya fue firmada y promulgada por el presidente Trump el viernes 18 de julio.

El GENIUS Act establece que las stablecoins deberán estar totalmente respaldadas por reservas en efectivo o instrumentos líquidos de alta calidad, regulados por autoridades designadas. Este marco busca evitar riesgos sistémicos como los que provocó el colapso de TerraUSD en 2022, y que afectaron la confianza en el sector.

Desde un enfoque financiero, esta ley es fundamental porque transforma a las stablecoins en activos confiables, auditables y utilizables dentro del sistema bancario estadounidense, abriendo la puerta a su adopción institucional, pagos comerciales, remesas y tokenización de activos financieros. El hecho de que ahora cuenten con reglas federales reduce el riesgo regulatorio y ofrece un camino para su integración con el sistema financiero tradicional.

Además, el GENIUS Act es visto en principio como una puerta de entrada para la adopción masiva del dólar digitalizado, pero desde el sector privado. Le quita el monopolio al Estado sobre la emisión de dinero digital, fortaleciendo la autonomía financiera individual y ampliando la soberanía monetaria desde una perspectiva descentralizada.

2. El Anti-CBDC Act

Pero en contraste con el enfoque regulatorio hacia las stablecoins, el Anti-CBDC Act prohíbe explícitamente que la Reserva Federal emita una moneda digital de banco central, es decir, una CBDC estadounidense.

Los impulsores de esta ley, en su mayoría republicanos y libertarios, argumentan que una CBDC estatal abriría la puerta al vigilantismo financiero masivo. Dado que el emisor de la moneda sería el propio gobierno, este tendría la capacidad de rastrear en tiempo real las transacciones, congelar cuentas o condicionar el uso del dinero, atentando contra la privacidad financiera y los derechos civiles.

Desde el punto de vista económico, una CBDC podría desintermediar al sistema bancario tradicional, pues los ciudadanos podrían depositar directamente en la cuenta del banco central, reduciendo los incentivos a mantener fondos en instituciones privadas. Esto podría alterar la forma en que se otorgan créditos y se maneja la política monetaria, generando riesgos sistémicos imprevistos.

El rechazo estadounidense a este modelo tiene un fuerte componente político: es una declaración contra las tendencias tecnocráticas y centralistas que se han visto en países como China, donde el yuan digital ya opera como un mecanismo de control social. En lugar de seguir ese camino, EE.UU. opta por permitir que el sector privado innove sobre la infraestructura del dólar sin entregar el control monetario al Estado.

Esta decisión tendrá profundas implicaciones globales. Mientras muchos bancos centrales avanzan hacia sus propias CBDCs, Estados Unidos envía el mensaje contrario: en su territorio, el futuro del dinero digital será descentralizado, competitivo y con garantías a la libertad financiera.

3. El Clarity Act

Finalmente, el Clarity Act (Ley de Claridad) responde a una de las demandas históricas del ecosistema cripto: el fin de la incertidumbre regulatoria. Durante años, empresas como Ripple, Coinbase, Kraken y Binance.US se enfrentaron a un entorno hostil, con litigios constantes y criterios cambiantes por parte de la SEC (Securities and Exchange Commission) y otras autoridades.

La falta de claridad jurídica —sobre si un criptoactivo era un valor, un commodity, o una moneda— había frenado la innovación, expulsado empresas del país y generado un clima de desconfianza. Ahora, el Clarity Act define con mayor precisión qué activos serán regulados por la SEC (valores digitales) y cuáles por la CFTC (commodities digitales, como Bitcoin y, potencialmente, Ethereum).

Además, establece estándares de transparencia, requerimientos de capital y mecanismos de protección al consumidor. Esto convierte a EE.UU. en uno de los pocos países del G20 con una arquitectura institucional moderna para criptoactivos, alineada con las mejores prácticas globales.

Financieramente, esto desbloquea la posibilidad de nuevos productos financieros basados en blockchain —como ETFs, derivados, fideicomisos digitales y plataformas de custodia institucional— con respaldo legal federal. La claridad también facilita la entrada de fondos de pensiones, aseguradoras y bancos al ecosistema, lo que puede traducirse en miles de millones de dólares en nuevos flujos de inversión hacia el sector.

Impacto inmediato: capitalización récord y repunte de precios

Las reacciones del mercado a la “Crypto Week” no se hicieron esperar. En solo unos días, el valor de mercado total de las criptomonedas superó los 4 billones de dólares, lo que representa una revalorización significativa respecto al primer trimestre de 2025. La percepción de que Estados Unidos ha adoptado una postura amigable hacia los activos digitales disparó el apetito de inversionistas institucionales y minoristas.

Bitcoin (BTC) superó nuevamente los $120,000 dólares por unidad, mientras que Ethereum (ETH) subió más de 8% en una sola jornada para rebasar los $3,600 dólares, con un rendimiento acumulado de 40% en solo dos semanas. El token XRP, utilizado para transferencias internacionales, se disparó casi 20% en un solo día, alcanzando su nivel más alto del año.

Esta euforia no se basa solamente en especulación. Varios ETFs de criptomonedas, aprobados este año por la SEC, están registrando niveles récord de entradas de capital. El sentimiento de mercado es que el entorno legal estadounidense se ha “desbloqueado”, y que las grandes instituciones ya no tendrán que temer demandas regulatorias.

Desde un enfoque macroeconómico, esta dinámica está atrayendo capital hacia el ecosistema cripto como una alternativa de inversión ante el desorden fiscal, el creciente endeudamiento público, la expansión monetaria y la incertidumbre geopolítica. Criptoactivos como Bitcoin se están posicionando no solo como refugios de valor, sino como herramientas tecnológicas útiles en la infraestructura del nuevo sistema financiero digital.

Trump y el giro institucional hacia las criptomonedas

El papel del presidente Donald Trump ha sido decisivo. Lejos de la postura ambivalente de su primer mandato, en esta segunda administración se ha posicionado como un aliado de la industria cripto. Sus declaraciones, encuentros con líderes del sector y respaldo a las tres leyes aprobadas en la “Crypto Week” muestran una estrategia deliberada que consiste en posicionar a EE.UU. como el principal hub global de innovación cripto-financiera.

La decisión de Trump responde tanto a incentivos económicos como políticos:

  • Por un lado, su administración busca atraer capital, talento y empresas tecnológicas que habían migrado a Suiza, Singapur o Emiratos Árabes.
  • Por otro, fortalece su base política entre libertarios, jóvenes tecnólogos y el sector empresarial pro-desregulación.

Además, varios miembros de su familia —como Eric Trump y Jared Kushner— están vinculados a empresas del ecosistema cripto, lo que genera controversias, pero también incentivos políticos para apoyar el sector.

Este giro institucional ha sido respaldado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha afirmado que los activos digitales son parte clave del futuro financiero de Estados Unidos. La coordinación entre el Tesoro, el Congreso y la industria marca un cambio radical respecto al enfoque confrontativo y litigioso del periodo 2021–2024 bajo la administración Biden.

El resultado es claro: la criptoeconomía ha sido institucionalizada y ahora forma parte de la estrategia nacional de innovación financiera.

México: ¿espejo o excepción?

Aunque México está aún lejos de una legislación tan integral como la estadounidense, no es ajeno a las implicaciones de este nuevo paradigma. Por varios motivos, esta oleada normativa podría tocar pronto nuestras costas:

1. Competencia por innovación financiera

Estados Unidos está buscando convertirse en la “Capital Cripto del Mundo”. Si México no reacciona, podría perder inversiones, talento tecnológico y oportunidades de innovación. Mientras en Washington se discute sobre reglas claras, en México la Ley Fintech permanece limitada y ambigua respecto a los criptoactivos.

2. Inversión extranjera condicionada

Empresas tecnológicas y financieras evalúan entornos regulatorios antes de instalar operaciones. Si México no genera certeza jurídica sobre el uso, tenencia y tributación de criptoactivos, será menos atractivo para las inversiones globales que sí están aterrizando en Texas, Florida y Nueva York.

3. Interdependencia comercial y financiera

México comparte más de 2,000 km de frontera y una red económica profunda con EE.UU. Si allá se permite que bancos custodien criptoactivos o que empresas paguen en stablecoins reguladas, es cuestión de tiempo para que dichas prácticas crucen la frontera —con o sin marco legal mexicano.

4. Evitar la imposición regulatoria externa

Si México no establece su propia regulación, corre el riesgo de que la presión internacional —por ejemplo, vía tratados comerciales o acuerdos de corresponsabilidad financiera— lo obligue a adoptar marcos regulatorios ajenos, diseñados para otros contextos.

El desafío mexicano: entre rezago y oportunidad

México se enfrenta hoy a un dilema: legislar pronto para adaptarse a la realidad cripto, o permanecer en el limbo legal mientras el mundo avanza. Aunque el Banco de México y la CNBV han advertido sobre los riesgos de fraude y lavado, también deben reconocer que el ecosistema no desaparecerá.

En 2024, la CONDUSEF reportó que más de 12 millones de mexicanos ya usaban algún tipo de criptoactivo, y que los montos transaccionados superaban los $18 mil millones de dólares anuales. Además, Bitso —la plataforma líder en América Latina— opera desde México y ya colabora con bancos tradicionales.

Urge que el Congreso mexicano discuta una Ley Cripto Nacional que, al estilo del GENIUS y CLARITY Acts, defina claramente:

  • Qué es un criptoactivo (commodity, valor, medio de pago)
  • Quién lo regula (CNBV, Banxico, SAT)
  • Cómo se fiscaliza
  • Cómo se protege al usuario

Y sobre todo, que permita el desarrollo de stablecoins locales reguladas, tokenización de activos reales, infraestructura DeFi y uso institucional.

¿Y la CBDC mexicana?

El rechazo estadounidense a una moneda digital estatal es un mensaje claro para otras naciones. La CBDC mexicana, o peso digital, anunciada por Banxico hace más de tres años, ha avanzado poco. Si en Estados Unidos ya se considera una amenaza a la privacidad, México debería repensar su estrategia antes de comprometer recursos públicos a un proyecto que podría ser no solo impopular, sino inútil ante la competencia de stablecoins privadas reguladas.

Además, si se avanza sin marco legal, podríamos terminar con un híbrido ineficiente sin privacidad como el efectivo, pero sin confianza como un criptoactivo respaldado.

Conclusión: un llamado urgente al Congreso mexicano

Lo ocurrido en Washington durante la “Crypto Week” no debe verse como una anécdota legislativa más, sino como un punto de inflexión global. La economía digital, basada en blockchain y criptoactivos, ya dejó de ser marginal. Su integración al sistema financiero es cuestión de tiempo, y su regulación, de necesidad.

México debe actuar con visión de futuro. No se trata de copiar modelos, sino de construir uno propio, adaptado a nuestra realidad económica y social. El tiempo corre, y la oportunidad está abierta: podemos ser un líder regional en innovación financiera o quedar como un rezagado cripto-desconectado.

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Alejandro Gómez Tamez*

Director General GAEAP*

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