Mientras el gobierno federal insiste en contar una historia de que la economía marcha bien, los datos duros nos dicen otra cosa. Si decidimos creerle al INEGI, entonces la economía mexicana sigue transitando por una peligrosa meseta en la que ni crece, ni cae del todo, pero sí se debilita. No se habla de crisis en los titulares de la prensa, pero sí hay un estancamiento sordo que ya se deja sentir en el empleo, el consumo, la inversión y las finanzas públicas.
A casi un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, México no enfrenta un bache momentáneo, sino una etapa de fragilidad estructural derivada de errores internos de política y de un entorno internacional adverso. Por ello, si se pretende mejorar las perspectivas de crecimiento, es indispensable restablecer la confianza que fue erosionada por decisiones internas y factores externos. Se requiere visión, responsabilidad fiscal, reformas estratégicas y voluntad política para alejarse de los dogmas de izquierda que tanto han perjudicado al desarrollo del país. Porque lo que está en juego no es solo el PIB de lo que resta de 2025, sino el rumbo del país durante los próximos cinco años.
Una economía que no arranca: estancamiento productivo y señales mixtas
Los datos recientemente publicados por el INEGI confirman que la economía mexicana atraviesa por una preocupante debilidad estructural. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no registró crecimiento alguno en mayo de 2025 en comparación con el mes previo. Este dato, que por sí solo podría interpretarse como estancamiento, cobra mayor relevancia cuando se observa que el crecimiento anual fue de apenas 0.4%, lo que revela una economía que crece a una tasa por debajo del incremento poblacional.
La fragilidad no se distribuye de manera homogénea entre sectores. Las actividades primarias (agropecuarias) mostraron una fuerte recuperación mensual del 3.6% tras una caída en abril, pero su contribución estructural al PIB es muy baja. En contraste, el sector terciario, que representa cerca del 60% de la economía nacional, se contrajo 0.4% en mayo y ha mostrado caídas en dos de los primeros cinco meses del año. El sector industrial, por su parte, avanzó ligeramente con un crecimiento mensual del 0.6%, impulsado por la construcción (2.8%), la generación de electricidad (0.4%) y la manufactura (0.1%). Sin embargo, al observar el dato anual, las actividades secundarias muestran una contracción del 0.4%, confirmando que la recuperación industrial es todavía endeble.
Este patrón se repite al observar los datos desglosados de las empresas comerciales. El comercio al por mayor sufrió una caída de 2.2% en ingresos en mayo, y 7.8% en términos anuales, lo que confirma una desaceleración en el ritmo de la distribución de bienes en el país. En contraste, el comercio al por menor avanzó 1.8% mensual, impulsado posiblemente por una temporal recuperación del consumo derivada de múltiples promociones por parte de las tiendas formales en el país.
En los servicios privados no financieros, la evolución también presenta contrastes. Si bien los ingresos totales crecieron 0.6% mensual y 4.5% anual, el empleo y las remuneraciones muestran caídas mensuales (de 0.1% y 0.5%, respectivamente), lo que apunta a un entorno de contención en la masa salarial y debilidad en el mercado laboral. La divergencia entre ingresos y empleo sugiere que los prestadores de servicios están logrando mantener actividad sin contratar más personal, o incluso ajustando sus plantillas, en una posible señal de cautela empresarial frente a la incertidumbre.
Particularmente preocupante resulta la evolución de la industria de la construcción. El valor de producción cayó 2.1% en mayo, lo que se traduce en una caída anual del 16.6%, la más profunda en años recientes. Esta contracción viene acompañada de una reducción del empleo (-1.7% mensual y -11.5% anual) y de horas trabajadas (-0.9% mensual y -13.8% anual), lo que configura un escenario de franca recesión en este sector clave para la inversión pública y privada. Las causas estructurales de esta caída están asociadas al recorte en el gasto de inversión pública, particularmente tras la finalización de los megaproyectos emblemáticos del sexenio pasado.
Inflación bajo control… pero con riesgos persistentes
En medio de este estancamiento productivo, uno de los pocos datos positivos proviene del frente inflacionario. En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en una tasa anual de 3.55%, su nivel más bajo desde la segunda quincena de enero de este año y dentro del rango objetivo del Banco de México (3% ± 1). Este resultado fue mejor al anticipado por los mercados y representa la tercera quincena consecutiva de desaceleración.
Sin embargo, detrás de este alivio inflacionario subyacen señales contradictorias. La baja inflación general fue producto principalmente de una moderación en el componente no subyacente, que incluye bienes y servicios de alta volatilidad como agropecuarios y energéticos. De hecho, la inflación de productos agropecuarios fue prácticamente nula (0.26% anual), debido en parte a una base de comparación favorable y a una caída significativa en frutas y verduras (-12.24% anual). Pero los productos pecuarios siguen presionando, con un alza de 10.70%, lo que indica riesgos latentes por choques de oferta.
En cambio, la inflación subyacente –la que observa con mayor atención el Banco de México por su persistencia y sensibilidad a la política monetaria– se mantiene elevada en 4.25% anual. Esta rigidez es impulsada por el alza en los precios de servicios (4.49%) y de mercancías (4.01%), lo que indica que la economía sigue enfrentando presiones inflacionarias estructurales, especialmente en el consumo final.
Ante este escenario, se ha abierto un debate al interior del Banco de México sobre la pertinencia de continuar con el ciclo de recortes en la tasa de interés. Aunque el banco central ha bajado su tasa referencial en cuatro ocasiones consecutivas, llevándola a 8%, el subgobernador Jonathan Heath (que me parece la persona más sensata de toda la Junta de Gobierno) ha manifestado públicamente su desacuerdo con continuar relajando la política monetaria. Argumenta que la persistencia de la inflación subyacente amerita mayor cautela, y que la reducción reciente en la inflación general responde a factores no controlables por el banco central.
Por su parte, la encuesta de Citi, que reúne la opinión de 37 instituciones financieras, estima que la inflación cerrará 2025 en 4%, por encima del objetivo de Banxico. Y lo que es más revelador: prevén que tampoco se alcanzará la meta en 2026, proyectando una inflación de 3.80%. Este escenario reduce el margen de maniobra de la política monetaria, al mismo tiempo que la economía sigue sin mostrar signos de reactivación significativa.
El mercado anticipa que el Banco de México realizará dos recortes más de 25 puntos base cada uno antes de que termine el año, para cerrar 2025 con una tasa de 7.50%. Pero estas proyecciones están sujetas a la evolución de las expectativas de inflación subyacente, que, de seguir ancladas por encima del 4%, podrían postergar cualquier estímulo adicional.
El peso de la deuda, el lastre de Pemex y una perspectiva sombría
Más allá del corto plazo, el principal foco rojo para la estabilidad económica de México está en el deterioro de las finanzas públicas. Según Ethos, la capacidad de pago de la deuda del gobierno se ha deteriorado sustancialmente en los últimos años. En 2024, el endeudamiento representó el 25.9% de los ingresos públicos, el nivel más alto desde 2016. Para 2025 se espera que esta proporción baje a 17.7%, pero no por un incremento en los ingresos, sino por fuertes recortes en el gasto público, en particular en inversión física, que cayó 20.4% en términos reales respecto a 2024.
Este tipo de ajuste fiscal puede aliviar el balance de corto plazo, pero genera costos importantes en el mediano y largo plazo. La inversión pública es motor de crecimiento, y su caída implica menor dinamismo futuro, menor productividad y pérdida de oportunidades para detonar desarrollo regional. El endeudamiento, además, se ha mantenido por encima de la inversión durante toda la última década, incumpliendo con la “regla de oro” constitucional, lo que evidencia un uso ineficiente del financiamiento público.
A esta presión fiscal se suma la bomba de tiempo que representa Petróleos Mexicanos (Pemex). Con una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares y pasivos con proveedores por otros 20 mil millones de dólares, Pemex se ha convertido en una amenaza sistémica para las finanzas del país. Su producción sigue cayendo y su flujo operativo no alcanza para cubrir sus compromisos. El reciente esquema anunciado por Hacienda —basado en notas precapitalizadas y financiamiento a través de Eagle Funding— busca aliviar las presiones inmediatas de liquidez, pero no resuelve los problemas de fondo ni la insolvencia estructural de la empresa.
El respaldo implícito del gobierno federal a Pemex no está en duda, pero implica riesgos crecientes para el presupuesto. Si Pemex incumple, será Hacienda quien deba emitir bonos soberanos para cubrir los pasivos. Los vencimientos de deuda en 2026 ascienden a 13,600 millones de dólares, y si bien las medidas recientes han sido bien recibidas por el mercado —por ahora—, la percepción de riesgo se mantiene elevada.
En paralelo, las perspectivas de crecimiento para la economía nacional son pobres. La encuesta de Citi prevé un avance de apenas 0.2% en el PIB para 2025, con una inflación cercana al 4%. Diez de los analistas consultados prevén una contracción de la economía. Y para 2026, el crecimiento esperado es de solo 1.2%, con estimaciones de inflación aún por encima del objetivo de Banxico. Esta combinación de bajo crecimiento, inflación persistente, alto endeudamiento y riesgo fiscal hace pensar en una economía atrapada en una trampa de bajo dinamismo.
Conclusiones
México no está en crisis, pero tampoco está en marcha. Lo que muestran los datos más recientes no es una caída abrupta, sino un estancamiento con signos de deterioro estructural. La economía no crece, la inflación no se controla del todo, la inversión se contrae, la deuda se expande y el Estado sigue apostando por fórmulas agotadas, como la contención del gasto productivo y el rescate interminable de Pemex.
El arranque del nuevo sexenio debería haber sido una oportunidad para corregir el rumbo, pero por ahora, todo indica continuidad: con sus aciertos, pero también con sus errores al haber destruido la confianza empresarial. La política fiscal no tiene margen de maniobra, la monetaria se encuentra en un dilema, y el aparato productivo sigue esperando señales claras. Ni las reformas necesarias llegan, ni el sector privado percibe certeza para invertir, mientras que la ideología de izquierda sigue mandando.
En este contexto, el verdadero riesgo para México es que seguiremos transitando por años de crecimiento mediocre, de oportunidades perdidas y de políticas que solo administran el estancamiento. El país necesita más que estabilidad macroeconómica: necesita dirección, ambición y reformas que impulsen una nueva etapa de desarrollo. Porque una economía en pausa, cuando no se corrige, tarde o temprano se convierte en una economía en retroceso.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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