Washington puede endurecer la negociación, pero la integración productiva, los intereses económicos y el marco institucional limitan el margen de ruptura
Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una de sus herramientas de presión favoritas: cuestionar la continuidad de un acuerdo comercial para forzar mejores condiciones de negociación. El pasado miércoles 10 de junio, al referirse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó desde la Casa Blanca que no está buscando simplemente renovarlo y volvió a insistir en un mensaje ya conocido: Estados Unidos no necesita nada de México ni de Canadá, mientras que ambos países sí dependen enormemente del mercado estadounidense. La frase, políticamente potente, inevitablemente eleva la incertidumbre respecto del principal acuerdo económico de América del Norte.
Sin embargo, más allá de la retórica trumpista existe una realidad económica mucho más complicada. El T-MEC regula un intercambio monumental. En 2025, el comercio trilateral entre los tres países alcanzó aproximadamente 1.6 billones de dólares (1.6 trillion en inglés), consolidando una de las regiones económicas más integradas del planeta. México se ha mantenido como el principal socio comercial de Estados Unidos desde 2023; alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, mientras que cerca de 70% de las exportaciones canadienses también dependen de su vecino del sur. Pero la dependencia es bidireccional: México y Canadá compran conjuntamente casi un tercio de las exportaciones estadounidenses, un dato frecuentemente ignorado por los políticos estadounidenses.
Los propios datos comerciales de Estados Unidos sugieren una historia distinta a la narrativa política. Desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, México ha incrementado consistentemente su peso dentro del comercio estadounidense. Si en 2019 representaba 14.8% del comercio total de Estados Unidos, durante los primeros cuatro meses de 2026 ya alcanzó 16.4%, consolidándose como el principal socio comercial del país. En contraste, Canadá redujo su participación de 14.4% a 12.4%, mientras que China pasó de 13.5% a apenas 6.1%, producto de la guerra comercial y el reordenamiento de cadenas globales de suministro.
La magnitud de esta integración es difícil de exagerar. Tan solo en abril de 2026, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó US$86 mil millones, mientras que aproximadamente uno de cada seis dólares del comercio exterior estadounidense involucró a México, reflejando hasta qué punto ambas economías ya operan de manera entrelazada.
La evidencia más reciente incluso apunta en sentido contrario al endurecimiento discursivo de Washington. En abril de 2026, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron 21.1% anual hasta alcanzar un récord histórico de US$50.69 mil millones, siendo la primera vez que superan la barrera de los US$50 mil millones en un solo mes. Aun enfrentando aranceles estadounidenses en sectores importantes como automotriz, acero y jitomate, México logró mantener e incluso incrementar su integración comercial con la economía estadounidense.
Lo anterior no implica minimizar los riesgos de la negociación. Trump efectivamente está endureciendo el tono y la revisión del T-MEC será más larga, más ríspida y complicada de lo que las autoridades mexicanas habían previsto. Pero una cosa es presionar para renegociar condiciones y otra muy distinta es provocar la ruptura de un entramado productivo construido durante más de tres décadas de integración comercial bajo el TLCAN primero y el T-MEC después.
Trump endurece el tono, pero la revisión apenas comienza
Las declaraciones del presidente estadounidense se dieron en un momento sensible. El 1 de julio de 2026 arranca formalmente la primera revisión sexenal del T-MEC, proceso que determinará si el acuerdo se extiende por otros 16 años o entra en un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Sin embargo, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha insistido en un punto fundamental: el primero de julio no representa una fecha límite para concluir el proceso, sino apenas el inicio formal de la revisión. Las negociaciones ya comenzaron y continuarán durante los próximos meses.
De hecho, México y Estados Unidos ampliaron de dos a cuatro días la siguiente ronda negociadora en Washington, programada del 15 al 18 de junio, mientras que una tercera ronda se celebrará en la Ciudad de México durante julio. La ampliación del calendario muestra una negociación intensa, por lo que resulta ocioso hablar de ruptura inminente del acuerdo. Los temas sobre la mesa son sensibles: reglas de origen automotriz, acero, aluminio, agricultura, condiciones de competencia y seguridad económica regional.
Tampoco debe perderse de vista que México y Canadá ya notificaron formalmente su voluntad de prorrogar el acuerdo por otros 16 años, enviando cartas separadas al representante comercial estadounidense. La posición de Washington, en contraste, sigue siendo deliberadamente ambigua, una táctica consistente con el estilo negociador de Trump. El presidente ya había utilizado amenazas similares durante su primer mandato para presionar la renegociación del antiguo TLCAN. Ahora, nuevamente, utiliza la incertidumbre como instrumento de presión.
La postura de Trump tampoco surge de la nada. En 2025, Estados Unidos registró un déficit comercial de mercancías de US$197 mil millones con México y de US$46 mil millones con Canadá, cifras que el presidente ha utilizado reiteradamente para argumentar que la relación comercial debe ser “más favorable” para Washington. Sin embargo, medir el desempeño del T-MEC únicamente a través del saldo de la balanza comercial resulta engañoso, pues ignora el alto grado de integración productiva de Norteamérica, donde componentes, insumos y bienes intermedios cruzan varias veces las fronteras antes de convertirse en productos finales.
Existe además un aspecto institucional que se discute poco: Trump no puede sacar unilateralmente a Estados Unidos del T-MEC sin el consentimiento del Congreso estadounidense. La Ley de Implementación del tratado —la legislación que dio validez jurídica al acuerdo dentro del sistema estadounidense— establece claramente que la estructura constitucional del país en materia comercial no cambia por la cláusula de revisión. Tanto el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes como el Comité de Finanzas del Senado han señalado explícitamente que esperan participar activamente en cualquier decisión relacionada con el acuerdo. En otras palabras, aunque Trump decidiera avanzar hacia una salida formal, enfrentaría restricciones legales y políticas importantes.
Más aún, Estados Unidos actualmente no cuenta con una Trade Promotion Authority (TPA) vigente, instrumento que históricamente ha permitido negociaciones comerciales aceleradas con facultades especiales para el Ejecutivo. La TPA expiró en julio de 2021 y no ha sido renovada. Esto añade complejidad institucional a cualquier intento de modificar de fondo el tratado.
La integración productiva hace muy costosa una ruptura
Más allá del ruido político, la principal razón por la que una terminación del T-MEC luce poco probable es porque sería extraordinariamente costosa para la propia economía estadounidense.
Un reciente análisis del Peterson Institute for International Economics (PIIE) advierte que, aunque el riesgo de terminación del tratado “no es cero”, la probabilidad es baja precisamente por el fuerte costo económico y político interno que enfrentaría Washington. El estudio identifica industrias y estados particularmente expuestos a una eventual ruptura del acuerdo.
El instituto además plantea tres escenarios posibles. El primero —considerado el más probable— sería una revisión sin acuerdo definitivo, lo que llevaría al T-MEC a un esquema de revisiones anuales hasta 2036, prolongando la incertidumbre, pero manteniendo vigente el acuerdo. El segundo escenario implicaría que alguno de los socios, probablemente Estados Unidos, notificara formalmente su salida con seis meses de anticipación. En ese caso, los países volverían a aplicar los aranceles de Nación Más Favorecida (MFN, por sus siglas en inglés): aproximadamente 3% en promedio para Estados Unidos, 6% para Canadá y 7% para México.
El tercer escenario —el más disruptivo— consistiría en una política comercial mucho más agresiva por parte de Washington. El PIIE contempla la posibilidad de que, tras una eventual terminación, Estados Unidos impusiera aranceles generales de entre 10% y 15% a importaciones provenientes de México y Canadá, además de tarifas sectoriales más elevadas por motivos de seguridad nacional, incluyendo 50% al acero y aluminio o 25% al componente no norteamericano de los automóviles. Bajo este supuesto, México y Canadá podrían responder con medidas selectivas contra exportaciones estadounidenses.
Es claro que la integración económica de Norteamérica ya no funciona bajo la lógica tradicional de exportador-importador. Hoy funciona a través de cadenas regionales de valor altamente integradas, especialmente en sectores manufactureros. Un componente automotriz puede cruzar la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá varias veces antes de convertirse en un vehículo terminado. Romper con esta forma de ensamblar tendría implicaciones inmediatas en costos, competitividad y empleo.
Los datos son contundentes. En 2025, México y Canadá absorbieron US$39.8 mil millones en exportaciones estadounidenses de petróleo y derivados, equivalentes a 36.4% del total mundial exportado por Estados Unidos en esa categoría. Las exportaciones de autopartes hacia ambos socios alcanzaron US$32.7 mil millones, equivalentes a 75.6% de las exportaciones globales estadounidenses del sector. En otras palabras, tres cuartas partes del mercado exportador estadounidense de autopartes dependen directamente de Norteamérica.
La dependencia también es visible en sectores de alto valor agregado. Estados Unidos exportó hacia México y Canadá US$19.8 mil millones en equipo de procesamiento de datos, US$17.8 mil millones en aeronaves civiles, motores y partes, y US$13.2 mil millones en semiconductores. La relevancia de Norteamérica para estas industrias no es menor: México y Canadá representan 32.3% del mercado exportador estadounidense en computadoras, 25.6% en circuitos integrados electrónicos y más de 11% en aeronáutica.
La integración también es evidente en industrias tradicionales como la textil y del vestido. Durante los primeros cuatro meses de 2026, 48.4% de las exportaciones estadounidenses de hilos y telas tuvieron como destino países del T-MEC, de las cuales 33.9% fueron a México. Del otro lado de la cadena, casi 98% de las exportaciones mexicanas de prendas de vestir se dirigieron a Estados Unidos, y aproximadamente 94% ingresaron reclamando beneficios arancelarios del T-MEC, reflejando hasta qué punto la competitividad regional depende de reglas preferenciales y cadenas integradas de suministro.
El impacto además tendría una dimensión geográfica y política evidente. Varios de los estados estadounidenses más expuestos al comercio con México y Canadá votaron por Trump en 2024, incluyendo Texas, Arizona, Nuevo México y Ohio. Es decir, las consecuencias de una ruptura no se distribuirían uniformemente: golpearían directamente a territorios políticamente relevantes para el propio presidente. Texas, por ejemplo, exportó alrededor de US$42.6 mil millones en productos petroleros a México y Canadá tan solo en 2025.
Otro elemento importante es el impacto potencial sobre las inversiones. El peor escenario quizá no sea la cancelación inmediata del T-MEC, sino un periodo prolongado de incertidumbre. El propio diseño del tratado contempla que, si no existe consenso para extenderlo, el acuerdo seguiría vigente pero sujeto a revisiones anuales hasta 2036. Esa incertidumbre sin duda afectará decisiones de inversión, relocalización y expansión productiva en los tres países.
En GAEAP anticipamos precisamente ese escenario: una revisión prolongada más allá de 2026, acompañada de incertidumbre, pero sin ruptura del acuerdo. El argumento es que durante 2025 y 2026, incluso con el alza de diversos aranceles y endurecimiento comercial, las exportaciones mexicanas continuaron creciendo hacia Estados Unidos, mostrando que las empresas siguen utilizando las ventajas logísticas, jurídicas y productivas de la integración regional.
Además, un estudio reciente de economistas de la Reserva Federal estimó que 53% del aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fue impulsado por los propios aranceles estadounidenses contra China. Solo un punto porcentual de dicho incremento se explica por transbordos, mientras que aproximadamente 14 puntos porcentuales reflejan estrategias de producción china instalada en México. El resto responde a crecimiento tendencial y otros factores. Este hallazgo muestra que la política comercial de Washington ha fortalecido la integración productiva de Norteamérica, incluso cuando el discurso político quiera apuntar en sentido contrario.
De hecho, aun en un contexto de barreras comerciales, México ha logrado preservar ventajas relevantes gracias al propio T-MEC. En abril de 2026, el arancel efectivo promedio aplicado por Estados Unidos a importaciones mexicanas fue de apenas 3.59%, ubicándose entre los más bajos de sus principales socios comerciales. La explicación está en el alto grado de cumplimiento del acuerdo: 87.2% de las importaciones estadounidenses provenientes de México ingresaron utilizando las preferencias del T-MEC. Este dato ayuda a explicar por qué, incluso ante el endurecimiento comercial, México ha logrado aumentar su participación dentro del mercado estadounidense.
Conclusiones
Trump ha endurecido el tono respecto al T-MEC y sería ingenuo minimizar el mensaje. La revisión es compleja, probablemente será larga y vendrá acompañada de momentos de alto estrés político. El acuerdo no está blindado frente a presiones y Washington claramente busca renegociar ventajas a su favor en sectores que considera estratégicos.
Pero también sería un error interpretar las declaraciones de Trump como señal de una inevitable ruptura.
Los datos muestran que el T-MEC es mucho más que un tratado comercial: es la infraestructura económica sobre la que funciona Norteamérica. Con 1.6 billones de dólares en comercio anual, cadenas manufactureras profundamente integradas y sectores enteros de la economía estadounidense que dependen del mercado mexicano y canadiense, el costo de desmontar el acuerdo sería extraordinariamente elevado.
El escenario más probable es el de una negociación prolongada, ríspida y cargada de incertidumbre, en la que Washington seguirá utilizando la amenaza de endurecer el acceso al mercado estadounidense como herramienta de presión para renegociar sectores específicos.
En los próximos días, cuando ocurra la ronda ampliada de negociaciones en Washington, veremos con mayor claridad si la estrategia de Trump es efectivamente elevar el costo político de la negociación o si realmente pretende rediseñar de fondo la integración económica de Norteamérica. Lo que ocurra en esta revisión marcará el rumbo económico de México durante los próximos años.
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La revisión del T-MEC es uno de los procesos económicos y geopolíticos más importantes para México en los próximos meses, y en ECONOMEX seguiremos dándole seguimiento puntual.
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Alejandro Gómez Tamez*
Director General GAEAP*
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