Entre subsidios crecientes, presión inflacionaria y un menor diferencial de tasas, la política monetaria se alinea con las necesidades fiscales, trasladando el costo a los hogares
La decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés de 7.00% a 6.75% en la última semana de marzo no puede leerse como una simple medida orientada a impulsar el crecimiento económico. Ocurre en un momento en el que la inflación volvió a repuntar, en el que el componente más sensible para los hogares mostró una aceleración evidente, en el que el gobierno federal se vio obligado a elevar subsidios a los combustibles para contener el impacto sobre los precios y en el que el tipo de cambio ya comenzó a resentir el deterioro del diferencial de tasas y del entorno financiero. En otras palabras, no fue una baja de tasas en un entorno benigno. Fue una baja de tasas en medio de un escenario internacional más complejo, más frágil, más caro y más riesgoso.
La inflación anual en la primera quincena de marzo se ubicó en 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024, mientras que el aumento quincenal del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 0.62%, el mayor para una primera mitad de marzo desde 1998. La inflación subyacente se mantuvo por encima de 4%, los servicios se aceleraron por segunda quincena consecutiva y el componente no subyacente repuntó a 5.18% anual, impulsado principalmente por el alza de 23.9% en frutas y verduras. En otras palabras, lo que está ocurriendo con los precios en México no justifica un relajamiento monetario. Más bien, es una señal clara de que las presiones siguen presentes y de que el combate contra la inflación está lejos de haber terminado.
Y sin embargo, Banxico recortó. Lo hizo en una votación dividida, con dos miembros de la Junta inclinándose por mantener la tasa sin cambio. Lo hizo revisando al alza sus pronósticos de inflación para varios trimestres. Lo hizo reconociendo que el balance de riesgos inflacionarios permanece sesgado al alza. Lo hizo manteniendo que la convergencia a la meta de 3% no ocurriría sino hasta el segundo trimestre de 2027. Y lo hizo mientras Hacienda reforzaba su red de contención fiscal sobre los combustibles para impedir que el shock energético se trasladara con más fuerza a los precios.
Ése es el verdadero fondo del asunto. La política monetaria ya no está actuando únicamente con base en su mandato constitucional antiinflacionario. Está operando dentro de un entorno donde el alivio fiscal y la debilidad económica pesan cada vez más. Ahí es donde empieza a perfilarse la predominancia fiscal.
La inflación no cedió. Volvió a subir y lo hizo donde más duele
Lo primero que hay que dejar claro es que si bien se esperaba una lectura mayor, el dato puntual de inflación cayó como balde de agua helada en la narrativa gubernamental. El 4.63% anual colocó de nuevo a la inflación claramente por encima del rango objetivo de Banxico y confirmó que la trayectoria de desaceleración no sólo se interrumpió, sino que comenzó a enfrentar mayores obstáculos. Más delicado aún fue el dato quincenal de 0.62%, que para una primera mitad de marzo no se veía desde 1998. Ese solo registro bastaba para exigir cautela.
La composición del dato también importa. El componente subyacente avanzó 4.46% anual. Puede decirse que se moderó marginalmente, pero sigue demasiado alto para un banco central que tiene como mandato preservar el poder adquisitivo de la moneda. Dentro de ese componente, las mercancías subieron 4.43% y los servicios 4.49%, ligando éstos dos quincenas de aceleración. Eso significa que el problema ya no puede reducirse únicamente a un sobresalto en productos volátiles. Hay una inflación persistente en segmentos que suelen reflejar inercias más duraderas. No es una inflación controlada. Es una inflación que se ha vuelto peligrosa.
El componente no subyacente fue todavía más agresivo. Subió 5.18% anual y dentro de él destacó el aumento de 23.9% en frutas y verduras, el más alto desde julio de 2024. En el editorial previo ya estaba claro el golpe sobre bienes esenciales, pero aquí había que subrayarlo mucho más. La inflación no repuntó por rubros abstractos. Lo hizo en alimentos que afectan de manera directa el gasto cotidiano de millones de familias. Jitomate, limón, pollo, papa, tomate verde, calabacita, electricidad, comida preparada, vivienda y transporte aéreo figuran entre los productos y servicios que más incidieron. Es decir, comida, energía y servicios básicos. Justo lo que menos margen deja a los hogares para ajustar su presupuesto.
Es verdad que varios analistas matizaron el dato. Algunos apuntaron se trataba más de una interrupción en la trayectoria de desaceleración que de un cambio de tendencia estructural. Otros advirtieron que el foco rojo no estaba completamente encendido porque la presión estaba concentrada en componentes volátiles. Pero en lo que si coincide la mayoría de analistas es que el dato complicaba recortes adicionales de tasa de interés en el muy corto plazo y por lo tanto se exigía cautela. Y es que el verdadero riesgo sería la contaminación del componente subyacente, que ya acumula 20 quincenas por arriba de 4%. Ése debió haber sido el centro de gravedad del análisis monetario, pero no lo fue.
Aquí aparece la primera gran contradicción. Si la inflación repunta, si los servicios se aceleran, si la parte no subyacente golpea fuerte y si el propio entorno geopolítico amenaza con trasladar mayores costos de energía y logística al resto de la economía, lo lógico era reforzar el mensaje de prudencia. Banxico hizo lo contrario. Mandó la señal de que estaba dispuesto a abaratar el dinero aun en medio de este deterioro. Eso sin duda erosionó aún más su ya mermada credibilidad.
El gobierno ya está pagando para frenar la inflación y Banxico decidió facilitarle la carga
La segunda parte del problema es fiscal. Y aquí está uno de los elementos más delicados de todo el episodio. Mientras la inflación repunta y el petróleo se encarece por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno federal se ha visto obligado a intervenir para contener el precio de los combustibles. Lo hizo obligado por la presión, que ya es lo suficientemente fuerte, para contaminar aún más la inflación.
Primero vino el acuerdo “voluntario” con los gasolineros y se estableció de 28.50 pesos por litro al diésel. El precio promedio nacional había llegado a 28.77 pesos, con máximos superiores a 31.50 pesos en algunas zonas del país. Aun con ese tope, el diésel quedó más de dos pesos por encima del nivel previo al inicio de la guerra en Irán, cuando costaba 26.37 pesos por litro. Es decir, ni siquiera con intervención se logró regresar al punto de partida. Lo único que se consiguió fue frenar parcialmente el incremento.
Ese acuerdo no salió gratis. Es evidente que tanto gasolineros como gobierno serán los sacrificados. Los primeros, porque aceptarían márgenes máximos de ganancia de hasta dos pesos por litro. El segundo, porque tendría que sostener estímulos fiscales para hacer operativo el tope. Ese es el punto crucial. La contención del precio no descansa en una mejora estructural del mercado energético, sino en un sacrificio de ingresos tributarios. Hacienda dejó de cobrar una parte relevante del IEPS para impedir un traslado más agresivo del shock petrolero al consumidor final.
Los números son reveladores. En la semana previa, el estímulo fiscal al diésel fue de 4.55 pesos por litro. Para la Semana Santa 2026, Hacienda elevó el apoyo a 70.28%, equivalente a 5.1749 pesos por litro, dejando la cuota efectiva del IEPS en apenas 2.18 pesos. También reactivó y mantuvo apoyos para las gasolinas. La Magna recibió un estímulo de 23.12%, equivalente a 1.5493 pesos por litro, mientras la Premium obtuvo 7.97%, equivalente a 0.4507 pesos. Todo ello ocurrió en un país que consume aproximadamente 45 millones de litros diarios de diésel y 121 millones de litros diarios de gasolina. Eso implica millones de pesos menos al día de recaudación. Es evidente la intervención fiscal en una escala considerable.
Además, el trasfondo energético es muy severo. Desde el inicio de la guerra en Irán, el Brent repuntó 39%. El costo del diésel en las terminales de almacenamiento y despacho pasó de 12.31 a 19.45 pesos por litro, un salto de 58%, o 7.41 pesos adicionales. Y aun así, gracias al estímulo fiscal, el precio al consumidor subió “solo” 9%, equivalente a 2.40 pesos. Eso deja claro que la diferencia la está absorbiendo el Estado. Es decir, el no tener mayor inflación por energéticos se está comprando parcialmente sacrificando ingresos públicos.
Aquí es donde la baja de tasas de Banxico adquiere otra dimensión.
Cada recorte de 25 puntos base en la tasa de interés implica un ahorro aproximado de 35,000 millones de pesos en el costo financiero de la deuda pública. Sin embargo, ese efecto no puede interpretarse automáticamente como una liberación de espacio fiscal estructural, ya que la propia Secretaría de Hacienda anticipa una tasa de referencia cercana a 6.0% al cierre de 2026. Es decir, mientras la tasa se mantenga por encima de ese nivel, el supuesto alivio es marginal y transitorio.
Aun así, en un entorno donde el gobierno ya está sacrificando ingresos tributarios mediante estímulos a los combustibles, cualquier reducción en la tasa de interés contribuye a aliviar presiones de corto plazo sobre las finanzas públicas. Y es justamente ahí donde surge la preocupación: no por el nivel puntual de la tasa, sino por la dirección de la política monetaria en un contexto fiscal presionado.
Y cuando el banco central comienza a abaratar el costo de la deuda en un entorno donde el gobierno enfrenta presiones fiscales crecientes, la preocupación por una posible predominancia fiscal comienza a perfilarse como una tendencia observable.
Banxico debilitó el diferencial de tasas y el peso empezó a resentirlo
La tercera dimensión del problema es financiera y cambiaria. Banxico recortó la tasa en un contexto donde la inflación no cede, el petróleo sube, la volatilidad global aumenta y el mercado ya era especialmente sensible a cualquier deterioro del diferencial de tasas frente a Estados Unidos. Ese recorte tuvo efectos inmediatos sobre el peso.
Tras la decisión y la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el tipo de cambio cerró la semana en 18.12 pesos por dólar, su nivel más alto desde diciembre de 2025. Desde el anuncio de Banxico, el mercado ya había reaccionado, con el peso en 17.90 por dólar, pero el cierre de la semana terminó por confirmar el ajuste. La moneda mexicana dejó de beneficiarse de la prima que durante mucho tiempo le dio soporte. El llamado “super peso” empezó a perder uno de sus principales escudos defensivos.
El recorte redujo el diferencial de tasas frente a Estados Unidos y le restó atractivo al peso en un entorno de alta incertidumbre global, con commodities presionados y episodios latentes de aversión al riesgo. El resultado es claro: mayor volatilidad cambiaria, riesgo de depreciaciones más abruptas y eventual traspaso a precios. No es un mecanismo automático, pero sí un canal de transmisión perfectamente conocido.
En este contexto, lo sucedido con el Sharpe Ratio del MXN completan el cuadro. El punto no es sólo que bajó la tasa. El punto es que al bajar la tasa en un contexto de mayor volatilidad, el rendimiento ajustado por riesgo del peso se deteriora. Con Brent alrededor de 111 dólares y un VIX por encima de 30, el mercado dejó de ver al peso como una apuesta cómoda. Técnicamente, el rompimiento de 18.00 por dólar fue una señal de capitulación. Fundamentalmente, fue la señal de que el carry ya no compensa igual que antes el riesgo asumido.
Ése es el gran error de sincronía de Banxico. Si la economía está débil, si la inflación repunta, si los energéticos presionan, si Hacienda tiene que subsidiar y si el entorno externo se ha vuelto más inestable, un banco central serio tiene que elegir qué riesgo está dispuesto a correr. Banxico eligió correr el riesgo inflacionario y cambiario para aliviar la restricción monetaria. Esa decisión puede verse elegante en un comunicado, pero en la práctica, es profundamente cuestionable y termina por socavar la credibilidad del banco central.
Más aún porque fue una decisión dividida. Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantener la tasa en 7%. No hubo unanimidad técnica. Hubo una fractura interna. Y eso también importa, porque muestra que incluso dentro de la Junta de Gobierno hubo conciencia de que el momento no era el adecuado. Aun así, la mayoría recortó y dejó abierta la puerta a otro ajuste. Es decir, el banco no sólo relajó. También insinuó que podría seguir relajando, pese a que revisó al alza sus pronósticos de inflación y mantuvo sesgado al alza el balance de riesgos. Ésa es la contradicción central de todo este episodio y que deja en claro que tres miembros de la Junta de Gobierno del banco responden a lo que se les instruye desde Palacio Nacional.
Conclusiones
Lo ocurrido en estos días deja una señal muy preocupante para México. La inflación subió a 4.63%. El aumento quincenal fue el más alto para una primera mitad de marzo desde 1998. Los alimentos básicos y los servicios siguieron presionando el bolsillo de los hogares. El componente subyacente se mantuvo elevado. Los riesgos externos asociados al petróleo, al conflicto en Medio Oriente y al cierre del Estrecho de Ormuz se intensificaron. Hacienda tuvo que subir subsidios a gasolinas y diésel, sacrificando ingresos fiscales para evitar un golpe inflacionario mayor. Y en lugar de responder con mayor firmeza monetaria, Banxico decidió bajar la tasa.
Esa es una mala señal de coordinación implícita entre una política fiscal presionada y una política monetaria cada vez menos enfocada en su mandato constitucional. Cuando el banco central relaja mientras el gobierno subsidia precios y busca reducir su costo financiero, aparece con claridad el riesgo de predominancia fiscal. Se alivia el presupuesto, sí, pero se compromete la credibilidad antiinflacionaria. Se gana un respiro en la caja, pero se debilita el ancla monetaria.
Cada recorte de 25 puntos base puede implicar un ahorro relevante en el costo financiero de la deuda pública. Pero ese efecto, por sí solo, no constituye una liberación estructural de espacio fiscal, especialmente cuando la tasa aún se ubica por encima del nivel anticipado por la propia Secretaría de Hacienda.
Entonces el problema no es el ahorro en sí mismo, sino el contexto en el que ocurre. Si la política monetaria se sigue relajando mientras la inflación sigue por encima del objetivo y el gobierno enfrenta presiones fiscales, el costo no desaparece: se traslada a la economía en forma de mayor inflación, depreciación cambiaria y pérdida de poder adquisitivo.
Y cuando ese traslado ocurre, ya no estamos hablando de repercusiones abstractas, sino de quien termina pagando la factura.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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