Cuando el costo de vivir sube más rápido que los ingresos y el Banco de México se aleja de su mandato, la estabilidad de precios deja de ser una promesa y se convierte en una preocupación cotidiana
Durante meses se habló de que la inflación en México finalmente estaba cediendo, que se encontraba dentro del rango del Banco de México y que eventualmente convergería hacia la meta del 3%. Las cifras parecían indicar que el episodio inflacionario más fuerte había quedado atrás y que el país comenzaba a transitar hacia un periodo de mayor estabilidad de precios. Sin embargo, los datos más recientes vuelven a encender focos amarillos.
En febrero de 2026, la inflación anual en México se ubicó en 4.02%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con ello, el indicador volvió a colocarse por encima de la meta del banco central, que es de 3% con un margen de variabilidad de un punto porcentual.
Pero más allá del dato del índice general, hay una realidad que está afectando muy negativamente a millones de familias. Los precios de los alimentos —el componente que más pesa en el gasto de los hogares de menores ingresos— están subiendo mucho más rápido que la inflación general. Mientras el índice promedio avanza 4.02%, el costo de la canasta alimentaria se ha incrementado 5.6% en zonas rurales y 6.5% en zonas urbanas en el último año.
Esto significa que para una parte muy importante de la población el costo de sobrevivir está creciendo más rápido que el promedio de los precios de la economía.
En ese contexto, la discusión sobre política monetaria adquiere una relevancia crítica. A pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo, en los últimos días miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México han dejado entrever la intención de continuar con recortes en la tasa de interés, en un velado intento por estimular una economía que muestra señales claras de estancamiento.
El problema es que esta decisión llega en un momento particularmente delicado. La inflación no solo sigue presente, sino que existen nuevos factores que podrían presionar todavía más los precios. Entre ellos destaca el repunte de los energéticos derivado de la guerra en Medio Oriente, que ya está elevando el precio del diésel en México.
Y cuando el precio del diésel sube, toda la economía termina sintiendo el impacto, ya sea por el sector transporte o en lo más básico, como lo son los alimentos.
La inflación que realmente golpea a los hogares
Uno de los errores más comunes al analizar la inflación consiste en mirar únicamente el dato del índice general, que en teoría es un promedio ponderado de la evolución de los precios de acuerdo con los patrones de consumo de un hogar promedio. Ese indicador puede ser útil para evaluar la tendencia general de los precios, pero muchas veces oculta la verdadera presión que enfrentan los hogares.
En México esa diferencia es particularmente evidente.
Los productos que registraron los mayores incrementos de precios en febrero fueron precisamente alimentos básicos de la dieta mexicana. El limón aumentó 25.97%, el jitomate 22.51%, la papa 20.86% y el tomate verde 18.89%. Son productos que forman parte del consumo cotidiano de millones de familias y cuyo encarecimiento se siente de inmediato en el presupuesto doméstico.
A ello se suma el incremento en el costo de comer fuera de casa. Los precios en loncherías, fondas y taquerías continúan subiendo, mientras que el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento registra una inflación anual superior al 7%. Incluso la educación mantiene presiones relevantes, con aumentos anuales superiores al 6%.
Pero quizá el indicador más preocupante es la inflación subyacente. Este componente del índice mide la evolución de los precios de las mercancías y los servicios, eliminando los rubros más volátiles para identificar la tendencia de fondo de la inflación. En febrero se ubicó en 4.50% anual, acumulando diez meses consecutivos por encima del límite superior del objetivo del Banco de México.
En otras palabras, la inflación estructural sigue siendo elevada en un contexto social particularmente complicado.
Un reporte reciente elaborado por la firma especializada en manejo de deudas Bravo, titulado Deudas de los mexicanos: motivos, soluciones y retos, ofrece una radiografía preocupante de las finanzas familiares en el país. De acuerdo con este estudio, 77% de los mexicanos viven prácticamente al límite de su capacidad financiera o incluso lo han rebasado. Más de la mitad de los encuestados reconoce que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir deudas y gastos cotidianos, mientras que otro 25% admite que con frecuencia le falta dinero para cumplir con esas obligaciones.
En términos prácticos, esto significa que ocho de cada diez mexicanos viven al día.
El estudio también revela que 82% de las personas ha tenido que utilizar sus ahorros para cubrir gastos ordinarios, mientras que 85% no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingresos, que es el mínimo recomendado para mantener cierta estabilidad financiera.
Cuando los hogares se encuentran en esta situación, cualquier aumento en el costo de vida tiene un impacto inmediato. La inflación deja de ser una variable macroeconómica abstracta y se convierte en una presión directa sobre la estabilidad económica de las familias.
Por eso resulta tan importante observar lo que ocurre con la canasta alimentaria. En febrero, el costo mensual de los alimentos básicos alcanzó 1,888 pesos por persona en zonas rurales y 2,517 pesos en zonas urbanas. Para un hogar típico de cuatro integrantes, esto implica un gasto mensual cercano a 7,552 pesos en áreas rurales y más de 10,000 pesos en ciudades, solo para cubrir alimentación.
Si se incluye también la canasta no alimentaria, el ingreso necesario para no caer en pobreza por ingresos se eleva a 13,980 pesos mensuales en zonas rurales y cerca de 19,512 pesos en zonas urbanas.
Para millones de familias mexicanas, esas cifras están lejos de la realidad de sus ingresos.
Un Banco de México desalineado frente a nuevos riesgos inflacionarios
En este contexto, el papel del Banco de México debería ser particularmente claro. Su mandato constitucional consiste en preservar el poder adquisitivo de la moneda, lo que en la práctica significa mantener la inflación bajo control.
Sin embargo, la política monetaria enfrenta hoy una presión inusual, ya que por un lado la economía mexicana muestra señales evidentes de desaceleración. La inversión productiva permanece débil, la actividad industrial pierde dinamismo —cayó 1.1% en enero, después de haber disminuido también 1.1% durante todo 2025— y las expectativas de crecimiento económico rondan apenas el 1.5%, además de estar rodeadas de un enorme grado de incertidumbre. En ese contexto, reducir las tasas de interés aparece como una herramienta para tratar de estimular la actividad económica.
Pero por otro lado existe una presión fiscal importante. El costo financiero de la deuda pública depende en gran medida del nivel de tasas de interés. Cuando las tasas bajan, el gobierno paga menos por el servicio de su deuda.
Esto significa que una política monetaria más flexible no solo podría ayudar a estimular la economía, sino también a aliviar las presiones sobre las finanzas públicas.
El problema es que ese equilibrio es extremadamente delicado.
Cuando un banco central comienza a reducir tasas mientras la inflación sigue por encima de su objetivo, corre el riesgo de enviar una señal equivocada a los mercados. La percepción puede ser que la autoridad monetaria está priorizando el crecimiento económico o las necesidades fiscales sobre su mandato principal. Y ese mandato no es ambiguo: la Constitución establece con claridad que el Banco de México debe procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
Por eso la credibilidad de la autoridad monetaria es uno de sus activos más importantes. Cuando esa credibilidad se erosiona, las expectativas de inflación dejan de estar firmemente ancladas y el control de los precios se vuelve mucho más difícil.
A este panorama se suma ahora un nuevo factor de presión inflacionaria: la energía.
El conflicto en Medio Oriente ha provocado un repunte significativo en los precios internacionales del petróleo. Desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, el precio del Brent ha aumentado más de 43%, superando nuevamente los 100 dólares por barril.
La razón es geopolítica y estratégica. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, se encuentra bajo amenaza de bloqueo por parte de Irán. Cuando una vía energética de esa magnitud se ve comprometida, los mercados reaccionan de inmediato.
Y los efectos ya comienzan a sentirse en México.
Desde el inicio del conflicto, el precio promedio del diésel en el país ha aumentado 1.58 pesos por litro, pasando de 26.37 pesos antes de la guerra a 27.95 pesos. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda decidió reactivar el estímulo fiscal al diésel por primera vez desde marzo de 2025, absorbiendo 2.59 pesos del impuesto IEPS por litro.
Pero incluso con ese subsidio, el encarecimiento del combustible ya es evidente.
Y esto es particularmente relevante porque el diésel es el combustible que mueve la economía real. Es el que utilizan los transportistas para mover mercancías por carretera, el que emplea la maquinaria agrícola en el campo y el que permite operar buena parte de la logística productiva del país.
Cuando el diésel sube, tarde o temprano suben también los costos de transporte, de producción y de distribución, y cuando eso ocurre los precios de los alimentos terminan aumentando.
Conclusiones
La inflación en México está lejos de ser un problema resuelto. Aunque el indicador general se mantiene relativamente contenido, la realidad que enfrentan los hogares es mucho más complicada. Cuando los alimentos se encarecen, las familias no pueden simplemente dejar de comprarlos. Lo que ocurre en la práctica es un efecto sustitución: los hogares recortan el consumo de otros bienes y servicios para poder seguir pagando comida, lo que termina deteriorando su bienestar económico.
Los precios de los alimentos siguen creciendo a una velocidad mayor que la del índice general, erosionando el poder adquisitivo de millones de familias que ya operan al límite de su capacidad financiera. El hecho de que ocho de cada diez mexicanos vivan prácticamente al día refleja hasta qué punto el margen de maniobra de los hogares se ha reducido.
En este contexto, la política monetaria enfrenta un desafío complejo. Reducir tasas para estimular una economía estancada puede parecer una decisión razonable, pero hacerlo mientras la inflación permanece por encima del objetivo implica un riesgo significativo para la credibilidad del Banco de México.
A ello se suma ahora el impacto de factores externos. El conflicto en Medio Oriente y el repunte de los precios del petróleo ya están encareciendo el diésel, un combustible fundamental para el transporte, la producción agrícola y la logística nacional.
Si esa presión energética se mantiene, es muy probable que termine trasladándose a los precios de los alimentos en los próximos meses.
Cuando suben los alimentos, la inflación deja de ser una estadística y se convierte en carestía para millones de hogares mexicanos.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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