Subsidios, topes a combustibles, PACIC y presión sobre empresas privadas
Las políticas públicas en México han entrado en aguas peligrosas. No solo estamos ante una economía estancada, caracterizada por fragilidad fiscal, deterioro energético e incertidumbre internacional. El problema es más complejo: es cada vez más evidente que el gobierno federal opta por una intervención creciente en los mercados para controlar artificialmente los efectos de una realidad económica que no puede manejar plenamente.
Esta intervención es preocupante porque se produce en un momento en que la economía mexicana muestra señales claras de desaceleración estructural: disminución de la inversión, debilitamiento industrial, pérdida de dinamismo productivo y creciente vulnerabilidad ante el entorno internacional.
Actualmente, el precio de la gasolina Magna es aproximadamente 24 pesos por litro, mientras que el diésel se sitúa en alrededor de 27 pesos. Esta medida se presenta oficialmente como una estrategia para proteger a las familias mexicanas del impacto inflacionario causado por la crisis energética global y la inestabilidad en Medio Oriente. Sin embargo, detrás de esta aparente estabilidad de precios se acumula una distorsión económica preocupante: subsidios fiscales crecientes, presión sobre los márgenes empresariales, distorsiones de mercado y señales económicas alteradas que debilitan la inversión, la rentabilidad y la capacidad productiva a largo plazo.
La historia económica demuestra que los controles de precios rara vez resuelven los problemas estructurales. En el mejor de los casos, los esconden temporalmente; en el peor, los agravan. Lo que se observa hoy en México no es solo un subsidio temporal a combustibles, sino una tendencia hacia una economía cada vez más intervenida por el Estado.
El costo político de la intervención artificial en el mercado
Los controles de precios generan una ilusión de estabilidad, trasladando los costos a otros sectores del sistema. En el sector de combustibles, el gobierno ha implementado dos mecanismos principales: por un lado, estímulos fiscales a través del IEPS flexible; por otro, acuerdos políticos y comerciales con empresarios gasolineros para mantener los precios finales al consumidor.
Actualmente, la Secretaría de Hacienda mantiene subsidios significativos al IEPS de gasolinas y diésel. La gasolina Magna recibe estímulos de aproximadamente 49%, el diésel supera el 60%, y la gasolina premium se sitúa alrededor del 40%. Esto significa que el gobierno renuncia a miles de millones de pesos en recaudación para evitar que el impacto internacional de los precios energéticos afecte al consumidor mexicano.
El problema es que el costo fiscal comienza a crecer rápidamente. Según estimaciones de expertos como Ramsés Pech, entre finales de febrero y mediados de mayo, el gobierno federal habría dejado de recaudar cerca de 30 mil millones de pesos en estímulos fiscales al IEPS para mantener los precios de gasolinas y diésel. Tan solo el subsidio aplicado al diésel habría implicado una pérdida recaudatoria superior a 17 mil millones de pesos, mientras que los estímulos para gasolinas Magna y Premium habrían significado otros 11 mil 523 millones de pesos.
Todo esto sucede en un contexto delicado para las finanzas públicas mexicanas: bajo crecimiento económico, mayores presiones de gasto, una deuda pública creciente y una consolidación fiscal cada vez más complicada. De hecho, la agencia calificadora S&P recientemente modificó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, citando precisamente el deterioro de la flexibilidad fiscal, el bajo crecimiento económico, el aumento esperado de la deuda pública y las crecientes presiones financieras asociadas a Pemex y la CFE.
En este contexto, el problema no es solo el costo actual de subsidiar combustibles, sino cuánto tiempo puede mantenerse política y fiscalmente un mecanismo de esta naturaleza si persisten la volatilidad energética internacional y las presiones sobre las finanzas públicas.
Este no es un costo menor: estimaciones de Ramsés Pech indican que el esquema actual podría estar drenando cerca de 3 mil 874 millones de pesos por semana debido a menor recaudación, compresión de márgenes y pérdidas operativas en la cadena de combustibles.
El argumento oficial de la Secretaría de Hacienda es significativo. La Secretaría argumenta que el estímulo al IEPS actúa como un amortiguador macroeconómico que puede reducir el impacto inflacionario, evitar alzas más agresivas en las tasas de interés y mitigar el golpe sobre el crecimiento económico. De hecho, estudios internos sugieren que, durante el choque energético de 2021-2023, la inflación habría sido significativamente más alta sin estos estímulos.
Hay algo de verdad en esto. En un entorno de alta presión energética global, amortiguar temporalmente un choque externo puede prevenir efectos inflacionarios más severos sobre los hogares y las empresas. El problema aparece cuando un mecanismo pensado para enfrentar emergencias empieza a normalizarse, prolongarse o trasladar crecientemente sus costos hacia las finanzas públicas y los márgenes privados.
Sin embargo, el problema no termina ahí. El otro componente silencioso del control de precios recae directamente sobre las estaciones de servicio. Mantener precios artificialmente bajos significa comprimir los márgenes de rentabilidad de miles de empresarios gasolineros en el país.
Los empresarios gasolineros reportan que el margen del diésel es apenas de 1.5 pesos por litro antes de cubrir diversos costos operativos y financieros, lo que representa una reducción significativa con respecto a meses anteriores. Este margen debe cubrir aún el transporte, almacenamiento, financiamiento, riesgos crediticios, nómina, seguridad, mantenimiento e impuestos, mientras que el precio final de venta se mantiene políticamente limitado.
La presión ya se refleja en cifras más evidentes. Estimaciones del mismo sector sugieren que las estaciones de servicio han dejado de percibir alrededor de 6 mil 564 millones de pesos debido a la reducción de márgenes de ganancia resultante de los acuerdos voluntarios negociados con el gobierno para mantener los precios de gasolina Magna y diésel. En otras palabras, parte del costo de mantener los precios de los combustibles artificialmente bajos no solo lo asume Hacienda a través de menores ingresos fiscales, sino también miles de empresarios gasolineros que enfrentan mayores costos con menores márgenes de rentabilidad.
Además, no todos enfrentan las mismas condiciones. Las regiones alejadas de los terminales de distribución, como la Península de Yucatán o Baja California, enfrentan costos logísticos significativamente mayores, lo que complica aún más mantener precios artificialmente bajos.
Las grandes cadenas pueden resistir mejor, gracias a economías de escala, integración vertical, tiendas de conveniencia y mayor acceso a financiamiento. Pero los pequeños empresarios —aquellos que operan una, dos o tres estaciones— enfrentan una situación mucho más complicada. No cuentan con las mismas eficiencias operativas y, en muchos casos, el margen comienza a volverse insuficiente para sostener la rentabilidad del negocio, particularmente en regiones alejadas de centros de distribución donde los costos logísticos son todavía mayores.
En otras palabras, el gobierno decide indirectamente cuánto puede ganar un negocio privado.
Eso representa un precedente extremadamente delicado para cualquier economía de mercado. Cuando un empresario invierte capital, asume riesgos, genera empleos y opera en condiciones de libre competencia, espera que sea el mercado quien determine sus márgenes y no decisiones políticas impuestas desde el poder.
El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo lo resumió recientemente de manera contundente: “el combustible más caro es el que no se consigue”. Y tiene razón. Cuando vender un producto deja de ser rentable, eventualmente alguien deja de venderlo. Esta es la lógica que históricamente ha generado escasez, desabasto o deterioro de servicios en economías excesivamente intervenidas.
Lo más preocupante es que esta lógica comienza a extenderse a otros sectores. El caso más evidente es el PACIC, el programa gubernamental para contener los precios de productos básicos. Aunque oficialmente busca proteger el poder adquisitivo de las familias, en la práctica ejerce presión sobre toda la cadena productiva: productores agrícolas, transportistas, distribuidores, empaques, comercializadores y pequeños negocios absorben parte del costo de mantener ciertos precios artificialmente bajos.
En otras palabras, el consumidor percibe estabilidad temporal en algunos productos, pero otros absorben silenciosamente el costo económico.
Esa es la esencia de los controles de precios: ocultar temporalmente el problema trasladando el desequilibrio a otro actor económico.
Además, el problema es que el gobierno intenta contener artificialmente algunos precios justo cuando la presión sobre el costo de vida se intensifica de manera significativa. Actualmente, mientras la inflación general se sitúa alrededor del 4.4%, la canasta alimentaria aumenta aproximadamente un 8.3% anual, casi el doble. Productos básicos como jitomate, papa y chile registran incrementos extraordinarios, mientras el transporte y diversos servicios continúan encareciéndose.
Esto explica por qué programas como el PACIC se vuelven políticamente atractivos: el gobierno enfrenta una población cuyo poder adquisitivo se deteriora rápidamente en un contexto de bajo crecimiento económico, empleo formal débil y menor dinamismo productivo. El problema es que contener artificialmente algunos precios no resuelve las causas estructurales de la inflación ni del encarecimiento del costo de vida. Solo traslada temporalmente los costos a productores, transportistas, comercializadores, finanzas públicas y empresas privadas.
Aquí surge otra distorsión peligrosa: mientras la economía pierde dinamismo, el gobierno responde aumentando la intervención en el mercado en lugar de fortalecer la inversión, productividad, competencia y certidumbre económica.
La destrucción gradual de las señales de mercado
El verdadero problema no es únicamente el subsidio a la gasolina ni el PACIC por sí solos. El problema es la filosofía económica detrás de estas decisiones.
México avanza hacia un modelo donde el gobierno cree que puede ajustar políticamente las señales del mercado cada vez que surgen presiones inflacionarias, conflictos internacionales o tensiones sociales. Las señales de precios existen por una razón: reflejan la escasez relativa, costos reales, riesgos logísticos y condiciones internacionales.
Cuando el gobierno modifica artificialmente esas señales, la economía entera comienza a deformarse.
En plena crisis energética global, mantener artificialmente barata la gasolina genera incentivos incorrectos. En lugar de moderar el consumo frente a un entorno internacional riesgoso, se incentiva una mayor demanda interna de combustibles. México sigue siendo altamente dependiente de importaciones de gasolina y diésel; más del 60% del consumo nacional depende del exterior. Esto significa que el país absorbe directamente los efectos de cualquier tensión geopolítica internacional relacionada con el petróleo, la refinación o la logística energética.
El problema es que el subsidio genera una sensación artificial de normalidad mientras los desequilibrios estructurales siguen creciendo detrás.
Además, el creciente intervencionismo económico empieza a deteriorar algo todavía más importante: la certidumbre para invertir. Cuando las reglas cambian constantemente, el gobierno presiona márgenes empresariales, los acuerdos «voluntarios» se convierten en controles indirectos de precios y los sectores perciben que las decisiones económicas responden más a objetivos políticos que a criterios técnicos, la inversión inevitablemente se debilita.
Esto ya se empieza a observar en diversos sectores productivos. El problema no es únicamente el margen perdido hoy, sino el mensaje que reciben inversionistas y empresarios sobre el futuro del país.
Porque si hoy el gobierno interviene en combustibles y alimentos, mañana puede hacerlo en transporte, logística, tarifas, energía eléctrica, alquileres o cualquier otro sector políticamente sensible.
La historia económica latinoamericana está llena de ejemplos similares. Gobiernos que inicialmente utilizaron subsidios y controles temporales para contener la inflación o proteger su popularidad política acabaron atrapados en esquemas cada vez más costosos, menos eficientes y destructivos para la inversión privada.
Y México enfrenta un riesgo adicional: la creciente vulnerabilidad frente a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.
Varios empresarios y especialistas han señalado que algunos de los esquemas actuales en energía podrían convertirse en elementos de presión durante la revisión comercial con Estados Unidos y Canadá. Las acusaciones de trato preferencial hacia Pemex, subsidios diferenciados, barreras regulatorias y condiciones asimétricas para empresas privadas podrían ser utilizadas como herramientas de negociación por Washington en un momento en que México se encuentra particularmente debilitado.
El problema es que la economía mexicana depende profundamente de la certidumbre comercial, energética y regulatoria para sostener inversión y crecimiento. Cada señal de intervención arbitraria erosiona esa confianza.
Conclusiones
La creciente intervención del gobierno en los mercados, especialmente a través de controles de precios y subsidios, plantea serios riesgos para la economía mexicana. Aunque estas estrategias pueden ofrecer alivio temporal, no abordan los problemas estructurales subyacentes, lo que podría conducir a una mayor fragilidad económica. Además, los controles de precios generan una ilusión de estabilidad al ocultar los problemas reales en lugar de resolverlos, lo que distorsiona los márgenes empresariales y afecta la inversión y la productividad a largo plazo, debilitando así la capacidad de crecimiento del país.
El costo fiscal asociado a los subsidios es significativo y está en aumento, afectando las finanzas públicas en un contexto de creciente deuda y presión de gasto. Esto podría limitar la capacidad del gobierno para sostener tales medidas en el futuro. Asimismo, la intervención estatal perjudica especialmente a los pequeños empresarios, quienes enfrentan márgenes de ganancia insuficientes y presiones adicionales debido a costos logísticos, lo que puede derivar en una reducción de la competencia y una eventual escasez de productos en el mercado.
La incertidumbre generada por un entorno regulatorio cambiante y las decisiones políticas sobre precios socavan la confianza de los inversionistas, desincentivando la inversión en sectores clave y afectando el crecimiento económico a largo plazo. La dependencia de subsidios y controles de precios puede llevar a una economía menos dinámica y más susceptible a crisis. Los ejemplos de otros países en la región muestran que estas políticas pueden resultar en un ciclo vicioso de intervenciones cada vez más costosas y menos efectivas.
Además, México enfrenta riesgos adicionales en su relación comercial con Estados Unidos, especialmente a medida que se revisan acuerdos como el T-MEC. La percepción de intervenciones arbitrarias puede debilitar la posición del país en negociaciones comerciales y afectar la confianza de los inversionistas internacionales. Por lo tanto, es imperativo que las políticas económicas se enfoquen en soluciones que fortalezcan la inversión, la competencia y la certidumbre, abordando las causas subyacentes de la inflación y el costo de vida para garantizar un crecimiento sostenible y una economía de mercado robusta.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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