Inflación persistente, expectativas desancladas y el riesgo de diluir la autonomía monetaria
Durante poco más de tres décadas, el Banco de México operó bajo un marco de autonomía formal que permitió dotar a la política monetaria de un perfil técnico, disciplina y continuidad institucional. Esa autonomía nunca significó la erradicación de la inflación ni el cumplimiento sistemático de la meta puntual de 3 por ciento, con un rango de más/menos un punto porcentual. Los datos son elocuentes. Entre 2000 y 2025, la inflación solo se ubicó dentro del rango objetivo en alrededor del 46 por ciento de los años, y la meta puntual de 3 por ciento o menos se cumplió únicamente en dos ocasiones (2015 y 2019). México ha convivido históricamente con una inflación estructuralmente más elevada, incluso en periodos de estabilidad macroeconómica.
La credibilidad de Banxico, por tanto, no se construyó sobre el cumplimiento exacto de una meta numérica, sino sobre la percepción de que el banco central actuaba con autonomía técnica frente al Ejecutivo, incluso cuando ello implicaba costos económicos o políticos. Ese activo institucional permitió anclar expectativas, contener episodios de volatilidad y preservar cierto orden macroeconómico en un país históricamente propenso a presiones inflacionarias. El problema actual no es que la inflación se ubique momentáneamente dentro o fuera del rango objetivo, algo que ha ocurrido de manera recurrente en el pasado, sino que las decisiones recientes de política monetaria han comenzado a percibirse como alineadas con las necesidades y expectativas del poder político.
La discusión, por tanto, hoy no gira en torno al nivel puntual de la inflación ni a si se encuentra ligeramente dentro o fuera del rango objetivo. Es una discusión más profunda y delicada, relacionada con la consistencia entre el mandato del banco central, sus decisiones recientes en materia de tasas de interés y la forma en que estas son leídas por los analistas y los mercados, así como con la percepción de un debilitamiento en el perfil técnico, la independencia de criterio y la claridad de la comunicación de la actual Junta de Gobierno. Cuando se instala la percepción de que el banco central responde más a Palacio Nacional que a su mandato constitucional, y que además no comunica con suficiente transparencia ni precisión los fundamentos de sus decisiones, la autonomía deja de ser solo un principio legal y se convierte en un problema de credibilidad. Cuando esa confianza se deteriora, la política monetaria pierde potencia, las expectativas se desanclan y el costo final termina recayendo en los hogares. Eso es lo que está en juego y lo que se aborda en este editorial.
La pausa llega tarde y la credibilidad ya está dañada
Hace unas semanas publiqué en este espacio que durante 2025, la inflación general mostró una trayectoria aparentemente favorable. Fluctuó entre 3.51 y 4.42 por ciento y cerró el año en 3.69 por ciento. Esa cifra fue utilizada de forma reiterada para justificar un ciclo acelerado de recortes a la tasa de interés. El problema es que esa lectura fue incompleta.
La desaceleración inflacionaria respondió, en buena medida, a la caída de la inflación no subyacente. Componentes volátiles, determinados por factores externos y fuera del control de la política monetaria. Mientras tanto, la inflación subyacente, que concentra los bienes y servicios cuyo comportamiento sí puede ser influido por la tasa de interés, se mantuvo persistentemente elevada. En promedio, se ubicó alrededor de 4.1 por ciento durante todo 2025, prácticamente el mismo nivel que en 2024, y permaneció por encima de 4 por ciento durante los últimos ocho meses del año.
A pesar de ello, el Banco de México recortó su tasa objetivo en 300 puntos base en 2025, más del doble de lo recortado el año previo. Ese ajuste llevó a que, hacia el último trimestre del año, la postura monetaria dejara de ser claramente restrictiva y entrara en terreno neutral, justo cuando la inflación subyacente no solo no cedía, sino que comenzaba a repuntar nuevamente.
Desde este espacio hemos sido claros en el diagnóstico. El relajamiento monetario ocurrió sin que se hubiera logrado la convergencia inflacionaria al objetivo de 3 por ciento. El resultado fue una política monetaria incompleta, que dejó vivas las presiones de demanda generadas por el exceso de liquidez. En términos prácticos, la política monetaria perdió efectividad en el momento en el que más se necesitaba.
Ese deterioro no tardó en reflejarse en las expectativas. Hoy, ya entrado febrero, ni el mercado ni los analistas creen en la convergencia puntual al 3 por ciento en el horizonte que sigue proyectando el banco central. Las expectativas para la inflación general y subyacente se han ajustado al alza y permanecen por encima del objetivo incluso hacia finales de 2026 y 2027.
Ese desanclaje no es una percepción aislada. Está plenamente reflejado en las encuestas del mercado. La más reciente Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 4 de febrero de 2026, confirma este desanclaje. Para 2026, el consenso espera una inflación general de 4.0 por ciento y una subyacente de 4.11 por ciento, con rangos que se extienden hasta 4.40 y 4.60 por ciento, respectivamente. Para 2027, las expectativas siguen lejos del objetivo, con una inflación general promedio de 3.77 por ciento y una subyacente de 3.71 por ciento. En materia de política monetaria, el mercado anticipa que la tasa de fondeo cierre tanto 2026 como 2027 en 6.5 por ciento, es decir, claramente en terreno neutral, no restrictivo. Al mismo tiempo, el crecimiento económico previsto es modesto, de apenas 1.3 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, mientras que el tipo de cambio se mantiene relativamente fuerte, con promedios esperados de 18.41 pesos por dólar en 2026 y 18.89 en 2027. El mensaje implícito es claro. El mercado descuenta inflación persistentemente elevada, crecimiento bajo y una política monetaria que no hará lo suficiente para forzar una convergencia más rápida al objetivo.
La pausa en el ciclo de disminución de la tasa de interés, anunciada por Banxico el jueves 5 de febrero, al mantener la tasa de referencia en 7 por ciento y frenar una racha de 12 recortes consecutivos, era ampliamente esperada. Lo más significativo del anuncio no fue la pausa en sí, sino el ajuste al alza de los pronósticos de inflación y el desplazamiento de la convergencia a la meta hasta el segundo trimestre de 2027, una proyección que hoy no logra anclar las expectativas del mercado. Banxico reconoció explícitamente una trayectoria más elevada de la inflación subyacente y un balance de riesgos con sesgo al alza.
Sin embargo, ese reconocimiento llega tarde. Analistas de Banamex y Monex han señalado que los ajustes a los pronósticos llegan con rezago, después de meses de subestimación sistemática de la inflación. Es de esta manera que la credibilidad se daña no solo cuando la inflación es alta, sino cuando los pronósticos oficiales fallan de manera recurrente y las decisiones no se ajustan oportunamente a esa realidad.
El cambio en la guía prospectiva, al señalar que se valorarán ajustes adicionales a la tasa, contrasta con el discurso previo de solo evaluar el momento de los recortes. Aun así, la lectura dominante del mercado sigue siendo que la pausa es transitoria y que el ciclo de recortes podría retomarse en marzo o mayo, con una tasa terminal cercana a 6.5 por ciento. Esa expectativa no responde únicamente a la trayectoria inflacionaria, sino también a la percepción de que existe presión para reducir el costo financiero de la deuda pública y dar mayor impulso a una economía que muestra claros signos de debilidad. En ese contexto, vuelve a colocarse en entredicho la fortaleza del criterio técnico de la Junta de Gobierno y se refuerza la idea de que las decisiones de política monetaria están cada vez más condicionadas por consideraciones de economía política. Esa expectativa, en sí misma, confirma que el anclaje de las decisiones monetarias no está plenamente restablecido.
Política monetaria, crecimiento débil y señales contradictorias
El deterioro de la credibilidad se da en un contexto de debilidad estructural de la economía mexicana, particularmente del lado de la inversión. La formación bruta de capital fijo (el valor de la inversión que realizan las empresas, el gobierno y los hogares en activos productivos duraderos) acumuló 15 meses consecutivos de caídas anuales hasta noviembre de 2025. En ese mes, retrocedió 5.7 por ciento anual, un verdadero desastre para el crecimiento de largo plazo.
Si bien se observaron ligeros repuntes mensuales en la construcción, impulsados principalmente por la residencial, el componente más productivo de la inversión, la maquinaria y equipo, siguió cayendo fuerte. A tasa anual, la inversión en bienes de capital retrocedió 11.6 por ciento, con desplomes tanto en bienes nacionales como importados. En el acumulado de enero a noviembre, la inversión fija bruta acumula una caída de 7.3 por ciento anual.
La inversión pública tampoco ha ayudado. Por el contrario, el gasto en inversión física por parte del gobierno federal se desplomó 28.4 por ciento en 2025, su mayor caída desde que hay registro. En términos del PIB, se ubicó en apenas 2.2 por ciento, uno de los niveles más bajos de la historia. Mientras tanto, el pago de intereses de la deuda y las pensiones absorbieron una proporción cada vez más grande del presupuesto de egresos, desplazando a la inversión productiva.
El consumo privado, por su parte, ha mostrado una resiliencia aparente, pero con fundamentos muy frágiles. En noviembre de 2025 cayó 0.5 por ciento mensual, pese al Buen Fin, y su crecimiento anual se moderó a 2.8 por ciento. Los datos muestran que el consumo se ha sostenido principalmente por bienes importados y por el sector servicios, no por una mejora en el ingreso real ni por un repunte de la inversión.
En los hechos, el gasto de los hogares se ha apoyado crecientemente en el crédito al consumo. Los hogares siguen gastando, pero los motores del crecimiento están apagados. Esa combinación de consumo aparentemente resistente e inversión deprimida es consistente con una economía que ha perdido dinamismo.
En este contexto, las señales que emite la política monetaria son especialmente relevantes. El banco central mexicano no tiene mandato para estimular el crecimiento ni para compensar la debilidad fiscal o de la inversión pública. Su función es imponer disciplina y preservar el poder adquisitivo de la moneda.
Las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, al expresar expectativas explícitas de que Banxico continúe bajando las tasas y reconociendo que estas decisiones apoyan políticas de crédito e inversión pública, no constituyen una violación formal de la autonomía. Pero, en combinación con decisiones monetarias acomodaticias (que hemos visto de 2024 a la fecha) y con una inflación subyacente persistente, refuerzan la percepción de una subordinación del Banxico a lo que le dictan desde Palacio Nacional.
Reitero que el contraste con Estados Unidos es ilustrativo. En su reunión de enero de 2026, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios la tasa de fondos federales, aun en un contexto de cierta debilidad de la economía real y de presiones políticas abiertas por parte del presidente Donald Trump para reducirla. Jerome Powell reiteró que la política monetaria se define con base en datos, en la evaluación de riesgos inflacionarios y en el mandato institucional del banco central, no en las necesidades coyunturales del Ejecutivo. En México, por el contrario, la ausencia de confrontación abierta y la rapidez con la que se ha relajado la política monetaria, incluso con una inflación subyacente persistente, generan dudas legítimas sobre la fortaleza del criterio técnico y la solidez institucional del Banco de México.
Conclusiones
La pérdida de credibilidad del Banco de México no es un concepto abstracto ni un debate académico. Tiene efectos reales y acumulativos. Amplios segmentos del mercado comienzan a dudar de la consistencia entre el mandato del banco central y sus decisiones, por ello las expectativas inflacionarias están desancladas, los mecanismos de transmisión de la política monetaria se han debilitado y la inflación ha dejado de responder de manera ordenada a los instrumentos disponibles de política monetaria. En ese escenario, el costo final no lo pagan los analistas ni los funcionarios, sino los hogares, a través de precios crónicamente elevados y una mayor incertidumbre económica.
El problema de fondo no es haber fallado en sus metas inflacionarias en los últimos dos años, porque es algo que ha ocurrido de manera recurrente a lo largo de la historia reciente del país. El verdadero riesgo es normalizar esos errores de pronóstico y, al mismo tiempo, transmitir la señal de que la política monetaria está condicionada por necesidades fiscales, financieras o políticas de corto plazo. Cuando la tasa de interés deja de ser percibida como una herramienta técnica para preservar el poder adquisitivo y comienza a verse como un instrumento de ajuste macroeconómico general, la autonomía del banco central suena a palabra hueca, aunque se mantenga en el marco legal.
Recuperar la credibilidad exige algo más que pausar o aumentar la tasa de interés. Requiere restablecer con claridad el liderazgo técnico del banco central, fortalecer la calidad, la independencia de criterio de la Junta de Gobierno, y comunicar de manera transparente, consistente y creíble los fundamentos de cada decisión. La estabilidad de precios no es compatible con ambigüedades ni con señales mixtas. Un banco central no existe para facilitar la gestión económica del momento a la autoridad fiscal, ni para aliviar presiones presupuestarias, sino para imponer disciplina, incluso cuando ello resulte incómodo.
México ya ha pagado antes el costo de debilitar sus anclas institucionales. Volver a transitar ese camino es un error innecesario. La autonomía del Banco de México no se defiende con discursos, sino con decisiones congruentes, comunicación clara y un compromiso inequívoco con su mandato. Ese es el activo que hoy está en riesgo y cuya recuperación será cada vez más costosa si se sigue postergando.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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