La economía mexicana ha vuelto a perder tracción. Entre julio y septiembre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.3% tanto en términos trimestrales como anuales, de acuerdo con los datos oportunos del INEGI. Es la primera caída anual desde el primer trimestre de 2021, cuando el país aún resentía las secuelas de la pandemia. Cuatro años después, el retroceso tiene un origen muy distinto: no se debe a una crisis sanitaria global, sino a la parálisis industrial y al agotamiento del modelo económico implementado por el gobierno de la 4T.
El motor productivo del país, es decir, la industria, se desplomó 2.9% a tasa anual y 1.5% trimestral. Es la cuarta caída consecutiva y es el resultado del deterioro estructural de un sector que representa una tercera parte del PIB. La construcción pública se hundió, la minería (extracción de petróleo) retrocedió y las manufacturas, que antes crecían marginalmente, ahora muestran un agotamiento. Mientras tanto, el consumo privado cae ligeramente, el comercio y servicios apenas avanzan y el único segmento con números positivos, el agropecuario, tiene un peso de apenas 4% del PIB, lo que resulta insuficiente para revertir la tendencia general.
El gobierno minimiza el problema que representa la caída del PIB, se centra en presumir “prudencia fiscal” y pone el énfasis en que Pemex “va en el camino correcto”; pero la realidad es otra: la economía ya no sólo está estancada, la deuda pública supera los 18 billones de pesos y el gasto público se mantiene distorsionado por rescates a una petrolera quebrada. Lo que debería ser inversión productiva termina convertido en parches financieros para salvar a Pemex. Es verdad que México no enfrenta una recesión de acuerdo a la definición técnica, pero sí estamos viviendo un estancamiento crónico. Otros países avanzan pese al entorno global adverso, México se rezaga y desaprovecha las oportunidades que la coyuntura ofrece.
La caída del motor industrial
La contracción del 0.3% en el PIB del tercer trimestre no fue sorpresiva. Desde mediados de año, los indicadores de producción, inversión y consumo habían encendido señales de alarma. El INEGI confirmó que la industria fue el principal lastre porque cayó 2.9% anual y 1.5% trimestral, arrastrando al conjunto de la economía. La minería, la electricidad, gas y agua, la construcción y las manufacturas registraron retrocesos simultáneos, lo que revela un deterioro transversal.
Dentro de la construcción, la caída de la obra pública fue determinante. La inversión física del sector público se desplomó 32.5% real en el trimestre, consecuencia directa del cierre de las grandes obras del sexenio anterior y de la falta de nuevos proyectos relevantes. El resultado fue un desplome de las obras de ingeniería civil de hasta 27% en agosto, según datos oficiales. En manufacturas, el retroceso anual rondó entre 1.5% y 2%, reflejo de inventarios acumulados y una demanda externa menos vigorosa. Las exportaciones electrónicas lograron sostenerse, pero no fueron suficientes para compensar la caída del sector automotriz.
La minería y la extracción de hidrocarburos también agravaron el panorama porque registraron retrocesos de entre 5% y 6% durante el trimestre. Pese a los altos precios de algunos metales, la producción nacional se contrajo, afectada por la incertidumbre regulatoria y la falta de incentivos para la inversión privada. La electricidad, gas y agua registraron caídas de 2% a 3%, reflejando una menor actividad general.
En contraste, las actividades primarias crecieron 3.2% trimestral y 3% anual, gracias a mejores condiciones climáticas y una base comparativa favorable. Pero este repunte es marginal ya que el sector agropecuario representa apenas 4% del PIB, por lo que su impulso no alcanza para mover al resto de la economía. El comercio y los servicios —dos tercios del PIB nacional— apenas avanzaron 0.1% trimestral y 0.9 % anual, señal de un consumo privado débil, presionado por la inflación persistente y la falta de creación de empleo formal.
El resultado global es una economía que acumula un crecimiento de sólo 0.5% en el acumulado de los primeros nueve meses del año. Y aunque las exportaciones crecieron 14% anual en septiembre y registran un aumento de más del 5% en los primeros nueve meses del año, impulsadas por la demanda estadounidense y las ventajas del T-MEC, la debilidad interna es más que evidente. México se sostiene gracias al dinamismo externo, no a su propio impulso.
A esta debilidad económica se suma la creciente desconfianza internacional por la dirección institucional del país. Los principales CEO’s de Estados Unidos, agrupados en la Business Roundtable, advirtieron su preocupación por la politización del Poder Judicial mexicano y pidieron a la administración Trump que proteja a las empresas de la incertidumbre legal en México durante la renovación del T-MEC. El mensaje es claro: no solo preocupa el rumbo económico, sino la fragilidad del Estado de Derecho, un factor que puede terminar alejando inversiones y comprometiendo el futuro del acuerdo comercial.
Hacienda y el espejismo de la estabilidad
En este contexto de una economía que ha perdido la fuerza que le quedaba, la Secretaría de Hacienda insiste en proyectar una imagen de estabilidad. En su informe al cierre del tercer trimestre, la dependencia reportó una deuda pública de 18 billones 20 mil 200 millones de pesos, un incremento de 3.7% anual. El gobierno prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de endeudamiento— cierre el año en 18 billones 903 mil 600 millones, equivalente a 49.9% del PIB.
Aunque el porcentaje parece controlado, el problema está en el destino del endeudamiento. Durante el tercer trimestre el gobierno “abrió la llave” del gasto, canalizando 253 mil 800 millones de pesos a Pemex para la recompra de su deuda. Sin ese apoyo, el gasto total habría caído 2.7% anual, pero con la transferencia, el gasto público refleja que creció 1%. El supuesto equilibrio fiscal se sostiene sobre un artificio contable porque el dinero público se gasta para tapar los hoyos de una empresa que sigue acumulando pérdidas.
Las autoridades insisten en que el rescate no altera las metas presupuestarias porque “el gasto adicional del gobierno se neutraliza con los ingresos de Pemex”. En los hechos, el erario está financiando a una compañía cuyo costo financiero, aunque se redujo ligeramente, sigue representando una carga estructural. En el tercer trimestre, Pemex registró pérdidas por 61 mil 250 millones de pesos. Pese a ello, Hacienda asegura que “va en el camino correcto”.
El discurso gubernamental, también presume un aumento real de 2.6% en los ingresos públicos totales, pero están debajo de lo programado en 120 mil millones de pesos, debido principalmente a la caída de los ingresos petroleros, que se desplomaron 16.9%. Con todo esto resulta evidente que los apoyos a Pemex distorsionan la contabilidad gubernamental: sin ellos, el déficit sería más amplio y el endeudamiento más visible.
Los ingresos tributarios sí mostraron fortaleza, con un incremento real de 7%. Destaca el alza de 23.6% en los gravámenes a la importación, lo que refleja que el gobierno por fin se dio cuenta de la coladera que eran las aduanas del país. Hacienda prevé obtener 400 mil millones de pesos adicionales entre 2025 y 2026 mediante “correcciones” en aduanas y combate al contrabando. Sin embargo, este tipo de ingresos no genera desarrollo y más bien son esfuerzos de recaudación extraordinaria que difícilmente se sostendrán sin crecimiento económico.
El costo financiero de la deuda, por su parte, ascendió a 960 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año, 8.6% más que en 2024 a pesar de que las tasas de interés han bajado. Aunque la dependencia afirma que fue 49 mil millones menor a lo previsto, lo cierto es que el servicio de la deuda crece más rápido que la economía. En 2026 el pago de intereses superará 1.5 billones de pesos, más de lo que el país invierte en educación o salud. No hay “prudencia fiscal” posible cuando la mitad del endeudamiento se destina a mantener a flote una petrolera y la otra mitad a cubrir intereses.
La supuesta consolidación fiscal —que redujo el déficit 31.8% en el año— es resultado de recortes en inversión y gasto operativo, no de un mejor desempeño económico. El saldo histórico de la deuda, de 18 billones 20 mil millones, equivale al 49.9% del PIB, y si se incluyen pasivos de Pemex y CFE, la cifra real ronda el 55%. El país gasta más en sostener deudas que en impulsar la competitividad.
Conclusiones
México enfrenta el cierre de 2025 con una economía debilitada, una deuda creciente y un modelo de desarrollo estancado. El retroceso del PIB de 0.3% anual, la caída industrial de 2.9% y la dependencia del gasto público hacia Pemex son síntomas de una enfermedad más profunda que podemos denominar falta de rumbo económico.
El discurso de la “prudencia fiscal” y de la “estabilidad macroeconómica” no puede ocultar que la economía apenas crece 0.5% en lo que va del año (después de un sexenio en el que crecimos apenas 0.9% promedio anual), que el costo financiero de la deuda aumenta peligrosamente y que la inversión pública real se ha desplomado. La aparente fortaleza recaudatoria no proviene del dinamismo productivo, sino del endurecimiento administrativo. Y los apoyos a Pemex, que ya suman 253 mil 800 millones de pesos en este año, sólo profundizan la dependencia de un sector que consume recursos sin generar crecimiento.
En este contexto, las promesas de una recuperación hacia 2026 parecen difíciles de cumplir. Sin reactivar la industria, sin inversión pública eficiente y sin un cambio de prioridades, México seguirá atrapado en la baja velocidad y dependiendo de lo que suceda con la renegociación del T-MEC y los aranceles impuestos por Donald Trump. No es correcto estar atenidos a lo que suceda con las exportaciones: hace falta una política integral que devuelva competitividad, confianza y energía al aparato productivo.
La economía mexicana no está en crisis, pero sí en un estado de parálisis. La verdadera pregunta es si el gobierno tiene la voluntad de encender de nuevo el motor industrial o si prefiere seguir manejando, con el tanque vacío, hacia la siguiente curva. Porque mientras las cifras oficiales celebran estabilidad, el país real —el que produce, emplea y paga impuestos— siente cada vez más el peso de un motor apagado.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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