La autonomía del Banco de México (Banxico) entró en vigor el 1 de abril de 1994 y desde entonces ha sido uno de los pilares más importantes para la estabilidad macroeconómica del país. Esta autonomía, consagrada constitucionalmente, permitió anclar expectativas, reducir las fuertes inflaciones crónicas de los setenta y ochenta, así como ofrecer certidumbre ante los entornos de volatilidad y choques externos. Esa credibilidad no se construyó a base de discursos y buenos deseos, sino con decisiones incómodas, disciplina monetaria y un compromiso claro con su mandato único: preservar el poder adquisitivo de la moneda. Hoy, ese activo fundamental está en entredicho.
La inflación general en 2025 fluctuó entre el 3.51% y el 4.42%, cerró el año en 3.69 por ciento. La trayectoria inflacionaria, en apariencia positiva, fue utilizada reiteradamente como argumento para justificar un ciclo acelerado de recortes en la tasa de interés. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde un problema mucho más profundo. La desaceleración inflacionaria respondió principalmente a la caída de la inflación no subyacente, es decir, a componentes altamente volátiles y determinados por factores externos, no a una corrección sostenida de las presiones internas de precios.

La inflación subyacente, que concentra la mayoría de los bienes y servicios cuyo comportamiento sí puede ser influido por la política monetaria, se mantuvo elevada. En promedio, se ubicó en torno a 4.1 por ciento durante 2025, el mismo nivel observado en 2024, y permaneció por encima de 4 por ciento de manera ininterrumpida durante los últimos ocho meses del año que recién concluyó. Esta persistencia no es un detalle técnico menor. Es el indicador que define la tendencia de mediano plazo de la inflación y el que debería haber guiado las decisiones del banco central.

A pesar de ello, el Banco de México optó por relajar la política monetaria de manera prematura. De acuerdo con un análisis de Moody’s Analytics, este relajamiento ocurrió sin que se hubiera logrado la convergencia inflacionaria al objetivo de 3 por ciento. El resultado fue un ajuste monetario incompleto que dejó vivas las presiones de demanda generadas por el exceso de liquidez. En términos prácticos, la política monetaria perdió efectividad justo cuando más se necesitaba.

Los datos son claros. En 2025, Banxico recortó su tasa de interés objetivo en 300 puntos base, más del doble de lo recortado en 2024. Como consecuencia, la postura monetaria dejó de ser restrictiva y entró en terreno neutral a partir del último trimestre del año, cuando la tasa real ajustada por inflación esperada alcanzó el límite superior de la neutralidad. Este cambio se dio cuando la inflación subyacente no solo no estaba bajando, sino que empezaba a subir nuevamente.
Moody’s es contundente en su diagnóstico. Ni el mercado ni los analistas creen hoy en la efectividad de la política monetaria actual para llevar la inflación al objetivo. Las expectativas inflacionarias se han deteriorado, tanto para la inflación general como para la subyacente. A pesar de que Banxico sigue proyectando una convergencia al 3 por ciento, los pronósticos del mercado se mantienen consistentemente por encima de esa meta, incluso hacia finales de 2026 y 2027.

Este deterioro de las expectativas no es casual. En diversas ocasiones, el banco central mantuvo pronósticos de inflación que posteriormente resultaron muy alejados de la realidad observada. El régimen de objetivos de inflación basado en pronósticos, que supuestamente guía la política monetaria desde 2018, se ha aplicado de manera confusa, pues el relajamiento monetario no vino acompañado de ajustes oportunos en los escenarios inflacionarios, lo que terminó por restar credibilidad al compromiso con la convergencia.
A ello se suma un elemento institucional de enorme relevancia. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha enfrentado presiones políticas directas y abiertas por parte del presidente Donald Trump, quien en diversas ocasiones le ha exigido públicamente que reduzca la tasa de interés, llegando incluso a calificarlo de incompetente. A pesar de ello, Powell ha sostenido que la política monetaria debe definirse con base en datos y en el mandato institucional del banco central, no en las preferencias del Ejecutivo. Este contraste resulta revelador, pues mientras en Estados Unidos la autonomía del banco central se ejerce bajo presión explícita, en México la ausencia de confrontación y la acelerada baja en la tasa de interés objetivo, sugieren una preocupante disposición del Banco de México a alinearse con las necesidades del gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su expectativa de que Banxico continúe bajando las tasas de interés, reconociendo explícitamente que estas decisiones han servido para apoyar políticas gubernamentales orientadas al crédito y a la inversión pública. También ha señalado que la autonomía no implica ausencia de coordinación con la Federación, subrayando la importancia del trabajo conjunto para impulsar programas específicos y proyectos de infraestructura.
Estas declaraciones, por sí solas, no constituyen una violación formal a la autonomía. Sin embargo, en el contexto de decisiones monetarias que coinciden sistemáticamente con las necesidades fiscales y de financiamiento del gobierno, refuerzan la percepción de subordinación. Un banco central no está diseñado para coordinarse con la política fiscal, sino para imponerle disciplina. Las metas fiscales deben ajustarse a la realidad monetaria, no al revés.
La pérdida de credibilidad no es una abstracción académica. Tiene consecuencias concretas. Cuando el mercado deja de creer en el compromiso del banco central con la estabilidad de precios, las expectativas se desanclan, los mecanismos de transmisión de la política monetaria se debilitan y el costo final lo pagan los hogares. La inflación que reportan las estadísticas puede no reflejar la experiencia cotidiana de las familias, que enfrentan aumentos persistentes en alimentos, servicios, rentas y transporte.
Este fenómeno agrava el daño reputacional. La brecha entre la inflación oficial y la inflación percibida mina la confianza no solo en la política monetaria, sino en las instituciones que la conducen. Y recuperar esa confianza es mucho más costoso que perderla. Como señala Moody’s, construir credibilidad requiere tiempo y esfuerzo; perderla puede ocurrir con rapidez.
No es la primera vez que se advierte este riesgo. Desde hace más de un año, desde este espacio se ha señalado que los recortes de tasa sin convergencia inflacionaria estaban comprometiendo el anclaje de expectativas. Hoy, ese diagnóstico es compartido por agencias internacionales, bancos globales y analistas del propio mercado mexicano. La advertencia dejó de ser marginal para convertirse en consenso.
Con ello, el problema de fondo se ha vuelto claramente institucional. El Banco de México no tiene un mandato dual que le permita combatir la inflación e incentivar el crecimiento económico. Además de que su autonomía descansa en que tiene prohibido proporcionar financiamiento al gobierno. Su mandato es único y claro: preservar el poder adquisitivo de la moneda. La tolerancia de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo de 3 por ciento no es una licencia para normalizar desviaciones persistentes ni para justificar políticas acomodaticias cuando la inflación subyacente sigue elevada.

Moody’s es explícito en la ruta correctiva. Para recuperar la credibilidad, Banxico tendría que dar un golpe de timón y revertir las reducciones a la tasa de interés, devolviendo la postura monetaria a terreno restrictivo. Anclar la inflación subyacente alrededor del 3 por ciento implica mantener condiciones restrictivas durante el tiempo necesario para eliminar el exceso de demanda. No hay atajos ni soluciones graduales que no impliquen costos políticos.
La alternativa es aceptar una erosión prolongada del poder adquisitivo y de la credibilidad del banco central, con consecuencias duraderas para la estabilidad macroeconómica. Que los mercados hablen abiertamente de la pérdida de confianza en Banxico es más grave que no cumplir la meta de inflación durante varios años. Significa poner en riesgo uno de los pilares que permitió a México sortear crisis externas con mayor resiliencia durante dos décadas.
Un banco central no existe para ser popular ni para facilitar la gestión política del momento. Existe para ser creíble. Haber puesto en entredicho ese principio es un error de enormes proporciones. Recuperar la credibilidad exigirá disciplina, autocrítica y decisiones impopulares. Pero sobre todo, exigirá volver a colocar la estabilidad de precios por encima de cualquier conveniencia política. Solo así el Banco de México podrá reconstruir el activo más valioso que hoy ha comenzado a perder.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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